• Miércoles, 12 de diciembre de 2018
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La Ley del Funcionariado estudia eliminar el requisito del valenciano a los médicos

La nueva norma lo contempla si colisiona con el derecho a la salud de los pacientes  

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Gabriela Bravo, consejera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Comunidad Valenciana, en la última reunión de la Mesa General de la Función Pública Valenciana concluyó el trámite de negociación con las centrales encaminada a la aprobación de la nueva ley. Ley que regulará las relaciones laborales de la Generalitat con su plantilla y en la que se está estudiando eliminar el valenciano como requisito lingüístico en el área sanitaria si este chocara con el derecho a la salud de los pacientes.

La nueva Ley contempla la obligación de que, por lo menos el 50 por ciento de los puestos de cada OPE de la Generalitat valenciana y su sector instrumental sean de acceso libre a través de concurso-oposición; se limitará al 20 por ciento el número de puestos que podrán ser ofertados en promoción interna y también regula el grado del idioma valenciano que deberán de acreditar los candidatos a ocupar una plaza en la Administración pública valenciana.

El anteproyecto contempla que el grado de conocimiento del valenciano sea desarrollado mediante un reglamento que tendrá que estar aprobado a los seis meses de la entrada en vigor de la ley. Si en el plazo de un año este reglamento no estuviera aprobado se aplicará que a los aspirantes a los grupos A1, A2 y B, se les exigirá el certificado C1 mientras que los opositores a los grupos C1 y C2 precisarán de los certificados B2 y B1 respectivamente

La ley contempla la excepción “para el ámbito sanitario” puesto que, según han apuntado desde la Administración valenciana, “la exigencia del requisito nunca debe entrar en colisión con el derecho a la salud y, por tanto, si esta exigencia produce una disfunción en el funcionamiento del sector público sanitario, priorizaremos siempre el servicio público sobre la exigencia de la capacitación”.

Las centrales, en desacuerdo

A pesar de las concesiones realizadas por la Generalitat en cuanto al nivel lingüístico, las centrales sindicales continúan mostrando su desacuerdo con la nueva Ley en lo referente al idioma. Así, desde UGT se censura que la Administración imponga el nivel de valenciano para cada puesto si no existe acuerdo en el reglamento. Consideran desde la central socialista, como si fuera incompatible, que antes que el valenciano, el primer fin debe ser salvaguardar el servicio público. Por ello, el sindicato socialista ya ha anunciado que no apoyará la norma si este concepto no se varía.

También ha criticado la Ley por lo que interpreta una “imposición” del valenciano, la organización CSIF, y ha demandado que el nivel sea mérito para el acceso y provisión de empleo público.

Por el contrario, CC.OO sí se ha mostrado de acuerdo con la exención propuesta por la Generalitat valenciana. Según han apuntado no quieren que un requisito del idioma impida que muchos especialistas en Medicina, no puedan acceder a un puesto en el sistema de salud.

Contrario a los posicionamientos de UGT y CC.OO. se ha mostrado Rafa Reig, el secretario de acción sindical de Intersindical Valenciana, “porque no se garantiza los derechos de las personas que hablan valenciano”. A su juicio, las exenciones no se justifican. “La Administración tiene la obligación de garantizar el derecho de los pacientes que así lo demanden a tener una asistencia en valenciano. La cuestión no es contraponer dos derechos, sino sacar los dos adelante”, sentenció.

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