La arrolladora victoria socialista del 28 de octubre de 1982, con una mayoría absoluta de 202 diputados en el Congreso, supuso la desaparición de UCD y un nuevo gobierno del PSOE, liderado por Felipe González. Como nuevo responsable de la cartera de Sanidad eligió a Ernest Lluch, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y profesor ayudante en esta institución, de la que fue expulsado por su actividad antifranquista.  En 1974 fue nombrado catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y, posteriormente, de Historia de Doctrinas Económicas de la Universidad Central de Barcelona.

Fue diputado en las Cortes en 1977, 1979, 1982 y 1986 y portavoz del grupo de los socialistas catalanes desde 1980. De su labor como ministro puede señalarse, como anécdota, que fue el primero en cumplir una legislatura entera, algo que después solo han logrado Julián García Vargas y José Manuel Romay Beccaría. Pero, si por algo ha pasado a la historia, ha sido por impulsar la Ley General de Sanidad de 1986, sentando las bases legales del Sistema Nacional de Salud, de la universalización de la atención sanitaria y por la segunda transferencia sanitaria, en este caso a Andalucía (Cataluña había sido la primera, en julio de 1981, con el polémico Jesús Sancho Rof de ministro).

Tras cesar Lluch como ministro en 1986, se reincorporó a la cátedra de Historia de Doctrinas Económicas de la Universidad Central de Barcelona. Tres años después, asumió el cargo de rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Ya retirado de todas sus responsabilidades, fue vilmente asesinado por la banda terrorista ETA en el garaje de su casa de Barcelona el 21 de noviembre de 2000. El salón principal de actos del Ministerio de Sanidad está dedicado a su memoria.

La segunda victoria socialista, en las elecciones del 22 de junio de 1986, propició que el testigo de Lluch fuera recogido por Julián García Vargas, licenciado en Ciencias Económicas e inspector de Hacienda. Entre sus responsabilidades previas destacó la subinspección de Política Financiera y la presidencia del Instituto de Crédito Oficial.

Al frente del ministerio, puso en marcha la Ley General de Sanidad, la polémica ley del aborto, el Decreto de Universalización, la Ley del Medicamento de 1990 e impulsó la reforma que finalmente llevaría a la práctica la ministra Ángeles Amador. También transfirió, en 1987, las competencias sanitarias a País Vasco y Comunidad Valenciana y, tres años después, a Galicia y Navarra. Fue revalidado en el cargo tras la tercera victoria socialista consecutiva, en octubre de 1989.

Breves mandatos

El 13 de marzo de 1991 se produjo una crisis de gobierno, consecuencia de la dimisión del vicepresidente Alfonso Guerra un par de meses antes, por los escándalos de tráfico de influencias de su hermano. Julián García Valverde fue nombrado por Felipe González nuevo ministro, mientras que García Vargas pasó a Defensa, cargo en el que se mantuvo hasta junio de 1995. En la actualidad, es consejero de diferentes empresas.

García Valverde, licenciado en ciencias económicas, técnico comercial del Estado y profesor de microeconomía en la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de RENFE, apenas fue ministro durante 10 meses. Fue imputado en enero de 1992 por la adjudicación de terrenos de la línea del AVE Madrid-Sevilla, cuando era máximo responsable de los ferrocarriles. La Audiencia Provincial de Madrid acabó absolviéndole 15 años después.

El penúltimo ministro de Sanidad del felipismo fue José Antonio Griñán, que pasó de la Consejería de Salud de Andalucía al despacho en el Paseo del Prado. En apenas 16 meses de gestión, redujo las listas de espera y se mostró relativamente favorable a la privatización. Pero su acción más destacada fue la exclusión de la financiación pública de casi 800 medicamentos, una medida que ha pasado a la historia con el nombre de ‘medicamentazo’.

Tras una etapa parlamentaria en Madrid, volvió a la política andaluza en 2004, primero como consejero de Economía y Hacienda y posteriormente como vicepresidente segundo de la Junta. Tras la dimisión de Manuel Chaves, fue nombrado presidente de la comunidad autónoma en 2009, cargo del que también tuvo que dimitir en 2013, salpicado por el escándalo de los ERES. Fue nombrado senador pocos días después, pero tuvo que dimitir de nuevo, acechado por las acusaciones de corrupción, un par de años después. El 19 de noviembre de 2019 fue condenado a seis años de cárcel y a otros 15 de inhabilitación para ocupar cargo público por prevaricación y malversación de fondos públicos en el juicio de los ERES falsos.

