• Martes, 20 de Agosto de 2019
Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 1350 [name] => Noticias [slug] => noticias [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 1350 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 1334 [count] => 41361 [filter] => raw [cat_ID] => 1350 [category_count] => 41361 [category_description] => [cat_name] => Noticias [category_nicename] => noticias [category_parent] => 1334 ) )

Un nuevo modelo para transformar la dependencia en autonomía personal

Hasta nuestros días, la atención de las personas dependientes en España se ha centrado en ayudas de carácter social y, en determinados casos, económico sobre todo por parte de las corporaciones locales, recayendo fundamentalmente el cuidado de las mismas en el entorno familiar y de forma mayoritaria en las mujeres. Desde su llegada al Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se ha comprometido a elaborar una ley que dé respuesta tanto a las necesidades de estas personas con dependencia, así como a las de su entorno familiar. Las últimas previsiones indican la voluntad de enviarse a las Cortes para su tramitación antes de que finalice el año.

Más del 90 por ciento de las personas mayores dependientes viven en sus propios hogares

A la hora de abordar la cuestión de la dependencia por falta de autonomía, lo primero es establecer en qué consiste la misma. El Consejo de Europa ha definido a las personas dependientes como aquéllas “quienes por razones ligadas a la falta o pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de una asistencia y/o ayuda importante de otra persona para realizar las actividades corrientes de la vida diaria”.

La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Fundación ONCE establecía las actividades de la vida diaria en cuatro grandes apartados: las actividades relativas al cuidado personal, tales como aseo, control de las necesidades y utilización sólo del servicio, vestirse y arreglarse, comer y beber. la movilidad en el hogar, cambiar las posiciones del cuerpo, levantarse, acostarse y permanecer de pie o sentado y desplazarse dentro del hogar. las tareas domésticas, tales como cuidar de las comidas, de la limpieza y planchado de ropa, de la limpieza y mantenimiento de la casa y el cuidado y bienestar de los demás miembros de la familia. y movilidad extradoméstica, consistente en desplazarse fuera del domicilio sin medio de transporte.

El Libro Blanco sobre la Atención a las Personas en Situación de Dependencia en España, presentado a finales del pasado año por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, añadía a esas actividades otras dos suficientemente significativas: reconocer personas y objetos y orientarse, entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas.

Aunque la discapacidad es un fenómeno que puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, bien es cierto que tiene una muy importante relación con la edad. Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, estima que el aumento de la esperanza de vida en España conlleva un incremento de la discapacidad en términos absolutos aunque, por otra parte, el número de años vividos en discapacidad tiende a disminuir, como consecuencia del mayor control de la progresión de las enfermedades crónicas y la mejor salud entre las personas mayores. Sin embargo, el número de años vividos con discapacidad vuelve a aumentar junto con el incremento del promedio de edad de muerte, lo que provoca que mucha más gente pase sus últimos años de vida en estado de dependencia.

Por otra parte, existe una relación entre el padecimiento de enfermedades crónicas, más frecuentes en las personas mayores, y el estado de discapacidad. El Estudio del Modelo de Atención a las Personas Mayores con Dependencia en España, elaborado por la Fundació Institut Català de l”Envilliment de la Universidad Autónoma de Barcelona, estima que el 53,1 por ciento de las personas con discapacidad para las actividades de la vida diaria tienen enfermedades crónicas, frente al 3,6 por ciento del resto de la población mayor, siendo las enfermedades crónicas más asociadas a la situación de dependencia la cardiopatía isquémica, las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades que cursan demencia, tales como el Alzheimer, otras enfermedades significativas son el Parkinson y los trastornos mentales.

TABLASINFOR966copia.jpg

Uno de los aspectos más importantes de la normativa en la que se trabaja es el de la creación de un Sistema Nacional de Dependencia

En cuanto a las enfermedades que pueden llevar a la dependencia en las personas mayores, José Fornes, presidente de la Federación para la Defensa de los Profesionales Pensionistas y Mayores, destaca las osteoartritis, las alteraciones visuales, cardiopatías, demencia, enfermedad vascular periférica, enfermedades pulmonares, depresión, alteraciones auditivas y diabetes. Entre los factores de riesgo de dependencia se situarían las caídas, el exceso o falta de peso, la vida sedentaria y el menor nivel socioeconómico y/o de estudios.

