• Sábado, 22 de septiembre de 2018
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Un verano marcado por la entrada del nuevo Gobierno

El nombramiento de Carmen Montón como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social supuso el movimiento de todos los actores sanitarios para afrontar retos pendientes, aunque la ministra se marcó una prioridad inicial: recuperar la Sanidad Universal que se había perdido tras el RDL 16/2012

sanidad universal

El verano suele ser una época sin excesivos cambios en el entorno sanitario, marcado por cuestiones como el cierre de camas en algunos hospitales y el déficit de especialistas, que precisamente en verano reciben más pacientes ante el aumento de turismo en la zona. Sin embargo, este año, la moción de censura y la creación de un nuevo Gobierno en el mes de junio han marcado la agenda política sanitaria durante la época estival.

El nombramiento de Carmen Montón como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social venía unido a un firme compromiso inicial: recuperar la Sanidad Universal que modificó el RDL 16/2012, al igual que hizo en la Comunidad Valenciana, como consejera de Sanidad Universal y Salud Pública.

De esta forma, la ministra iniciaba este proceso, siempre dejando claras dos cuestiones. La primera de ellas, tal y como declaraba al poco de su toma de posesión, “que la Salud Universal es un derecho” y que “no admitimos la exclusión sanitaria por razón de procedencia, origen o situación administrativa”. La otra, que este debía ser un Gobierno de consenso y que, por tanto, esta y el resto de medidas  debían contar con el  diálogo entre las comunidades autónomas, que son realmente las encargadas de la gestión cotidiana. En este sentido, Montón insistía en que  serían “facilitadores de su gestión” y les ayudarían a “planificar mejor y a establecer las reglas del juego para que haya equidad”.

La visión del sector sobre Carmen Montón como ministra de Sanidad

Ante este nuevo contexto, todo el sector sanitario realizaba sus propias reflexiones respecto a su visión del nuevo equipo a cargo de la Sanidad española. La Organización Médica Colegial (OMC) era una de las primeras voces en mostrar su opinión respecto al nombramiento de la ministra. Como aportaba su presidente, Serafín Romero,  al menos Carmen Montón “conoce el sector”, dada su trayectoria al frente de la consejería homóloga en Valencia, mostrando también su acuerdo en la necesidad de cambiar la situación sanitaria que estableció el RDL 16/2012.   Asimismo, desde la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) también  se quiso mostrar su apoyo a la nueva ministra, sin olvidar la necesidad de que “este Ministerio no descuide la formación continuada de los especialistas, que impulse la participación de los profesionales en la gestión sanitaria y que fomente una adecuada financiación del Sistema Nacional de Salud para garantizar su sostenibilidad”.

Destacaban igualmente las peticiones de otros sectores, como los sindicatos. En concreto, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se centraban en reclamar a la ministra de Sanidad que coordinase las ofertas de empleo público anuales y la homologación salarial entre comunidades autónomas. Por su parte, los gestores, representados por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), también emitían un comunicado para dar la bienvenida a la nueva ministra, destacando que su intención de hacerle llegar sus proyectos en cuanto a “la profesionalización, la transparencia y el buen gobierno de las instituciones sanitarias, así como los proyectos impulsados en este marco”.

Una de las primeras reuniones de Carmen Montón como ministra era precisamente con la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), la cual insistía en que aunque el cambio de Gobierno abre nuevas expectativas, “hay que ser conscientes” de que todos los problemas “no podrán abordarse a la vez, ni todos tienen soluciones fáciles desde España, porque provienen de tendencias internacionales presentes en todos los sistemas sanitarios”.

Es por ello que desde la FADSP señalaron cuáles eran, en su opinión, los problemas más acuciantes del SNS a los que debería dar prioridad el Gobierno. Así, alertaban de las listas de espera “cada vez más grandes”, el crecimiento “desproporcionado e irracional del gasto farmacéutico”, la pérdida del carácter universal de la asistencia o el “incremento” de las desigualdades entre comunidades autónomas.

Por último, desde Farmaindustria, trasladaron la voluntad de total colaboración del sector para seguir trabajando en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) en beneficio de los pacientes, el fomento de la I+D biomédica y el impulso de la competitividad de la economía española, en particular en un sector que es intensivo en investigación, innovación y empleo cualificado.

En el mes de agosto se daba a conocer que, según la encuesta del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Carmen Montón era valorada con un 4,4  por parte de los encuestados, una cifra superior a sus antecesores en el Ministerio de Sanidad.

La reinstauración de la Sanidad Universal 

El 28 de junio se celebraba en el Ministerio de Sanidad el primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de Carmen Montón, centrado en la recuperación de la Sanidad Universal, y un mes más tarde, el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 31 de julio publicaba la entrada en vigor del Real Decreto Ley que devolvía la Universalidad al Sistema Nacional de Salud (SNS), desvinculando la asistencia sanitaria de la condición de asegurado. Concretamente, la nueva normativa recoge “la exclusión del colectivo de personas adultas no registradas ni autorizadas a residir en España del derecho de protección a la salud y a la atención sanitaria no ha sido acorde, por tanto, con los antecedentes normativos existentes en nuestro país ni con los diversos compromisos internacionales adquiridos”.

