«Se necesitan entre 50.000 y 80.000 camas hospitalarias más”. Así lo ha puesto de manifiesto Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la FADSP, en la presentación virtual del «Informe 2021 sobre la atención especializada en las CC.AA.», en el que, entre otras cosas, se pone de manifiesto que la situación de dicho nivel asistencial difiere sustancialmente en cada una de ellas. “Estas cifras de camas serían las mínimas si queremos homologarnos con otros países de la OCD y de la UE. Alemania, por ejemplo, contaba con el doble que las que había en España antes de la pandemia, al igual que el número de UCI”, explicó.

El portavoz de la FADSP fue contundente al señalar que la mayoría de las Comunidades Autónomas no se han recuperado aún de los recortes sufridos de la crisis del 2008. “Ha habido una política miope que, en lugar de expandir los recursos en la atención hospitalaria, los ha seguido recortando”. Además, la pandemia ha dejado al descubierto que los recursos de la asistencia hospitalaria (AE) estaban al límite. “El déficit de camas ha impedido ofrecer una buena respuesta a miles de ciudadanos no COVID”, ha remarcado Sánchez Bayle.

El informe de la FADSP recomienda incrementar el gasto en euros por habitante y año, no por porcentajes en la AE.

Camas hospitalarias

Se refirió también a la necesidad de que la inversión en AE se sitúe en 1.400 euros por habitante y año, al tiempo que abogó por “ir disminuyendo el gasto en conciertos con la privada para dirigirlo a la Sanidad pública”.

Del estudio elaborado por Sara Luque, se desprende que hay que evaluar las consultas de la AE para saber su idoneidad, “porque muchas de ellas se podrían atender en una AP que dispusiera de los medios adecuados”. También se destaca que hay que incrementar  en la Sanidad pública las actividades de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, implementando los recursos necesarios para ello.

“Además, se deben de reducir significativamente las urgencias hospitalarias mediante una mejora de la accesibilidad tanto en Atención Primaria como en la Especializada y actuaciones de educación para la salud”, recalcó Sánchez Bayle. Al tiempo que ha insistido  en que la reducción de listas de espera deben ser tanto en las quirúrgicas (LEQ) como en consultas externas (LEC). “El objetivo debería ser que nadie espere más de 6 meses en LEQ ni más de 60 días en LEC, y que las primeras consultas se realicen en 15 días en más del 90% de los casos”.

Recursos humanos

En cuanto a los recursos humanos, el informe de FADSP destaca que es muy importante una nueva política para garantizar incentivos. «Hace falta  una nueva política de recursos para los trabajadores sanitarios donde se prime la calidad de la asistencia sanitaria». En esta línea, desde la FADSP apuestan porque la formación continuada de los profesionales debe de estar garantizada por el sistema sanitario público y ser ajena a los intereses empresariales.

Por otro lado, según explicó Sánchez Bayle, debiera primarse la dedicación exclusiva para evitar la competencia desleal y la colisión de intereses entre la Sanidad pública y el sector privado

Gasto farmacéutico

En la FADSP sostienen que en la AE  hay que lograr que el gasto farmacéutico se sitúe al menos un punto por debajo del crecimiento de su presupuestario. «Tiene que bajar por lo menos al 14%». “Debemos incrementar el uso de genéricos y biosimilares, promocionar las compras agregadas de medicamentos de uso hospitalario por parte de todas las CC.AA.”, señalan desde la entidad.

El estudio indica que “hay que regular estrictamente los conflictos de interés entre profesionales sanitarios y la industria farmacéutica. El sistema  público debe de garantizar la formación continuada de los profesionales y de tecnología sanitaria”. A juicio de Sánchez Bayle, el incremento del gasto sanitario viene motivado por la incorporación de productos farmacéuticos, “que la industria introduce al sistema con precios abusivos”.

Modelo productivo

Reconoció, con preocupación, que a lo largo de 2021 el gasto farmacéutico aumentará de forma brutal. En su opinión, “el problema es que el sistema público no tiene alternativa de producción pública de medicamentos”. Se refirió a la vacunas frente a la COVID-19. «Estamos vacunando a 12 euros la dosis cuando el coste de producción no llega a 2 euros; son vacunas financiadas en un 70%  con gasto público”, dijo. “La situación nos obliga a hacernos pensar qué modelo de suministro farmacéutico tenemos y queremos en el mundo occidental”, remachó el portavoz de la  FADSP.