Prevenir la dependencia

Conocidos pues los factores que pueden predisponer el estado de dependencia, sería importante establecer qué planes de prevención hay sobre la misma. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) propone unas estrategias a llevar a cabo simultáneamente a tres niveles: primario, secundario y terciario. La prevención primaria consistiría en la realización de ejercicio físico moderado, alimentación y peso apropiado, evitar el tabaco y otros tóxicos, el consumo moderado de alcohol, no utilizar más medicamentos que los necesarios y mantener una actividad social adecuada. La prevención secundaria estaría encaminada a la detección precoz e intervención adecuada ante la hipertensión arterial, hiperlipemias, anticoagulación en la fibrilación auricular, déficit sensoriales en vista y oído, depresión, osteoporosis, osteoartrosis, enfermedades respiratorias y diabetes.

Una vez que la enfermedad genere dependencia, lo que en general sucede como consecuencia normalmente de la fase aguda de una enfermedad nueva o durante la reagudización de una enfermedad ya conocida, la SEGG establece la prevención terciaria, que comprendería la fase diagnóstica terapéutica y rehabilitadora, llevada a cabo tanto por la Atención Primaria de salud, como por la Especializada, incluyendo la atención geriátrica.

La nueva ley de ayuda a las personas dependientes que, bajo la denominación de Ley de Autonomía Personal, está elaborando el Gobierno pretende llenar un hueco en la atención sociosanitaria a una población cada vez mayor existente en la actualidad en nuestro país. Los primeros pasos que en este sentido se dieron en España arrancan con la creación del Servicio Social de la Seguridad Social de Asistencia a los Ancianos en 1970, en la que se fomentan los centros gerontológicos y la ayuda domiciliaria.

La Constitución de 1978, en su artículo 41, reconoce que los poderes públicos deben garantizar “la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”, a través del mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social. Pero es la I Asamblea Mundial del Envejecimiento, celebrada en 1982 en Viena, la que supone un mayor impulso al desarrollo de estrategias para abordar el problema de la dependencia en España que conlleva la elaboración de La Ley de Integración Social de las Personas con Minusvalía de 1982, la inclusión de este tema en la Ley General de Sanidad de 1986 y la puesta en marcha del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en 1988.

Como coinciden en señalar Teresa Sancho Castiello, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y Pilar Rodríguez Rodríguez, directora General de atención a mayores, discapacitados y personas dependientes del Principado de Asturias, el periodo inicial de los años 80 lleva a la constatación de la necesidad de “abordar un diagnóstico más preciso de las necesidades que en este sector se producirán en años venideros y de planificar las políticas de atención para un amplio período”, surgiendo el Plan Gerontológico elaborado en 1993 por el Instituto de Servicios Sociales, estructurado en cinco áreas de actuación: pensiones, salud y asistencia sanitaria, servicios sociales, cultura y ocio, y participación.

Ya en el año 2000, un informe del Defensor del Pueblo se pronunció por un modelo de protección universal de Seguridad Social capaz de cubrir el riesgo de la dependencia y las Cortes Generales, en la ponencia sobre la problemática del envejecimiento de la población española, establece unas recomendaciones para proteger a las personas dependientes, que en 2003 el Congreso de los Diputados amplía con una recomendación adicional a favor de una política integral de protección a la dependencia. Todo ello sin dejar de tener en cuenta que, en 1995, el denominado “Pacto de Toledo” y el posterior “Acuerdo sobre Pensiones” de 1996 hacen referencia a la protección social de las personas dependientes, que también recogerá en 2001 el “Acuerdo para la mejora y desarrollo del Sistema de Protección Social” suscrito entre el Gobierno, Comisiones Obreras (CC.OO.), Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Aun con todo esto, la situación de protección ante situaciones de dependencia en España se encuentra a años de distancia de la existente en gran parte de los países de la Unión Europea y con un panorama a corto plazo que aboga por la necesidad de darle un fuerte impulso a corto plazo un fuerte impulso. El Libro Blanco del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales estima que en los primeros 10 años de este siglo se producirá un notable aumento de la demanda de cuidados de larga duración. y que, a partir de 2001, el aumento de las personas entre 65 y 75 años va a ser muy superior al que experimentará el grupo de mayores de 75 años, lo que supondrá que la presión sobre el sistema de provisión de cuidados para personas dependientes no descenderá, surgiendo con fuerza otras muchas demandas que competirán por los recursos existentes en el sistema de protección social en años posteriores.