Segunda mujer en el cargo

El gobierno socialista, cercado por la corrupción, ganó por sorpresa las elecciones de junio de 1993. La victoria en minoría propició una coalición con CIU. Un mes después, González nombró a Ángeles Amador ministra, la primera mujer en ocupar la cartera desde que lo hizo unos pocos meses Federica Montseny, a finales de 1936. Tras cinco años de experiencia en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo como secretaria técnica, fue nombrada en 1991 subsecretaria del Ministerio de Sanidad por Griñán, por lo que la sucesión en la cartera pareció lógica.

Amador prosiguió con la vía de los ‘medicamentazos’ y reformuló el catálogo de prestaciones, puso en marcha un nuevo sistema de financiación y abordó la ingente deuda, una asignatura pendiente obviada por ministros anteriores. También impulsó la Ley General de la Seguridad Social y completó las transferencias sanitarias a Canarias.

Pero quizá el gran reto fue la huelga de estudiantes de Medicina, causada porque la Administración no les garantizaba los dos años de formación que una directiva de la UE –que entraba en vigor el 1 de enero de 1995– exigía para ejercer en la Sanidad pública. Con el lema 6=0, los manifestantes llegaron incluso a realizar un ‘escrache’ en la puerta de su casa. La situación se logró desbloquear sobre la campana, el 22 de diciembre de 1994: el Ministerio prometió acabar con la bolsa histórica de 11.000 aspirantes al MIR y otorgó el título de médico de familia a 4.000 de ellos, que ya trabajaban en la Sanidad pública.

El ministro más veterano

La ruptura del pacto de legislatura por parte de CIU –y la imposibilidad de aprobar los presupuestos– abocó a la celebración de elecciones anticipadas, que fueron ganadas por primera vez en democracia por el PP. José María Aznar eligió al veterano José Manuel Romay Beccaría (entonces de 68 años) como primer ministro de Sanidad de su gabinete.

Bajo la presidencia de Gerardo Fernández Albor, había sido vicepresidente en el primer gobierno autonómico de Galicia y, posteriormente, consejero de Sanidad, aunque su experiencia provenía sobre todo del franquismo, cuando fue secretario general de Sanidad entre 1963 y 1966.

Cumplió los cuatro años de legislatura, con diferentes polémicas: nuevos ‘medicamentazos’, nacimiento de las discutidas fundaciones sanitarias, gestión de la crisis causada por un brote de meningitis o por la disponibilidad de la Viagra para los pacientes, que fue desmentida por el propio Miguel Ángel Rodríguez, portavoz de Gobierno, en su comparecencia de los viernes antes los medios en el Palacio de la Moncloa. La labor de modernización del Insalud, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, fue entonces muy bien valorada. También se creó durante su mandato la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Tras la victoria por mayoría absoluta de Aznar en 2000, pasó a presidir la comisión de Justicia e Interior del Congreso y ha sido presidente del Consejo de Estado en dos ocasiones, cargo que ostentó hasta 2018, siendo sustituido por María Teresa Fernández de la Vega. En 2010 fue nombrado tesorero del PP, en sustitución de Luis Bárcenas, y un año después fue elegido senador. Cesó en ambas responsabilidades en 2012.

Terminan las transferencias

La remodelación ministerial de Aznar tras la victoria electoral propició que Celia Villalobos, alcaldesa de Málaga, asumiera el cargo, con una gestión más recordada por sus errores que por sus aciertos. Entre estos, destaca que culminó con éxito las transferencias sanitarias a las diez comunidades autónomas pendientes de hacerlo e impulsó los genéricos, pero es recordada por sus numerosos patinazos en el campo de la comunicación. Especialmente en el caso de las vacas locas, lo que propició la creación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.

Otros casos polémicos con los que tuvo que lidiar Villalobos fueron el del orujo de aceite de oliva, el de Lipobay, el de los dializadores (que causaron la muerte de una treintena de pacientes sometidos a hemodiálisis) o sus declaraciones tras el 11-S, en las que trataba de tranquilizar a la población respecto a una posible guerra bacteriológica, pero que crearon gran alarma social. Desde julio de 2002, cuando fue cesada, ocupó cargos de responsabilidad en el Congreso, donde ha protagonizó diferentes controversias que han saltado a los medios de comunicación y a las redes sociales, como jugar a un videojuego en su puesto de vicepresidenta del Congreso. En 2019 anunció su retirada de la política activa y se dedica ahora a colaborar en diferentes medios de comunicación.

