• Domingo, 25 de Agosto de 2019
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Prioridades para nuestra Salud Pública y el sistema sanitario

Dr. Joan R Villalbí. Presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria

salud pública

La salud no sólo depende de la asistencia sanitaria, sino que literalmente ganamos o perdemos salud según la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Las políticas públicas en ámbitos como el urbanismo, transporte, mercado laboral, educación, o bienestar social tienen una fuerte influencia en la salud. Por eso, los buenos gobiernos aplican el principio de salud en todas las políticas. Los principales determinantes de la salud son sociales. Los poderes públicos deben reducir las desigualdades sociales en salud y buscar la equidad. La distribución de recursos es más desigual que hace unos años, y hay que revertir esta situación. Reducir las desigualdades sociales, garantizar el respeto a todas las personas y lograr una mayor cohesión social y solidaridad efectiva contribuirán a mejorar más la salud en todas sus dimensiones.

A partir de estos hechos, desde SESPAS formulamos una serie de prioridades que creemos que pueden marcar líneas de mejora para la Salud Pública y para nuestro sistema sanitario. Por nuestra perspectiva poblacional e intersectorial, probablemente serán distintas de las que se proponen desde la clínica, pero creemos que aquí radica la llave de una mejora sostenible y efectiva.

El respeto a los derechos humanos y su aplicación efectiva en las decisiones públicas

Los derechos humanos son un requisito. Garantizar el respeto a los derechos humanos y la no discriminación contribuye a una sociedad saludable. Respetar el derecho a la salud sin discriminación es una prioridad absoluta. SESPAS saludó la vuelta a la senda de la universalización de la Sanidad recuperando la cobertura universal de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS). No es suficiente, hay aún discriminación en la accesibilidad al sistema sanitario para algunas personas y todas las autoridades públicas tienen responsabilidad sobre ello. Es deseable resolver los flecos que aún persisten y ponen en peligro la universalidad de nuestro SNS.

Buen gobierno y regulación efectiva para proteger la salud

Los principios de buen gobierno deben permear toda la acción política. En Sanidad hay propuestas de buen gobierno disponibles a implantar. Un principio básico es el cumplimiento de las leyes. Por supuesto las que protegen la salud de la población, como la Ley General de Salud Pública, la de prevención del tabaquismo, la de seguridad y nutrición, la de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. También hay que abordar a tiempo nuevos retos y riesgos para la salud, como los juegos de azar, mediante una regulación efectiva.

La transparencia, la responsabilidad sobre lo común y la conciencia de que nada es gratuito han de ser una exigencia pública. Es precisa la rendición de cuentas a través de una evaluación pública del desempeño de las instituciones sanitarias con criterios objetivos, explícitos y publicitados, así como el acceso público a toda información empleada para la toma de decisiones (resultados en términos de salud, indicadores de recursos, funcionamiento, productividad, calidad, cumplimiento de objetivos, etc.). La priorización de políticas sanitarias debe ser participativa y transparente y debe trazarse una estrategia de comunicación en salud adecuada tanto para comunicar a la ciudadanía las políticas en salud como para facilitar las opciones más saludables. Deben ser prioritarias la buena gestión de la salud y de los servicios sanitarios y la lucha contra la corrupción, aplicando medidas concretas, tales como crear unidades responsables de políticas antifraude y dotar a las organizaciones sanitarias de formación específica y planes de prevención, desarrollar órganos colegiados de gobierno con funciones de consejos de administración en las organizaciones sanitarias, promocionar códigos de conducta basados en buenas prácticas y ética profesional y crear comités de ética para valorar los conflictos de interés de los altos cargos sanitarios.

La política y las decisiones en salud deberían buscar la mejora de la salud de la población y ser independientes de intereses ajenos al bien común. Por ello, las autoridades sanitarias deben: garantizar que la agenda y los contenidos de la formación de los profesionales sean independientes de las industrias relacionadas con la salud; regular los conflictos de intereses; asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en cualquier relación con las industrias relacionadas con la salud y la enfermedad, en particular en materia de compra pública de medicamentos y tecnologías sanitarias. Velar por el bloqueo efectivo de las puertas giratorias es una tarea esencial para el buen gobierno de la Sanidad, así como regular las relaciones entre la asistencia sanitaria pública y privada, defendiendo el interés público.

