• Jueves, 21 de marzo de 2019
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CSIF presenta un recurso contra el decreto del catalán en Baleares

Insisten en que el decreto vulnera el ordenamiento jurídico y que bloquea la movilidad voluntaria

Baleares uso del catalán

Tras el acuerdo del Gobierno central con el Servicio de Salud Balear (Ib-Salut) de seguir adelante con el requerimiento de conocer el idioma catalán para los trabajadores del Ib-Salut, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha decidido interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

El motivo según el sindicato es que el decreto vulnera el ordenamiento jurídico, desde principios básicos de la Constitución, la Ley de función pública, el Estatuto Marco del personal estatutario, y el Estatuto Básico del Empleado Público. En concreto, CSIF ha manifestado a través de un comunicado que el decreto “supone una discriminación para aquellos que no acrediten el nivel exigido, bloqueando de manera ilegal su derecho a la carrera profesional y a la movilidad voluntaria”.

Varios argumentos en contra

Según ha dado a conocer Europa Press, en su escrito al TSJIB, CSIF aclara que “la nulidad que se persigue nada tiene que ver con la protección y el desarrollo de la lengua catalana”, sino que “desde la óptica esencialmente sindical” se fundamenta “en una deficiente técnica legislativa por un lado y lo que es más grave, en una sonora vulneración de los derechos de los trabajadores al servicio de la administración”.

Además, el sindicato hace suyos los argumentos que expuso el miembro del Consell Consultiu José Argüelles en su voto particular al dictamen que dio cobertura al decreto ahora impugnado

Asimismo, en su recurso el CSIF añade que el reglamento es “extraordinariamente inconcreto y desde luego arbitrario” en varios de sus artículos, “o cuando menos propiciador de la arbitrariedad pudiendo utilizarse la exención del conocimiento del idioma del catalán al antojo de quien decide”.

En este sentido concluyen exponiendo que “la lengua debe ser un mérito que sume pero que en ningún caso reste valor a la calidad asistencial de la sanidad pública y suponga una rémora a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.

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