Es decir, que lo más destacado de este Real Decreto Ley es que reconoce como titulares del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan residencia en España. También a aquellas personas que no teniendo su residencia habitual en territorio español tienen reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en España por cualquier otro título jurídico, como por ejemplo, los pensionistas españoles que no residen en España, los trabajadores desplazados o los trabajadores transfronterizos.

Respecto a las dudas de la oposición en cuanto a la sostenibilidad financiera, se  argumentaba que para no comprometer la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud y evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria, respecto a estos colectivos, la asistencia sanitaria será con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes. Todo ello siempre y cuando no se exporte el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen; no exista un tercero obligado al pago y no se tenga la obligación de acreditar la cobertura de la prestación sanitaria por otra vía, en virtud de lo dispuesto en el derecho de la UE, los convenios bilaterales y demás normas aplicables.

Por otra parte, en el Real Decreto Ley se establece la aportación farmacéutica para las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España, por el necesario acceso a la prestación farmacéutica en igualdad de condiciones.

Asimismo, tiene una disposición adicional que hace referencia a la incorporación de los nuevos asegurados en las listas de espera de trasplantes. A este respecto, se señala que, previo informe favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se establecerán los requisitos y un periodo mínimo para que puedan acceder a esta prestación sanitaria.

La otra cuestión que dejaba pendiente el nuevo Gobierno era la eliminación del copago farmacéutico a los pensionistas. Sobre esta cuestión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantaba en una entrevista que el Gobierno también “está mirando las cuentas públicas a ver si hay suficientes recursos” para retirar el copago farmacéutico a los pensionistas. Una cuestión que de ser posible, llevaría igualmente varios meses.

En la toma de posesión de los nuevos altos cargos sanitarios,  Carmen Montón aseguraba que “la eliminación del copago nos va a llevar más tiempo. Está en nuestra hoja de ruta, pero en este momento hemos empezado paso a paso. Primero, Universalidad y, en paralelo, vamos a ir buscando soluciones para el resto de cuestiones”. Lo que sí adelantaba es que ya se habían iniciado conversaciones informales con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre las implicaciones económicas que podría causar esta medida, aunque la ministra aseguraba que esta cuestión hay que tratarla “de manera rigurosa, con el conocimiento de todo el procedimiento y los datos encima de la mesa”.

Acuerdos sobre los empleados públicos

Otro hecho que destacar son los acuerdos alcanzados entre los sindicatos y el nuevo Gobierno al respecto a los empleados públicos. Cabe recordar que el pasado 7 de marzo los sindicatos y Función Pública llegaban a un acuerdo sobre las mejoras de las condiciones de los empleados públicos, entre las que destacaban medidas como que en 2019, los empleados públicos podrían llegar a percibir un 2,75 por ciento más en sus nóminas y el siguiente año la subida salarial se podría situar en 3,85 por ciento, lo que permitiría recuperar casi cinco puntos y medio del poder adquisitivo perdido durante los años de crisis. Asimismo, el colectivo de empleados de las administraciones comenzaría a disponer de una bolsa de horas de libre disposición acumulables para favorecer la conciliación familiar y laboral y recuperaría el cien por cien de la retribución en casos de incapacidad temporal.

Sin embargo, ante el cambio de Gobierno, los sindicatos reclamaban conocer en qué condiciones quedaba dicho acuerdo. De esta forma, el pasado 16 de julio, la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, se reunía con representantes de CC.OO, UGT y CSIF. En esta reunión, la ministra aseguraba a los sindicatos que el nuevo gobierno cumplirá el acuerdo sobre la mejora de las condiciones de los empleados públicos al que llegó el anterior equipo ejecutivo. En concreto, Batet confirmaba que ya se habían dado instrucciones para una inspección conjunta de Función Pública y Hacienda respecto a las nóminas para que “se pague el 0,25 y el 1,5” y que incluso “ya pasa por Consejos de Ministros la aprobación de la subida salarial de los funcionarios”.

Posteriormente, se reunía la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Tras la misma, José Manuel Vera, secretario general del Sector de la Administración General del Estado de FSC-CC.OO, daba a conocer a la prensa que tras haberse aprobado en el Consejo de Ministros, finalmente los empleados públicos recuperaban la retribución del cien por cien en el caso de Incapacidad Temporal (IT), superando un recorte que según CC. OO “nunca debería haberse producido”.

La recuperación del “derecho a la negociación colectiva” también suponía acuerdos en torno a la Oferta de Empleo Público para 2018 y la Oferta de Empleo Público derivada del proceso de estabilización de 2017. En cuanto a la Oferta de Empleo Público derivada del proceso de estabilización de 2017, “se convocarán las primeras plazas, en torno a 2.800, en ámbitos como la función tributaria, el servicio público de empleo y sectores prioritarios de la Administración del Estado”. Igualmente, sobre la Oferta de Empleo Público para 2018, se anunciaba una oferta libre de unas 10.000 plazas, pero también otras 500 plazas “correspondientes al 5 por ciento adicional, que establecía el acuerdo para la mejora del empleo público”. Asimismo, Vera añadía que existirá “una oferta extraordinaria de 323 plazas destinadas a atender las necesidades en el ámbito de inmigración”.

