• Lunes, 24 de septiembre de 2018
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“Desde la crisis, la Sanidad pública ha perdido cerca de 28.000 empleos”

El secretario general de la FSS-CC.OO, Antonio Cabrera, ha concedido una entrevista a EL MÉDICO

extracomunitarios

Pese a que el Gobierno se ha sentado por fin a negociar, son muchos los frentes abiertos. La recuperación de la negociación colectiva, la negociación de las 35 horas, la recuperación del poder adquisitivo de los profesionales sanitarios, pero también los retos que afectan a la población, como listas de espera que no son tan buenas como se dice, o una Atención Primaria que nunca será una apuesta si no se invierte realmente más presupuesto.

La actualidad manda, así que para empezar, ¿en qué situación se encuentra la Oferta Pública de Empleo de las diferentes CC.AA.?

Firmamos un acuerdo en marzo de este año donde decidimos eliminar la tasa de reposición por este ejercicio, es decir que no se tuvieran en cuenta hasta 2019, para así poder sacar todas las plazas que estuviesen ocupadas por personal, bien sea eventual o interino, de los tres últimos años.  Eso ha supuesto que en la Sanidad pública la oferta ronde las 100.000 plazas,  solo con la oferta extraordinaria de estabilización. Si sumáramos la oferta que ya tenían programada de tasa de reposición correspondiente a 2017 superaríamos las 125.000 plazas.  Eso viene a confirmar lo que ya veníamos denunciando desde junio de 2015,  que se estaba precarizando el empleo público y  que era necesario una OPE excepcional que redujera la temporalidad. Entonces nos llamaron locos, pero hoy es una realidad, y esta oferta es fruto del trabajo constante que hemos venido realizando sobre todo desde CC. OO.

Una pregunta que se hacen muchos profesionales es si se ha llegado a un acuerdo para ir de la mano entre las diferentes CC.AA.

Hay variaciones. En médicos de familia y pediatras de Atención Primaria hay dos calendarios distintos.  Uno en el segundo semestre de este año, en el que irán algunas comunidades autónomas y  otro el segundo semestre del año que viene, pero  ambos van a ir en común, excepto País Vasco, que no se suma a ninguna de las dos. En lo que respecta al  facultativo especialista de área todavía no hay acuerdo, pero las impresiones son malas; es difícil que vaya a haber acuerdo y probablemente el calendario lo fije cada C.A. en función de sus necesidades.

Gracias a esta OPE, ¿recuperaremos parte de la plantilla perdida en la Sanidad pública con los recortes de la crisis?

No. No estamos recuperando el empleo perdido. Esta medida sirve para no perder más empleo público, que era una prioridad. Es decir, estabilizar la precariedad existente, que superaba el 36 por ciento en algunos casos, o en el caso de Canarias en el que este porcentaje aumenta al 60 por ciento, para poder llegar al ocho por ciento.  Nos falta un segundo paso, que es un segundo acuerdo que queremos negociar con el Gobierno, en el que queremos quitar la tasa de reposición y poder crear empleo.  Ya estamos en negociaciones al respecto. Desde la crisis, la Sanidad pública ha perdido cerca de  28.000 empleos y solo pueden recuperarse con esta medida. No solo se trata de precariedad en el trabajo, sino que esta falta de personal también provoca un aumento de la lista de espera y la derivación de recursos a la Sanidad privada, que es innecesaria.

La temporalidad sigue siendo, por tanto, uno de los principales problemas de los profesionales sanitarios. ¿Hay diferencia por especialidades?

No especialmente. Hubo un tiempo donde hubo bastante desempleo, y ahora el problema es que tenemos falta de especialistas en casi todas las especialidades. Hay CC. AA. que tienen verdaderos problemas para encontrar profesionales en Medicina Familiar y Comunitaria, que era una categoría en la que antes no existían demasiados problemas, por ejemplo.   Es cierto que también hacemos un estudio anual de las plazas MIR y estas se han ido reduciendo de forma importante, con lo cual, indudablemente las necesidades no se cubren. Hay algunas especialidades  que no se ofertan con la necesidad que se tiene, como es el caso  en Ginecología, Neurocirugía o Anestesia, que son plazas muy deficitarias y en las que no se están cubriendo las necesidades a través de las plazas MIR. Otra de las cosas que hemos venido denunciados reiteradamente en ese estudio de plazas MIR es que la adjudicación de plazas no obedece a las necesidades que el propio Ministerio reconoció en un estudio de 2012 que hizo la Universidad de Laguna. Así, sorprende que determines que tienes unas necesidades, y que luego estas no se vean reflejadas en la oferta.  Sin embargo, lo que necesitamos es tener una radiografía fiel de donde están los profesionales, porque puede ser que tengamos problemas de exceso en algunas zonas y falta de profesionales en otras.