Primera licenciada en Medicina

En julio de 2002, Aznar llevó a cabo su mayor remodelación ministerial, con nueve cambios de cartera. Ana Pastor, zamorana criada en Pontevedra, fue nombrada ministra de Sanidad, la primera licenciada en Medicina y Cirugía en acceder al cargo. Muy próxima a Mariano Rajoy, le acompañó, siempre en el cargo de subsecretaria, en los ministerios de Educación y Cultura, Presidencia e Interior. Con anterioridad, había sido directora general de Muface, entre otras responsabilidades en el ámbito de la Sanidad.

Estuvo menos de dos años al frente del cargo, remodelando la administración sanitaria y aprobando, con el apoyo unánime del Parlamento, la Ley de Cohesión y Calidad del SNS. Además, tramitó la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias e impulsó el Plan Nacional de Prevención y Control de Tabaquismo, que fue criticado por las sociedades científicas por no contar con financiación suficiente. Tras la derrota del PP el 14 de marzo de 2004, ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en el partido. Entre 2011 y 2016 fue ministra de Fomento, cargo desde el que pasó a la presidencia del Congreso de los Diputados hasta la moción de censura de 2019 que otorgó la presidencia a Pedro Sánchez.

Medidas contra el tabaco

Tras su victoria electoral en marzo de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero optó por la orensana Elena Salgado como ministra. Su nombramiento sorprendió, por su falta de experiencia en el ramo. Sí contaba con una gran trayectoria como ingeniera industrial y economista, en los ministerios de Industria, Economía y Obras Públicas o presidiendo organismos como Correos, Hispasat, la línea de atención telefónica 11811 o el Teatro Real.

Su medida más destacada fue la ley antitabaco, que entró en vigor el 1 de enero de 2006, y la ley del medicamento, que entró en vigor el 26 de julio de ese año, derogando la de 1990. Intentó presidir la OMS, sin éxito, aunque llegó a la fase final, siendo finalmente elegida Margaret Chan. También impulsó la estrategia NAOS contra la obesidad, el Plan de Calidad del SNS y los decretos sobre la cartera de servicios comunes, los bancos de células de cordón umbilical y el anisakis, así como la ley de Investigación Biomédica y el Registro Nacional de Instrucciones Previas. Además, en 2004, el ministerio asumió el Plan Nacional sobre Drogas, transferido por el Ministerio de Interior.

El periodo de Salgado no estuvo exento de polémica, teniendo que capear las crisis causadas por la gripe aviar, la intoxicación de salmonela (que afectó a cientos de personas en el verano de 2005) o los casos de sedación del Hospital de Leganés. Además, intentó poner en marcha una ley anti-alcohol similar a la antitabaco, que fue paralizada por los lobbies del sector.

En julio de 2007, Rodríguez Zapatero remodeló su gabinete, con cuatro cambios. Salgado pasó al ministerio de Administraciones Públicas, puesto que ocupó menos dos años. Posteriormente, fue ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno. Ahora, es consejera y asesora de diferentes empresas y, desde 2016, presidenta de la Asociación Española de Empresas de Consultoría.

Su sucesor –y seguidor de sus políticas– fue el investigador Bernat Soria, segundo médico en llegar al cargo. Ocupó el despacho menos de dos años, perdiendo en este tiempo el ministerio las competencias de investigación, que fueron transferidas al Ministerio de Ciencia e Innovación. Su acción más destacada fue poner las bases del Pacto por la Sanidad, que sigue aún hoy pendiente. Fue contratado en Andalucía un mes después de su cese por la Fundación Progreso y Salud, de la que fue despedido en 2019 por haberse saltado la cláusula de exclusividad.

Una nueva crisis ministerial, en abril de 2009, propició otro cambio durante unos pocos meses en el ministerio, ahora denominado de Sanidad y Política Social, al asumir las competencias de Asuntos Sociales. Trinidad Jiménez ocupó el cargo hasta octubre de 2010, cuando pasó al ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Manejó con habilidad, con la ayuda de José Martínez Olmos, la campaña de vacunación de la gripe A a pesar de la pésima comunicación institucional de la OMS. También elaboró una ley antitabaco más estricta que la promulgada por Elena Salgado y modificó la polémica ley del aborto, muy contestada en la calle. Posteriormente, ha ocupado cargos de responsabilidad en el PSOE. En 2015, dejó la política.

