• Martes, 14 de Agosto de 2018
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El Parlamento de Cataluña presenta alegaciones al TC por la Ley catalana de universalización sanitaria

Pide contemplar los "daños al interés general" de mantener la suspensión

Se declara inconstitucional decreto sin papeles

El Parlamento de Cataluña ha presentado alegaciones ante el Tribunal Constitucional (TC) en relación al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley catalana de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, considerando que la norma defiende derechos fundamentales que recogen normativas internacionales, la Constitución y el Estatuto.

En este sentido, considera que los preceptos impugnados de la ley catalana son “plenamente constitucionales porque eliminan el planteamiento restrictivo” de la universalidad que introdujo el real decreto de 2012, que excluyó a los ‘sin papeles’ de la sanidad, de acuerdo con obligaciones derivadas de normas internacionales

Por ello, tal y como recoge Europa Press, la Cámara catalana ha solicitado el levantamiento inmediato de la suspensión de los artículos de la Ley, y que se ponderen los “daños al interés general o de terceros” que se producirán si se mantiene.

Cabe recordar que  la Ley catalana de universalización  sanitaria  fue aprobada en 2017 por unanimidad en el Parlamento, para blindar la asistencia sanitaria, en la misma línea que las órdenes dictadas por el  Servicio Catalán de Salud (CatSalut) en 2015 para paliar la exclusión del sistema de las personas en situación administrativa irregular que promovió un real decreto de 2012.

Una concepción errónea

Asimismo, el Parlamento catalán ha considerado “totalmente errónea y sesgada” la concepción de la que parte el recurso presentado por el expresidente Mariano Rajoy, que considera inconstitucional la Ley catalana de universalización  sanitaria, porque la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud.

De esta forma, ha defendido que es el legislador el que tiene que determinar las técnicas apropiadas para plasmarlo, y que esta potestad de la comunidad autónoma en base al Estatuto y a sentencias del TC.

Igualmente, ha defendido que los artículos impugnados relativos a la determinación de la condición de asegurado,  que retiraba para las personas en situación irregular el real decreto de 2012, y los derechos que se derivan “son plenamente constitucionales en tanto que mejoran y amplían el reconocimiento del derecho a la asistencia pública sanitaria”.

Por último, sobre varios artículos y disposiciones impugnados de la Ley, el Parlamento ha asegurado que derivan de la previsión del principio rector del artículo 43 de la Constitución puesto en conexión con el derecho fundamental a la salud y a la integridad física del artículo 15 de la misma. Así ha defendido que esta conexión no puede ser negada ni obviada a la luz de los convenios y tratados de derechos humanos de los que España es parte, entre los que ha destacado el Convenio europeo para la protección de estos derechos “interpretado por el Tribunal de Estrasburgo”.

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