El establecimiento de un sistema eficaz de ayuda a las personas dependientes en España requeriría, por otra parte, afrontar el problema de la actual dispersión de los planes hoy en día existentes en las distintitas comunidades autónomas que, hasta el momento, han venido desarrollándolos a lo largo de las dos últimas décadas de forma desigual. Como indica Julio Sánchez Fierro, secretario ejecutivo de Participación Ciudadana y Relaciones con Movimientos Asociativas del Partido Popular, en el Libro Verde sobre la Dependencia en España, elaborado por la Fundación AstraZeneca, “unas comunidades han puesto énfasis en el enfoque sanitario, mientras que otras se aplican en dar respuestas más sociosanitarias”.

La desigualdad de recursos, el diferente ritmo en poner en marcha y desarrollar los distintos planes que cada comunidad autónoma ha ido poniendo en práctica, unido a la prácticamente nula coordinación entre ellas suponen también una importante traba para el establecimiento de un sólido y unificado modelo en España. A ello habría que añadir el hecho de que mientras unas autonomías se han volcado más en el aspecto asistencial sociosanitario, a través de residencias para personas dependientes, otras han optado por unidades de tipo hospitalario de larga estancia y rehabilitación. Como se pone de manifiesto en el estudio de la Fundació Institut Català de l”Envelliment, antes mencionado, el desigual desarrollo de una red sociosanitaria en España tiene su caso más representativo en Cataluña respecto al resto del Estado, donde se ha desarrollado una red de servicios de media y larga estancia de 7.500 camas y donde se ha fijado como objetivo disponer de cinco camas por cada 1.000 mayores de 64 años.

Otro importante aspecto a la hora de definir el sistema de ayuda a las personas dependientes consiste en la determinación de los servicios necesarios para llevar a la práctica dicha ayuda. El Libro Blanco de la dependencia considera como básicos la teleasistencia. los servicios de ayuda a domicilio, en las necesidades del hogar, de cuidados personales y creación de programas de apoyo a familias cuidadoras. la atención en centros de día, de carácter terapéutico, de ayuda a la familia y rehabilitador. la atención asistencial, a través de residencias asistidas y centros de atención a dependientes físicos y psíquicos. y las ayudas técnicas y de adaptación y accesibilidad del hogar.

Por su parte, en sus “Propuestas para la mejora de la atención sanitaria a las personas mayores dependientes”, la SEGG ve imprescindible la potenciación y desarrollo de una serie de servicios y actuaciones. En primer lugar, consideran de gran importancia los hospitales de día geriátricos, a ser posible ubicados dentro de los servicios de Geriatría de los hospitales generales. En cuanto a las residencias asistidas, afirman que deben ser consideradas no sólo como “lugares para vivir”, sino como unidades de larga estancia o cuidado continuado extrahospitalario.

En contra de la idea que de forma reiterada responsabiliza al envejecimiento de la población como el primer causante del aumento de consumo de recursos sanitarios, la SEGG recuerda que estudios de coste en países como los Estados Unidos demuestran que el gasto no está relacionado con la expectativa de vida, sino con la presencia de la dependencia y de su institucionalización. Por este motivo, consideran necesaria además de la generalización de los servicios de geriatría en los hospitales generales, su presencia en la hospitalización de agudos y en las urgencias.

Garantizar el acceso a unidades de media estancia o convalecencia a las personas discapacitadas y desarrollar el suficiente número de camas de larga estancia, junto a una mayor coordinación sociosanitaria, que garantice la continuidad de cuidados entre los diferentes niveles asistenciales sanitarios y sociales, y la implantación de controles de calidad específicos de prevención y atención a la dependencia, son otros servicios que la SEGG considera prioritarios para establecer un adecuado sistema de atención a las personas dependientes.

Pero uno de los aspectos más destacables en el cuidado de estas personas dependientes y en el que coinciden todos los expertos, es el de la importancia que en la actualidad reviste el entorno familiar. Más del 90 por ciento de los mayores dependientes viven en sus propios hogares, recayendo la responsabilidad de su cuidado en los familiares con los que conviven, casi siempre del sexo femenino. por ello el Libro Blanco considera fundamental que se regule legalmente la figura de los cuidadores familiares, con una especial atención a estas tareas de los varones, y a la elaboración de una Carta de Cuidadores/as en la que se tenga en cuenta sus derechos y necesidades.

