Se han dado a conocer los datos del primer diagnóstico del Observatorio de la Salud. Esta es una plataforma puesta en marcha por el Círculo de la Sanidad para recopilar y analizar los principales datos y cifras del Sistema Nacional de Salud (SNS). Entre las conclusiones destaca que hay 27 días de espera más para acceder a una especialidad que en 2020. Asimismo, el porcentaje de pacientes en espera de más de 60 días se incrementó del 49,1 al 52,7 por ciento.

Por otro lado, durante la primera ola de la pandemia, el tiempo medio para una intervención fue de 170 días de espera, 55 más que en año anterior. Entre las especialidades, todas aumentaron su tiempo de espera, destacando de forma positiva el caso de dermatología, cuyas listas solo se vieron incrementadas en 9 días.

Días de espera y aumento de la mortalidad

En este primer informe, los datos se centran en analizar la accesibilidad, tanto en consultas como sobre la actividad quirúrgica, durante la primera oleada de la pandemia. Así, según los datos recogidos en el diagnóstico, mientras que en junio de 2019 había 671.494 pacientes en lista de espera estructural; en junio de 2020 la cifra subía en algo más de 20.000 pacientes. Es decir, un total de 691.508 pacientes en lista de espera.

Si se analizan los datos a nivel autonómico, destacan Castilla y León, Madrid y La Rioja como las comunidades en las que se registró un mayor número de fallecidos durante la primera ola de la pandemia.  Sin embargo, la mayor letalidad, que se asocia al número de fallecidos por casos diagnosticados, se registró en Castilla y León y Extremadura.

Estos datos no coinciden, en cambio, con la disminución de la actividad quirúrgica programada y de la actividad ordinaria. Así, la mayor demora en intervenciones se dio en Castilla La Mancha, Cataluña y Andalucía. Por otra parte, la mayor tasa de retraso en consultas se produjo en Cataluña, Canarias y Aragón.

El estudio concluye que la primera ola influyó, a nivel global, sobre la accesibilidad al SNS. Sin embargo, los datos llevan a la conclusión de que no existe una correlación entre las comunidades autónomas con mayor impacto en mortalidad o letalidad y una mayor reducción de la actividad ordinaria.