De hecho, aún seguimos sin contar con el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios para poder conocer las cifras reales. ¿Será una realidad este año?

La última información que se nos ha trasladado es que probablemente en junio estaría finalizado. Ojalá sea así. Ahí están colaborando las diferentes administraciones, colegios profesionales, etc. Pero lo cierto es que el Ministerio no tiene recursos y si no se ponen personas que atiendan esa necesidad no se puede hacer el trabajo, al igual que ocurre con los médicos que esperan la homologación, que hay expedientes pendientes porque falta personal para tramitarlos.

¿Y cuál es la realidad hoy en día de los salarios de los profesionales?  

Estamos en negociaciones con el Gobierno por primera vez desde el inicio de la crisis en 2009. Toca que los empleados públicos, que hemos sido (junto con los pensionistas)  los que prácticamente hemos cuadrado las cuentas públicas, recuperemos el poder adquisitivo que se ha perdido.  En el entorno sanitario la pérdida ha estado rondando entre un 12 y un 21 por ciento. Hay diferencias importantes porque el 5 por ciento de Zapatero no se aplicó igual, se aplicó más al grupo A, y eso tendría que tener un reflejo en la recuperación de los salarios.

Otra cuestión que ahora mismo es actualidad en cuanto a retribuciones es la recuperación de la carrera profesional. ¿Cómo está la situación actualmente según las diferentes autonomías?

Ha habido un acuerdo en Madrid y en Castilla y León, en Murcia se está negociando la reversión y en Andalucía se ha empezado a hablar, que no es poco, y aunque se tarde, lo importante es que el debate se ha iniciado. En la Comunidad Valenciana también se firmó un acuerdo. Para nosotros es una prioridad porque para este sindicato convertir la carrera profesional en un valor para los profesionales fue una apuesta clara y se ha eliminado de forma injusta.

Además de reactivar la carrera profesional, diversas autonomías han hecho una apuesta por la Atención Primaria, o al menos así lo han manifestado. ¿Realmente se está volviendo a dar su lugar al primer nivel asistencial?

La realidad es que en los últimos 15 años el peso de la Atención Primaria ha pasado de ser del 21 por ciento del presupuesto total, al 13,6 como es ahora, así que no veo por ningún lado esa apuesta por la Atención Primaria. Parte del problema es que aunque apostar por la Atención Primaria tiene beneficios a largo plazo, desde el punto de vista político y cortoplacista se obtienen más réditos políticos al invertir en un modelo hospitalocentrista, que es una Medicina curativa, pero no preventiva.  Esa Medicina preventiva fue la que hicimos en España, con una reforma de Primaria que tuvo sus frutos, pero ahora estamos en un proceso de inversión. La apuesta real  tiene que ser primero en el presupuesto, porque si no hay presupuesto no estamos hablando de nada, y luego en personal, porque si los facultativos solo se dedican a atender personas porque los cupos no disminuyen, no tienen tiempo para acometer programas de educación para la salud, etc. Ese es el compromiso real que exigimos.

Hablando de la falta de tiempo, diferentes CC.AA. han ido anunciando que los datos de lista de espera han ido mejorando. ¿Es así realmente?

Las listas de espera están maquilladas prácticamente en la totalidad de las comunidades  y nosotros hemos denunciado ya casos concretos. Es tan sencillo como entender que un descenso de profesionales hace aumentar las listas de espera. Si hay menos especialistas, los pacientes tardan más en ser atendidos, es causa efecto. Por eso es tan importante recuperar el empleo perdido.  Además, no solo contamos con menos profesionales, también con menos recursos, porque si tienes cinco quirófanos para operar, tienes cinco, no veinte. Tenemos alta tecnología que no está funcionando con el rendimiento que debería, por ejemplo, que funciona solo por la mañana y no mañana y tarde, como lo hace en la privada. Por eso lo que pedimos es que todas las pruebas de imagen que se están llevando a la Sanidad privada de forma escandalosa, porque no hay otro nombre, se hagan en la Sanidad pública, porque para eso hemos hecho ya una inversión. Porque además entendemos que el sector público es más eficiente, más barato y más cercano para la población.

¿Y cuál es la postura de Comisiones Obreras respecto al debate de las 35 horas?

El Gobierno tiene hoy la capacidad de fijar la jornada máxima, las 37 horas y media, pero las Comunidades tienen la capacidad de organizarlas, y puedes encontrarte casos con el de Andalucía. Es decir, que cumplan esas 37 horas y media, pero al ser ellos los que organizan la actividad, determinen que 35 horas sean asistenciales y las otras 2 horas y medias para formación y conferencias. Incluso Castilla y León, que es del mismo partido que el Gobierno central, quiere negociar las 35 horas. Esta situación lo que pone de manifiesto es que antes de llegar a eso es más fácil dejar que se negocie. De hecho para nosotros es una garantía que se negocie, porque es entonces cuando conocemos el coste que tienen las medidas y el empleo que generan.