La ministra más joven

Leire Pajín fue la última ministra de Sanidad de Zapatero y la persona más joven en ostentar el cargo de ministro de Sanidad; accedió a la cartera con 34 años de nuevo rebautizada como de Sanidad, Política Social e Igualdad al desaparecer el Ministerio de Igualdad y asumir sus competencias, así como el Instituto de la Mujer y el de la Juventud.

Socióloga de formación, fue diputada (la más joven hasta entonces de la historia de la democracia), senadora, secretaria de Movimientos Sociales y de Organización del PSOE y secretaria de Estado de Cooperación. Apenas estuvo en el cargo 14 meses, hasta la victoria de Mariano Rajoy en noviembre de 2011. Tras pasar por la Organización Panamericana de Salud, fue nombrada directora de Desarrollo Global del IS Global de Barcelona y presidenta de la Red Española de Desarrollo Sostenible.

Durante su periodo al frente del ministerio, entró en vigor la ley antitabaco que ‘heredó’ de Trinidad Jiménez y que convirtió a España en uno de los países de Europa más restrictivos en este campo. También impulsó la unidosis y la Ley de Dependencia y, justo al final de su mandato, la Ley General de Salud Pública, que garantizó la universalización del SNS, regulando también la profesión del psicólogo sanitario, que hasta entonces no estaba reconocida.

Fallos de comunicación

Ana Mato, licenciada en Políticas y Sociología, fue la elegida por Rajoy como ministra, en una cartera de nuevo rebautizada como Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Su aversión a aparecer en los medios de comunicación tuvo como punto culminante el 6 de octubre de 2014, en la rueda de prensa para informar del contagio de ébola de una auxiliar de enfermería, la primera infección de este tipo en Europa. Sus titubeos, unidos a la gestión posterior de la crisis, provocaron un aluvión de críticas e incesantes peticiones de dimisión.

Sin embargo, no lo hizo hasta un mes después, cuando el juez del caso Gürtel la consideró partícipe a título lucrativo. Al día siguiente, el presidente del Gobierno se enfrentaba a un pleno sobre medidas anticorrupción en el Congreso y quiso evitar así la comprometedora foto de la ministra durante los debates. En total, estuvo menos de tres años al frente del cargo y sus competencias fueron asumidas durante unos días por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Tras asesorar durante casi un año a los eurodiputados del PP en el Parlamento Europeo, anunció en octubre de 2015 que abandonaba la política. En 2018, la Audiencia Nacional la multó con más de 27.000 euros al considerarse demostrada su participación en la trama de corrupción del PP.

Su gestión se caracterizó por los recortes tanto en dependencia, como en gasto en Sanidad, cifrados en unos 7.000 millones de euros, con choques incluso con las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Se elaboró un real decreto en el que se exigía cotizar para recibir atención sanitaria y excluyendo a los inmigrantes irregulares, con muchas críticas de la oposición, acusando de pérdida de universalidad del sistema. También se modificó el copago farmacéutico, por lo que los jubilados tuvieron que pagar por determinados fármacos.

Cambio en la Corona

Alfonso Alonso se convirtió en el último ministro de Sanidad del reinado de Juan Carlos I y primero de Felipe VI. Exalcalde de Vitoria y portavoz del PP en el Congreso, tomó el testigo de Ana Mato durante poco más de año y medio, cuando optó a la presidencia del gobierno vasco, obteniendo un escaño en el parlamento autonómico. Ha sido presidente del PP vasco entre 2015 y 2020.

En el breve periodo de tiempo en el que fue ministro, tuvo que hacer frente a la reclamación de los pacientes de hepatitis C para que pudieran recibir los nuevos tratamientos curativos. Además, rectificó el real decreto impulsado por Ana Mato, para que los inmigrantes pudieran recibir atención sanitaria en los centros de salud públicos.

Cuando cesó en el cargo, estaba el gobierno en funciones, por lo que sus atribuciones fueron asumidas de manera interina durante dos meses y medio por la ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez. La abogada Dolors Montserrat, nombrada ministra en noviembre de 2016, centró sus objetivos en la lucha contra la violencia de género y en la frustrada campaña para que Barcelona fuera la sede de la Agencia Europea de Medicamentos. Además, se comprometió a tratar a los pacientes de hepatitis C, con independencia de la fase de la enfermedad, con los antivirales de última generación y a elaborar una estrategia nacional para la ELA. Hoy es miembro del Parlamento Europeo.