El Libro Blanco sobre la dependencia considera fundamental que se regule legalmente la figura de los cuidadores familiares

El modelo a establecer

Una vez comprobada la necesidad de implantar en España un sistema de asistencia y protección a las personas dependientes habría que definir una serie de aspectos relativos a dicho sistema, el primero de los cuales sería el modelo de asistencia. Para ello, el estudio realizado por la Fundació Institut Català de l”Envelliment considera imprescindible aumentar los esfuerzos que realizan los distintos organismos públicos, (estatales, autonómicos y municipales) y privados “para la obtención de datos sobre la dependencia de las personas mayores, que tenga una cobertura territorial a nivel de comunidades autónomas y que permita comparar los resultados entre éstas, ya que el modelo de atención social y sanitaria se basa en este nivel territorial”.

El Libro Blanco del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales plantea dos posibles alternativas en cuanto a la naturaleza de la prestación de dependencia. La primera supone que las personas en esta situación recibirían una prestación económica de carácter personal según su grado de dependencia, igual en todo el territorio nacional, destinada al pago de los servicios que el dependiente hubiera necesitado y se le hubiera prestado. El abono de dicha prestación se realizaría bien al beneficiario, una vez acreditada la realización del servicio, o directamente al prestador del mismo. La otra alternativa posible supondría que la dependencia se configure como una prestación de servicios, en la que a las personas afectadas se le garanticen los servicios que necesiten con los recursos del sistema, ya fueran propios o concertados, de forma similar al actual sistema de servicios sanitarios.

En cuanto a la financiación, las alternativas están entre un sistema público, privado o mixto, partiendo de la universalidad en la que están de acuerdo la mayoría de los expertos. La forma de financiación de la prestación de dependencia resulta, no obstante, de cierta complejidad ya que, al contrario de la gratuidad de los servicios sanitarios, los sociosanitarios tienen que ser costeados en una parte muy importante por los propios usuarios.

Por una parte, se da la posibilidad de que la financiación sea a través de la Seguridad Social o que, por el contrario, se lleve a cabo mediante los presupuestos del Estado. Para Julia Montserrat Codorniú, doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Ramón Llull de Barcelona, el segundo modelo plantea una serie de ventajas, entre las que estaría el que el individuo no necesita acreditar el pago de cantidad alguna para acceder al servicio, tal y como ocurre con el sistema sanitario. Pero esto no excluiría considerar modelos alternativos mixtos, que permitiría una delimitación de competencias según niveles de prestación, de modo que el nivel contributivo o básico estaría a cargo de la Seguridad Social. el segundo nivel a cargo de los propios usuarios, mediante el copago. y el tercero, asistencial, sería financiado por el Estado con cargo a los impuestos.

El Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales, en el Libro Blanco de la dependencia, considera que, al margen del modelo a implantar, debería tenerse en cuenta la financiación existente en la actualidad, cuantificándose los presupuestos que a este capítulo dedican las comunidades autónomas, a fin de dedicar un porcentaje de participación a la financiación del sistema, e incluyendo determinados impuestos o multas relacionados con actividades generadoras de dependencia, como los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco o las multas de tráfico.

Otra posibilidad de financiación podría ser a través de seguros privados, opción mayormente rechazada, por cuanto supondría una importante discriminación de las personas según su nivel adquisitivo, lo que haría que una amplia porción de la población quedase al margen del sistema y a la que, en gran medida, se sumaría otra parte por razón de edad, ya que los jóvenes verían remota la necesidad de suscribir un seguro de ese tipo y optarían por dirigir sus recursos disponibles hacia necesidades más acuciantes, como la vivienda o educación de sus hijos. Al mismo tiempo, Julia Montserrat y Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá de Henares, coinciden al considerar que un sistema de aseguramiento privado podría conducir por parte de las aseguradoras a una selección adversa de usuarios, según su posible rentabilidad. Ambos expertos apuestan por un seguro público, único capaz de garantizar la equidad en la financiación, la eficiencia en su gestión y la eficacia. La propia secretaria de Bienestar Social de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Matilde Valentín, ha descartado la posibilidad del seguro privado, similar al existente en Francia o Estados Unidos, por la imposibilidad de acceso al mismo de muy pocas personas.

En la actualidad, la posibilidad de financiación por parte exclusivamente de aseguradoras privadas está prácticamente descartada, ganando fuerza el sistema mixto en el que el copago se perfila como una alternativa sólida. Ya el pasado año una comisión de expertos en dependencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales elaboró un informe en el que se defendía el copago, salvo en casos de gran dependencia, pues consideraba que asumir el coste que supondrá sin la aportación directa de la población sería inviable para el Estado. Por su parte, la consejera de Sanidad de Cataluña, Marina Geli, coincide en la imposibilidad de las Administraciones públicas de afrontar en exclusiva la financiación de la ayuda a la dependencia, y defiende el copago salvo casos de alta dependencia, que es la más cara y difícil de soportar para la mayoría de las familias.

