La UE ha decidido examinar las miles de sustancias químicas que se han introducido en nuestra vida no siempre con una prueba rigurosa de admisión. Unas 30.000 de ellas deberán ser registradas o reevaluadas para reducir su impacto sobre la salud y el medio ambiente. Así lo prevé la nueva directiva comunitaria en preparación, que supondrá la completa reevaluación para unos 6.400 productos químicos, según recoge el diario LA VANGUARDIA.

Los artículos de limpieza del hogar, las pinturas, los electrodomésticos y hasta la tinta del papel incorporan productos químicos. Mientras tales sustancias parecen inundarlo todo, médicos y toxicólogos han dado voces de alerta sobre los riesgos de tal proliferación sin un examen adecuado.

Con la actual normativa, las autoriedades deben demostrar que una sustancia no es segura. Ahora, la industria deberá demostrar que su mercancía sí lo es. "En el momento actual no existen herramientas eficaces para garantizar el uso seguro de la mayoría de las sustancias químicas más preocupantes. La evaluación con el reglamento actual es muy lenta, dura hasta seis años.

Sólo unas pocas se han evaluado completamente y fijado medidas de reducción del riesgo", reconoció ayer Ana Fresno, experta del Ministerio del Medio Ámbiente, en un debate de la Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC). Sólo un 3% de las 2.600 sustancias de elevado volumen de producción están completamente ensayadas, y un 11% lo están de manera básica, mientras que un 56% sólo pasara la prueba de toxicidad aguda.

La nueva directiva creará un sistema de registro, evaluación y autorización "según la peligrosidad en cada caso", y promoverá la sustitución de los productos más indeseables. De las 100.106 sustancias inventariadas, se verán involucradas las 30.000 con una producción superior a la tonelada anual.

La autorización "el control más estricto, que lo da la UE" será la vía para legalizar las sustancias extraordinariamente preocupantes (un 5%: 1.400), una lista que incluye las cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción, así como las contaminantes orgánicos persistentes bioacumulables y los alteradores endrinos.

Para las sustancias producidas en cantidades de hasta 100 toneladas anuales (el 80% de esas 30.000) les bastará el registro "con la información exigida", mientras que las generadas en más de 100 toneladas al año (un 15%, unas 5.000) deberán ser sometidas a evaluación. Con este fin, se ha fijado un detallado calendario de aplicación "adaptado a las posibilidades de la industria", que acabará, como mínimo, tres años después de aprobarse la directiva. Según un estudio de la consultora RPA para la Comisión Europea, la aplicación de este reglamento, permitirá una reducción de los costes por enfermedades profesionales entre los 18.000 y los 54.000 millones de euros en 30 años. El estudio se basó, sobre todo, en la posible reducción de muertes por cáncer debido a los productos químicos.

Sin embargo, la nueva normativa no está exenta de polémica. Francisco Pérez, experto de la Federación Española de la Industrias Químicas (Feique), resaltó que los costes directos de su aplicación podrían alcanzar los 7,1 millones de euros. Pérez alertó también sobre los riesgos de la pérdida de puestos de trabajo (670.000 personas en Europa) y de deslocalización de empresas, que opten por trasladarse a otras países.

En el mismo debate, Estefanía Blount, de Istas-CC.OO., destacó que todavía un 20% de los cánceres contraídos en el lugar de trabajo no pueden ser asociados a un producto concreto. Blount pidió que las sustancias más peligrosas y preocupantes para la salud de los trabajadores sean retiradas siempre que haya alternativas más seguras.

Miguel Porta, del Institut Municipal d"Investigacions Mèdiques, se refirió a los estudios elaborados por el Instituto Karolinska de Suecia en el que han relacionado los casos de cáncer testicular y las concentraciones de PCBs y derivados de DDT en las madres de los afectadas, quienes transmitieron a sus hijos estas sustancias tóxicas bioacumulativas "e indujeron cambios que se manifestaron 30 o más años después".

Manuel Cases, representante de los defensores de los animales, dijo que a causa de esta normativa pueden perecer unos 12 millones de animales en experimentación.