Financiar con dinero público sólo las actuaciones basadas en suficientes datos científicos: eliminar lo inútil o perjudicial, y aumentar las intervenciones llevadas a cabo por las personas

SESPAS y sus sociedades han redactado documentos motivando la necesidad de revisar las prestaciones sanitarias y llamado la atención sobre los perjuicios de algunas intervenciones y la inutilidad de otras. Cabe mejorar la calidad sanitaria y la eficiencia económica del sistema incorporando exclusivamente las intervenciones sanitarias que hayan demostrado mejorar la salud y ser eficientes. Al respecto, es preciso recordar que muchas intervenciones efectivas basadas en actuaciones de personas (rehabilitación, fisioterapia, enfermería comunitaria, terapias ocupacionales, etc.) con frecuencia son descuidadas porque el interés se centra en terapias basadas en medicamentos y productos sanitarios.

Prevenir la violencia de género es una prioridad de Salud Pública

La violencia de género compromete la salud y el bienestar de las mujeres afectadas y de las personas de su entorno de generación en generación. Su prevención es una inversión en beneficio de toda la población. Hay que ir más allá de las necesarias medidas judiciales y policiales encaminadas a la prevención del feminicidio y lograr el cese de la violencia. La prevención requiere invertir en la formación de los profesionales en la universidad y en los propios centros de trabajo, el fortalecimiento de los sistemas de registro existentes, el fomento de la investigación y el apoyo institucional en diferentes ámbitos (educación, Sanidad, empleo, vivienda) de intervenciones y recursos que favorezcan el empoderamiento de las mujeres en diferentes fases de la vida.

Reducir las desigualdades sociales en salud

La salud está condicionada socialmente, por ello son asuntos prioritarios la exclusión severa, la pobreza y en particular la infantil, la falta de empleo, la desatención a la dependencia, la salud mental en general y la derivada de los problemas sociales y económicos, incluyendo la necesidad primaria de vivienda digna y salubre. En general, son importantes todos los condicionantes sociales de la salud que están incorporados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las autoridades municipales y autonómicas deben situar la desigualdad social como prioridad de su agenda política, y diseñar e implantar políticas e intervenciones a corto, medio y largo plazo. La equidad debe informar todas y cada una de las políticas públicas, de esta forma se garantiza una mejor salud para todos.

Reducir el tráfico en las ciudades y activar a las personas

SESPAS y sus sociedades han defendido los entornos urbanos saludables por su capacidad de aportar extraordinarias ganancias en salud a la población y a la salud del planeta. La mayor parte de la población reside y trabaja en ciudades, que son las que más padecen la congestión de tráfico, mala calidad del aire y exposición al ruido. El transporte motorizado en el entorno urbano es responsable de casi una cuarta parte de las emisiones de CO2 originadas por el transporte. Por otra parte, la mayoría de los accidentes de circulación (69 por ciento) se producen en las ciudades. Es necesario tomarse en serio la limitación del uso de vehículos motorizados en las ciudades: la reducción de la velocidad máxima a 30 km por hora sería una medida que mejoraría sensiblemente nuestras cifras de lesiones por tráfico; las rutas para caminar, el uso de bicicletas y diseños urbanos menos centrados en el transporte a motor y más en las personas y en su movilidad activa serían medidas adecuadas que tendrían no solo un efecto positivo sobre la salud sino también sobre el medio ambiente. Todo ello contribuye también a abordar el cambio climático y sus repercusiones en salud, asunto de particular relevancia que preocupa a SESPAS y sus sociedades.

Más medidas frente al tabaquismo

La disminución del consumo y de la exposición al humo del tabaco, no solo tiene enormes beneficios humanos, sino que es una estrategia clave para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Las autoridades públicas tienen responsabilidad en el cumplimiento de la legislación de prevención del tabaquismo pasivo y deben actuar acorde a ella. Sería deseable incrementar la fiscalidad, que claramente favorece una reducción del consumo. Habría que emprender campañas informativas sobre el daño que hace el humo de tabaco y la conveniencia de dejar de fumar, apenas realizadas aquí. Además, se deberían extender las normativas que restringen la publicidad y el uso de tabaco a los dispositivos electrónicos que pueden proporcionar nicotina (cigarrillos electrónicos, iqos y similares), así como a las pipas de agua. Sería deseable incorporarnos al creciente número de países que adoptan el “envasado genérico” para los productos del tabaco. También podríamos proteger a los niños del humo de tabaco en vehículos privados, como algunos países de nuestro entorno.