La nueva Ley sobre autonomía personal

Llegados a este punto queda por centrar la atención en la tan esperada normativa sobre la dependencia, que el actual Gobierno ha previsto denominar, finalmente, Ley sobre Autonomía Personal y que desde principios de la década del año 2000 el anterior equipo del Partido Popular se comprometió a sacar a delante. así el entonces director General de Planificación del Ministerio de Sanidad y Consumo, Luis Bohigas, manifestó en noviembre de 2001 que dicha ley sería sacada adelante en aquella legislatura y, a pesar de reiteradas manifestaciones de representantes del Gobierno Popular, como la llevada a cabo por el portavoz del Partido Popular en la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, en el sentido de que no había intención de posponer su aprobación, lo cierto es que el PP terminó su mandato sin presentarla en las Cortes.

Con la llegada del nuevo Gobierno del PSOE, la ley de dependencia volvió a a ser reformada y el propio presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en el último debate sobre el estado de la ´Nación que el proyecto de ley se presentaría en las Cortes antes de que finalice 2005, para poder ser debatida y aprobada a lo largo de 2006. Pero lo cierto es que en pleno mes de noviembre aún no se conoce el borrador y comienza a cuestionarse la unidad de criterio entre los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y Economía, necesaria para sacar adelante el proyecto. A pesar de ello, Matilde Valentín sigue apostando por los plazos marcados y manifiesta que el diálogo con todas las partes implicadas está ya en su fase final.

Por su parte, Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, atribuye la tardanza en la aparición de la ley a una táctica política, pretendiéndose que sea tan deseada “que la discusión no se emponzoñe en rifirrafes partidistas y se apruebe con rapidez”, toda vez que las leyes sociales relevantes están rodeadas de un debate social de alta intensidad.

Para Matilde Valentín, la ley tendrá carácter universal y mediante ella se tratarán de aprovechar tanto los recursos públicos, como los de organizaciones no gubernamentales, asociaciones sin ánimo de lucro e, incluso, de la iniciativa privada, con el establecimiento de unos parámetros de calidad y un potente sistema de inspección y, si bien el Estado costeará una parte importante del sistema, ésta también se llevará a cabo por las comunidades autónomas, ayuntamientos y los propios usuarios, en función de su capacidad económica.

Uno de los aspectos más importantes de la futura ley será la creación de un Sistema Nacional de Dependencia, entendido éste como el conjunto de prestaciones y servicios que garantizan, en las mismas condiciones para todos los ciudadanos, la protección de las personas en situación de dependencia y guiado por una serie de principios básicos como son la universalidad de la prestación, su carácter público con independencia de las formas de financiación que se establezcan, la igualdad en el acceso al derecho y la cofinanciación por parte de los usuarios. Asimismo, el Libro Blanco sobre la dependencia considera que el Sistema Nacional de Dependencia debería concentrarse de forma prioritaria en una primera etapa en proteger a la población con mayores problemas de dependencia.

En estos momentos, uno de los mayores escoyos a los que se enfrenta la futura Ley sobre Autonomía Personal es el económico. Por una parte resulta difícil a priori calcular el gasto real que supondrá tanto la puesta en marcha el Servicio Nacional de Dependencia como su posterior desarrollo, ya que estaría en gran parte condicionado por el aumento de la esperanza de vida, el número de personas que sufrirán incapacidades, y el grado de éstas.

En todo caso, se barajan seis mil millones de euros como la cantidad mínima necesaria para dotar de cobertura al Sistema Nacional de Dependencia. cantidad que parece preocupar al Ministerio de Economía, en cuanto supondría una importante traba a los objetivos de mejorar el déficit público. Quizá pueda encontrarse aquí el motivo del retraso en la aparición de una ley que viene siendo estudiada desde hace más de cinco años.

En el último debate sobre el Estado de la Nación, Zapatero anunció que la nueva ley sería presentada en las Cortes antes de que finalizase 2005

Lo cierto es, como indica Julia Montserrat Codorniu, el éxito de la futura ley dependerá en gran medida del sistema de financiación que se establezca, lo que no es tarea fácil de resolver en un Estado como el nuestro “donde las competencias sanitarias y de servicios sociales están traspasadas a las comunidades autónomas y en donde hay una clara diferenciación entre políticas de recaudación de un sistema de seguros sociales y otro sistema basado en los impuestos”.