Destacando hechos concretos, desde CC.OO alegaban que “se valora especialmente el esfuerzo hecho en el número de plazas de promoción interna”, cifrando estas en más de 5.900 plazas. Tras dar estas cifras, José Manuel Vera admitía que “nos habría gustado que fueran superiores”, recordando los cerca de 30.000 puestos de trabajo que se han destruido en la Administración General del Estado en los últimos 10 años, alegando que, pese a ello, “es un inicio de esa recuperación”.

Regulación de la prescripción enfermera

En otro orden de cosas, un hecho que movilizaba a los profesionales sanitarios era la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, que declaraba “inconstitucional y nula” la parte del Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios. En concreto, varios apartados de la Disposición Final y el Anexo II del Real Decreto 954/2015, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

Ante este fallo, la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería (Satse), pidió “tranquilidad” sobre la conocida como “prescripción enfermera”, porque dicha sentencia no tendría efecto en la práctica profesional y solo afectaría a la expedición de la acreditación de los profesionales como prescriptores. De esta forma, la organización quiso remarcar que “se refiere exclusivamente a la competencia administrativa para acreditar a los profesionales de Enfermería prescriptores y no afecta a ningún otro aspecto regulado en la Ley del Medicamento y en el Real Decreto 954/2015, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros”.

Más concretamente, la Mesa de la Profesión Enfermera argumentaba que los magistrados aclaran que la sentencia “no tiene efectos retroactivos” con lo que las acreditaciones que ya hayan sido expedidas mantienen su plena legalidad. En cualquier caso, la Mesa de la Profesión Enfermera instaba al Gobierno a la aprobación y publicación del actual proyecto de Real Decreto de Prescripción Enfermera, que tiene previsto corregir las graves deficiencias existentes en el todavía vigente y que, además, ya preveía la eliminación de la necesidad de un acto administrativo para obtener la acreditación, ya que esta será automática.

De hecho, posteriormente la Mesa de la Profesión Enfermera remitía una carta a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, pidiéndole agilizar la tramitación pendiente para publicar en el BOE la modificación del Real Decreto de Prescripción Enfermera tras el verano, antes del inicio de las campañas de vacunación. De no ser así, advertían de que se volverán a repetir los problemas acaecidos en las últimas campañas de vacunación, al tener obligación legal las enfermeras y enfermeros de contar con el diagnóstico e indicación previa y de manera individualizada por cada paciente del médico, para poder administrar todas y cada una de las vacunas.

En este sentido, recordaban que hasta octubre de 2015, fecha en la que el Gobierno aprobó el Real Decreto de prescripción enfermera,  la vacunación de la población era gestionada directamente por las enfermeras y enfermeros realizando la prescripción y administración siguiendo los protocolos establecidos por las Consejerías de Salud de cada comunidad autónoma.

Nueva estructura orgánica del Ministerio

El Consejo de Ministros aprobaba el 24 de agosto la nueva estructura orgánica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social mediante un Real Decreto-Ley que establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Entre las principales novedades, destacan tres. Se ha aprobado la creación de una nueva Dirección General de Consumo,  con el fin de “dar un nuevo impulso a la actividad dirigida a garantizar un nivel elevado de protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios”.

Asimismo, se incluye un mandato para crear el Observatorio de Salud de las Mujeres. Dicho observatorio tendrá como finalidad “la mejora del conocimiento de las causas y los determinantes de la salud de la mujer, así como la difusión de conocimientos que contribuyan a promocionar servicios de calidad adecuados y la promoción de análisis y estudios”.

También se amplían las competencias del hasta ahora Consejo Asesor de Sanidad, que pasa a denominarse Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales, y que actuará como órgano consultivo y de asistencia a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón en la formulación de la política sanitaria.

Vacunación

Carmen Montón, recordaba, tras los últimos datos aportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recogen que 41.000 personas se han infectado de sarampión en el continente europeo durante el primer semestre de 2018, que tanto la rubeola como el sarampión se consideran “eliminados” en España, pero ha resaltado la importancia de vacunarse. Precisamente, el 15 de agosto la Comisión Europea de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola remitió una carta al Gobierno en la que confirmaba que España estaba libre del contagio endémico de ambas enfermedades.

“En primer lugar, hay que decir que es muy importante la vacunación y hay que agradecer tanto a los médicos de familia como a los pediatras, ya que en España haya una tasa muy alta de vacunación, hasta el punto de que no hay virus circulante en nuestro entorno. Por tanto, la carta de la OMS es una buena noticia que viene a refrendar que España cumplimenta muy bien la tasa de vacunación”, ha explicado la ministra.

En cualquier caso, la ministra, aunque ha definido la situación como “buena”, ha reiterado que, a través de la promoción de la Salud Pública, desde el Ministerio se “va a incidir en la necesidad de la vacunación”, así como en la prevención de que “ciertos movimientos contrarios a la Salud Pública no arraiguen en España”

Fuentes

  1. www.elmedicointeractivo.com
  2. Europa Press.

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