• Martes, 20 de Agosto de 2019
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La objeción de conciencia en Medicina continúa siendo un tema de controversia en la relación médico-paciente

Debate en la Real Academia de Medicina de Cataluña

La Real Academia de Medicina de Cataluña ha organizado un debate sobre la situación actual de la objeción de conciencia en Medicina, en el que distintos ponentes han repasado diferentes aspectos de la cuestión: el derecho del médico a acogerse a la objeción de conciencia, sus límites o la posición del Colegio de Médicos de la capital catalana han sido algunos de los puntos  a debate.

El profesor emérito de la Universidad de Barcelona fue el encargado de moderar el debate y recordó que la objeción de conciencia es la negación por parte del facultativo a llevar a cabo o a participar en un acto médico de forma puntual, circunstancial y específica de la persona. “No es una oposición o un pensamiento de que lo que se va a llevar a cabo no es legal “por que lo es”, sino manifestar que es algo que va contra la manera de pensar del médico”, definió.

“La objeción de conciencia, como tal, es un derecho. Pero el problema es que se presenta un conflicto entre este derecho del médico y el paciente, que pide un acto que la legislación señala como legal, y por lo tanto tiene derecho a que se le practique”, añadió el moderador.

José María Lailla, presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), señaló que la objeción de conciencia es un derecho del médico. La mayoría de casos relacionados con este tema están vinculados con la Ley de Salud Sexual y Reproducción e Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en marzo de 2010.

Como recordó, él fue designado por la SEGO para defender la postura de la sociedad científica en el proyecto de ley en los temas que podrían ponerse en evidencia relacionados con la objeción de conciencia. “Pensé que me iba a dar poco trabajo, ya que el artículo 7 de la Constitución garantiza las creencias y convencimientos de la persona, pero la entonces vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, afirmó con rotundidad “que los que trabajan en centros públicos no pueden acogerse a la objeción de conciencia, ya que tienen la obligación de cumplir las leyes que el Parlamento apruebe en un estado democrático”. “Sorprende que una persona defensora de las libertades individuales niegue la libertad de acogerse a una ley desde la propia conciencia de cada uno, subordinando la libertad del individuo a la decisión del Estado. La ley no tiene derechos, los derechos se corresponden a las personas”, subrayó.

Lailla recalcó también que el médico está obligado a informar siempre al paciente “aunque vaya en contra de sus creencias” y finalizó su intervención recordando que el desaparecido Ministerio de Igualdad calculó que la Ley de Salud Sexual y Reproducyiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo causaría unos 100.000 casos conflictivos al año.

Derecho personal

Miguel Asenjo, por su parte, calificó de lamentable el hecho de que determinados hospitales públicos no cumplan con las prestaciones por la objeción de conciencia de sus profesionales mientras que, quien no tiene la obligación “como las clínicas privadas”, las cumplan. “La objeción de conciencia es una opción personal del objetor, que está basada en los principios éticos de beneficiencia y autonomía, en la no maledicencia y justicia y está garantizada por el Estado”, apostilló, señalando que, en caso de dilema, la opción preferible es la dimisión.

Josep Arimany aportó la visión del Colegio de Médicos de Barcelona, reiterando unas palabras del experto en derecho sanitario Ricardo de Lorenzo, en el sentido de que la naturaleza de la objeción de conciencia “no se percibe con claridad, lo que lleva a confusión”. En su opinión, lo más efectivo es que se realice un listado de los facultativos que se acogen al derecho. Por último, recordó que el colegio de médicos es la instancia adecuada para dirimir los posibles conflictos derivados de la aplicación de conciencia y para ello se creó una comisión específica en el de Barcelona.