Ocupó el cargo durante apenas 19 meses, cuando la moción de censura ganada por el PSOE, con el apoyo de diferentes partidos, hizo presidente a Pedro Sánchez, eligió a la médico Carmen Montón como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Así, el ministerio perdió las competencias de Igualdad, asumidas por el Ministerio de la Presidencia. Consejera de Sanidad en la Comunidad Valenciana, su paso por el edificio del Paseo del Prado fue efímero: apenas cuatro meses, en los que recuperó la universalidad de la asistencia sanitaria y se manifestó firmemente frente a las pseudociencias. Tuvo que dimitir tras ser acusada de plagiar su trabajo de fin de máster, caso que fue finalmente archivado por el juzgado de instrucción.

La cartera fue asumida por otra médico, la asturiana María Luisa Carcedo, que continuó el trabajo de su predecesora, aprobando el Plan para la Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias, así como el Plan Nacional contra el Tabaco. Apenas estuvo 16 meses en el cargo: las elecciones del 10 de noviembre de 2020 propiciaron un nuevo gobierno, una coalición del PSOE con Podemos. En la actualidad, Carcedo es presidenta de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE y de la Fundación Pablo Iglesias.

Ministerio rebajado de competencias

El Ministerio de Sanidad fue entonces dividido en tres, creándose las nuevas carteras de Derechos Sociales y Consumo, asumidas respectivamente por los dirigentes de Podemos Ione Belarra y Alberto Garzón. Salvador Illa fue nombrado ministro de Sanidad tras haber sido seis años alcalde de su pueblo –La Roca del Vallés, en Barcelona– y ocupar diferentes cargos de liderazgo en el Ayuntamiento de Barcelona, una productora audiovisual y en el Partido Socialista de Cataluña, donde tuvo que lidiar la crisis independentista de otoño de 2017.

Según publicaron diferentes medios, el objetivo de Sánchez era que Illa dirigiera a tiempo parcial un ministerio de Sanidad disminuido, centrándose en reconducir la crisis catalana. La estrategia no pudo llevarse a cabo por la inesperada aparición de la pandemia del coronavirus. Su gestión, en un segundo plano tras el portavoz Fernando Simón, se caracterizó por la falta de liderazgo y de coordinación entre las diferentes comunidades autónomas, con sonoros fracasos como el de la aplicación RadarCovid o la falta de calidad de los datos de incidencia. Entre sus aciertos, las adecuadas gestiones logísticas para que las ansiadas vacunas contra la COVID llegaran cuanto antes a la ciudadanía.

Tras apenas 16 meses anunció que abandonaba el cargo para ser candidato a la presidencia de Cataluña, en plena tercera ola y recién comenzada la vacunación, una decisión criticada por casi todo el arco parlamentario, especialmente tras hacer campaña electoral mientras seguía siendo ministro. Pese a ganar en votos las elecciones autonómicas, no logró una mayoría alternativa frente a los partidos independentistas, siendo ahora el líder de la oposición en el Parlament.

Durante toda la pandemia, Illa acudía a las reuniones del Consejo Interterritorial –y a otros muchos encuentros– junto con Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública, por lo que cuando ella recibió la cartera ministerial se asumió como un relevo obvio. Licenciada en Derecho y miembro del Cuerpo de Administradores Generales de la Administración Pública, su única experiencia en el ramo fue durante el tiempo que fue portavoz de la comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias, cámara que acabaría presidiendo durante cuatro años.

La errática política del ministerio ha proseguido, con errores como tratar de salvar las pasadas navidades en plena oleada de ómicron, con el uso obligatorio e incomprensible de las mascarillas en exteriores o patinazos de comunicación como la rectificación en el mensaje de la cuarta dosis de la vacuna. Como punto fuerte, la aprobación del RD de nuevas especialidades en Ciencias de la Salud.

Los esfuerzos de Darias, en la actualidad, se centran en ámbitos como la aprobación de la Ley de Equidad, en la ampliación de los servicios en salud bucodental, en el Plan de Resistencia a Antibióticos 2022-24 y en la Estrategia de Vigilancia de Salud Pública. Además, en 2021 restituyó el derecho a mujeres solteras, lesbianas, bisexuales y transexuales que puedan gestar a acceder a la reproducción asistida en la Sanidad pública.