Ante el alcohol: menos es mejor

Aunque ha mejorado bastante, el uso nocivo del alcohol está en el origen de problemas de salud graves y otros perjuicios, lo que exige el compromiso de las autoridades para su reducción. Se pueden usar instrumentos legales e intervenciones preventivas para lograr una reducción significativa del consumo nocivo de bebidas alcohólicas, particularmente por menores. Proponemos restricciones a la publicidad de las bebidas alcohólicas; que se restrinjan o prohíban las promociones a personas jóvenes, que se etiqueten las bebidas alcohólicas con información de calorías y sobre sus daños a la salud, y que aumenten las tasas a las bebidas alcohólicas que disminuyen el consumo. Las Administraciones públicas deben vigilar el cumplimiento de las normas y establecer restricciones a la disponibilidad de bebidas alcohólicas en determinados lugares y espacios para evitar el consumo por personas menores de edad. La prevención del consumo de alcohol debe ser incluido en todas las acciones de promoción de salud.

Nutrición saludable. Las grasas trans, la sal y los azúcares añadidos a la alimentación procesada e industrial también matan

Para acometer los graves problemas causados por las enfermedades crónicas no transmisibles, la nutrición es clave. Como otros factores que afectan a la salud, la nutrición tiene un fuerte componente social, económico y cultural que hace necesario el abordaje desde las políticas. Es necesario implantar medidas de reducción del consumo de algunos alimentos mediante advertencias obligatorias en la publicidad, un etiquetado más comprensible, y un desarrollo regulatorio que facilite el acceso a la dieta mediterránea, especialmente a los estratos más desfavorecidos de la población. Las sociedades de SESPAS han propuesto políticas de precios y fiscales que promuevan la alimentación saludable: eximir del IVA o reducirlo para alimentos básicos y saludables, medidas que faciliten el acceso a productos saludables a personas en posición económica desfavorable, y gravar con impuestos las bebidas azucaradas. Algunas CC.AA. ya han iniciado esta línea de políticas de mejora de la salud, incluyendo tasas a alimentos insalubres, y fomentando la alimentación saludable en los centros públicos. Hay que fomentar entornos en los que la alimentación saludable es la elección más apetitosa y barata. La vuelta a las comidas compartidas, frescas y mínimamente procesadas permitirá a la población no solo mejorar su salud sino recuperar el control sobre su propia dieta, además de favorecer el desarrollo de la agricultura y ganadería locales.

Las autoridades municipales tienen competencias sobre mercados y comercio de forma que pueden favorecer la alimentación saludable. La Unión Europea debe encarar la seguridad alimentaria con mayor intensidad y continuar el camino iniciado para garantizar que la Agencia Europea para Seguridad de los Alimentos toma sus decisiones libre de influencias de intereses ajenos a los de la población europea.

Las vacunas como herramienta clave de prevención

En España se cuenta con la administración de todas las vacunas que son científica y socialmente recomendables. Hemos reducido notablemente la carga de enfermedades vacunables, y ahora no sólo hay que mantener la buena cobertura vacunal, sino ver de incrementarla. Por ello, SESPAS valora de forma positiva el concepto de calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida establecido este año por el Consejo Interterritorial de Salud (CISNS) y considera que la diversidad de calendarios afecta a la credibilidad de las estrategias de vacunación al poner en cuestión los criterios de eficacia y coste oportunidad. Es exigible que no se altere el calendario vacunal por intereses ajenos al bien público y SESPAS recomienda que se aumente la inversión en estrategias preventivas y de promoción de la salud en general, y en la estrategia vacunal en particular, especialmente en Atención Primaria de Salud y servicios de Salud Pública.

Más atención a la salud sexual y reproductiva

La salud sexual y reproductiva es uno de los aspectos que más se ha impulsado en los últimos años en España consiguiendo alcanzar indicadores de salud satisfactorios, principalmente en el ámbito reproductivo. Sin embargo, todavía hay escollos vinculados al desarrollo desigual de la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Por una parte, la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho para las mujeres ha sido rápida y eficaz, pero queda pendiente la incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo, o la mejora al acceso a métodos anticonceptivos. En el reciente atlas de la anticoncepción, coordinado por el Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo (EPF), se constata que en España no se financia al 100 por ciento ningún método y en el ranking europeo quedaría en una posición intermedia que es deseable mejorar.

También cabe añadir la importancia de seguir reforzando los sistemas de vigilancia de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y los servicios de detección y atención en esta área. En los últimos años se observa un preocupante aumento en la detección de ITS, sobretodo clamidia y gonorrea en población más joven, y tenemos por delante el reto de la implementación de la profilaxis prexposición (PrEP) como herramienta complementaria para seguir frenando al VIH para lo que SESPAS publicó unas recomendaciones.