¿Y qué medidas pondría para mejorar la situación en el caso de la Sanidad privada?

La medida principal es lograr la negociación colectiva y en ello estamos. Desde la Federación  hemos decidido iniciar un calendario de movilización en el sector sanitario privado, para reivindicar un convenio de ámbito estatal. Es difícil de creer que un sector en expansión con bastantes beneficios no quiera regular las condiciones de los trabajadores. Sí que está hecho así en casos puntuales, en alguna empresa concreta, en algunas comunidades autónomas o en alguna provincia, pero no hay un marco de referencia estatal, como lo hay en Dependencia o en otros muchos sectores. Además, queremos que en ese convenio una de las prioridades sea que el 85 por ciento del empleo sea empleo fijo, como se viene cumpliendo en la Dependencia.

Pero quizás la cuestión principal es que nada es posible si no hay presupuesto para hacerlo. Mientras la mayoría de CC.AA. ha aumentado el porcentaje dedicado a Sanidad, Hacienda ha recortado la inversión en sanidad al 5,8 por ciento del PIB, un mínimo histórico. ¿Qué situación provoca este hecho?

Las Comunidades no pueden incrementar las retribuciones básicas, están limitadas. Por eso solo hay dos escenarios posibles. Si tenemos presupuesto, ya  que la idea del Gobierno es presentarlos en abril y acabar en junio, es que haya negociación,   pero hay otra posibilidad que hemos hablado con  Función Pública, y es que se haga un acuerdo en Mesa general y se traslade como Real Decreto,  como se ha hecho con el salario mínimo profesional.  Las dos opciones son válidas, lo que no puede pasar es que otro año más los empleados públicos perdamos poder adquisitivo.  El mismo ministro Montoro dijo que reconocía el esfuerzo de los funcionarios públicos y que este año tocaba la recuperación, así que a ver si se pasa de las palabras a los hechos, que es lo que esperamos.

Pero, pese a ello, la intención es seguir recortando, ya que para 2020 parece que llegaremos al 5,3 por ciento del PIB. ¿Es posible gastar aún menos en Sanidad?

De hecho, hemos pasado del 7,2 por ciento del PIB cuando empezamos la crisis, al 5,3 por ciento que ya hemos comprometido para 2020. No sé de dónde van a recortar más. En salarios es imposible, porque hemos llegado al punto de competir con la empresa privada para que no se vayan los profesionales de la Sanidad Pública, porque allí cobran más y mejor. Tampoco es viable trasladar más copago a la población, porque ya sabemos que lo que más se ha incrementado es el gasto a las familias,  que se ha aumentado un 18 por ciento desde la crisis en el gasto sanitario. Ha habido una transferencia real de gasto público al gasto privado. O en cierre de servicios, donde ya  hemos vivido una situación difícil ahora con la gripe.  Nosotros hablamos en estas últimas elecciones con todos los partidos políticos y había bastante coincidencia en la necesidad de aumentar el gasto en PIB para reflotar la Sanidad pública, porque realmente está en riesgo. Por primera vez los ciudadanos lo ven como un problema cuando hasta ahora era un valor. No hay camas, hemos cerrado más de 3.000 camas públicas en el periodo de crisis y ya somos el país de Europa con menso camas públicas por habitante. Ningún servicio público se ha visto tan afectado por los recortes como la Sanidad pública.

Para terminar, ¿sigue siendo necesario un Pacto por la Sanidad?

La primera organización de este país que habló de un pacto por la Sanidad fue Comisiones Obreras. De hecho, cada cuatro años que tenemos nuestro congreso una de las premisas primeras es un pacto por la Sanidad. Es difícil poner en común intereses distintos, pero entendemos que debe ser un pacto de mínimos. Es cierto que dos partidos, teóricamente de izquierdas y de derechas, difícilmente van a entender el sector público y el sector privado de la misma manera, pero al menos hay que garantizar la prevalencia del sector público y la complementariedad del sector privado. Tiene que ser así porque está demostrado que nuestra Sanidad pública es más que eficiente, y de hecho con un menor porcentaje de PIB comparada con países del entorno está demostrado que atendemos a mayor número de población. Una Sanidad universal, gratuita, aunque ya no en algunos casos debido a las reformas del Partido Popular. Y todo ello con un coste del PIB que ya está en el 5,8 por ciento, comparado con el modelo americano del 19,4 por ciento del PIB, que aun así deja a más de 40 millones de personas desatendidas. Por eso no entendemos por qué se está haciendo ese ataque tan agresivo al sector público, que se traduce en quitarle recursos.

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