Preservar nuestra autonomía al final de la vida

La vida ilimitada es una quimera y es mejor cuidar que tratar de curar lo imposible. El encarnizamiento médico y la falta de autonomía para decidir la manera de morir son inaceptables. Además de que el Congreso de los Diputados debe aprobar la ley de eutanasia, las autoridades sanitarias de las CC.AA. deben comprometerse a implantar intervenciones que eviten el encarnizamiento médico y faciliten una muerte digna como derecho.

Necesitamos una Europa saludable y más comprometida con las personas

La Unión Europea nos ha aportado mucho en regulación sanitaria. Le debemos normas que nos protegen más que nunca de contaminantes en el aire, el agua, los alimentos y el trabajo, y un fuerte impulso a la lucha contra el cambio climático. Pensamos que ahora debe volver a sus valores originarios de Europa con un taxativo no a cualquier forma de discriminación y asegurando los derechos sociales de todas las personas residentes e inmigrantes. Una Europa más saludable requiere una apuesta por los derechos y libertades en concordancia con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, así como un compromiso con una mayor democracia y mayor poder de las personas que garantice una Europa basada en la solidaridad, feminista, profundamente democrática y ambientalmente sostenible.

La salud mental es clave para la salud social

Los determinantes de la salud mental y de los trastornos mentales incluyen no solo características individuales tales como la capacidad para gestionar nuestros pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones con los demás, sino también factores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales tales como las políticas nacionales, la protección social, el nivel de vida, las condiciones laborales o los apoyos sociales de la comunidad. La exposición a las adversidades a edades tempranas es un factor de riesgo prevenible bien establecido de los trastornos mentales. Una política sobre salud mental debe abarcar el ciclo vital, prestar atención especial al comienzo de la vida y a la juventud, integrar los servicios sanitarios (particularmente la Atención Primaria), con los comunitarios. La salud mental puede requerir la prescripción de medicamentos, pero también de recursos comunitarios y esas prestaciones deben estar disponibles con una adecuada articulación. Hay modelos de intervención de Salud Pública que muestran la eficiencia humana, social y económica de la inversión en salud mental desde las etapas tempranas de la vida.

Cambio climático y medio ambiente

El medio ambiente y sus relaciones con la salud no están suficientemente tratados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de una cuarta parte del conjunto de las enfermedades para la población general (la tercera parte en el caso de los niños) y el 23 por ciento de la mortalidad prematura a escala mundial se puede atribuir a factores ambientales. Hay que reactivar la estrategia en este campo.

Por otro lado, el cambio climático supone una amenaza a la que se debe responder desde las administraciones públicas, no solo con acciones dirigidas a la mitigación, sino fortaleciendo y reorientando acciones que permitan anticiparse y adaptarse a sus consecuencias, minimizando su impacto en la salud de la población. En este marco, tanto la preparación para responder a las alertas por eventos climáticos extremos (olas de calor), como el control de vectores que pueden transmitir localmente enfermedades importadas (como las arbovirosis) deberían ser objeto de propuestas de actuación concretas para mejorar. Sería deseable un cambio en las políticas que permita incorporar de manera efectiva la dimensión salud en el diseño urbano y en la planificación del territorio, buscando una mayor resiliencia a los impactos del cambio climático, por ejemplo con un diseño urbano que mitigue el efecto de isla térmica en las ciudades. La acción de las Administraciones Públicas en este ámbito debería contar con políticas concretas y fondos específicos y destinar esfuerzos de difusión de las buenas prácticas ya existentes.

Salud urbana: ganando salud en las ciudades

La Salud Pública en el ámbito municipal supone una oportunidad especial para desarrollar algunas de las estrategias antes mencionadas, como son el trabajo intersectorial, la salud en todas las políticas públicas (en este caso, municipales), la evaluación de su impacto en la salud, además de promover la participación comunitaria en los barrios, un urbanismo favorecedor de la salud y el abordaje de las desigualdades sociales en salud. La OMS y otras organizaciones de Salud Pública, abogan por el desarrollo de los recursos y estrategias de salud urbana. Sin embargo, la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (RASAL), que reformó la ley de régimen local, ha limitado este potencial. Abogamos por la derogación de esa ley, por el fortalecimiento de los recursos de Salud Pública existentes en las ciudades, y por establecer su coordinación estable e inserción funcional en las redes de Salud Pública y en los planes y programas correspondientes. La acción municipal en áreas tan diversas como los cuidados a los mayores y a los dependientes, los mercados de cercanía con productos locales, el diseño físico para lograr entornos que facilitan la interacción social y la actividad física o la reducción del uso de químicos contaminantes en sus contratas de servicios, favorecen la mejora de la salud. Las autoridades municipales pueden y deben incorporar esta visión.