De la lucha contra el médico agredido en el ejercicio de su profesión, de las estrategias realizadas para prevenirlas y defenderlas, es buen conocedor Jesús Aguirre, actual vicepresidente de la Organización Médica Colegial (OMC) y ex presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, una de las entidades pioneras en la batalla contra las agresiones.
'No en vano esta provincia fue uno de los primeros sitios donde un fiscal jefe dio orden a todos los fiscales de la provincia de que las agresiones a los médicos y a los maestros, en su medio de trabajo, fueran consideradas atentados y no una mera falta', según recuerda Aguirre.
La base para conseguir este cambio jurídico trascendental la encontraron las asesorías de los Colegios en el artículo 550 del Código Penal: 'Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos (') cuando se hallen ejecutando las funciones de su cargo o con ocasión de ellas'.
El artículo 551 del CP, por su parte, marca las penas: 'Los atentados comprendidos en el artículo anterior serán castigados con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad, y de prisión de uno a tres años en los demás casos'. Unas penas, pues, muy diferentes a las que conlleva una simple falta.
Esta sensibilidad para tratar las agresiones a los médicos se ha extendido rápidamente: de Andalucía pasó a Cataluña, donde el fiscal jefe dio la misma orden a los fiscales de la autonomía. después, Asturias, Valencia, Galicia, Baleares, Extremadura'
Medidas educativas
y preventivas, también
El vicepresidente de la OMC, no obstante, apunta que la tipificación como delito de atentado de las agresiones a los médicos, 'debe ir acompañado de medidas educativas: no se trata de que haya solamente medidas sancionadoras. Y ello tanto en la población en general, educar al usuario de la Sanidad de sus derechos y deberes, como en el propio colectivo médico, que debe ser educado para afrontar a un paciente agresivo. También debe haber medidas por parte de la Administración, ante la que hemos incidido en la importancia de adecuar el tiempo en consulta, que no haya listas de espera, que la urgencia sea lo más eficiente y lo más rápida posible' así como hacer (se está haciendo ya) un diagnóstico de 'zonas calientes', dónde hay más probabilidad de que haya focos de agresividad contra los médicos: puntos de urgencias, determinados pueblos o consultas como las de dispensación de metadona o psiquiatría'', añade.
En estas 'zonas calientes', desde los Colegios de Médicos se le está exigiendo a las diferentes Administraciones que pongan en vigor la normativa europea: una doble puerta, un timbre conectado con celadores, que el médico pase la consulta con un ayudante' medidas que se están llevando a cabo de forma desigual en las diferentes comunidades, según continúa explicando el vicepresidente de la OMC, quien repite una idea que tiene muy clara: 'El apartado judicial no va a solucionar por sí solo el problema'.
Pese a que Andalucía fue uno de los primeros lugares en los que se puso en marcha la defensa de los médicos agredidos, la situación dista de estar solucionada en toda la comunidad en la actualidad. Recientemente, el Consejo Andaluz de Colegios Médicos mostró su intención de trasladar al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, la petición de que la agresión a un médico sea delito.
'Los facultativos están en situación de alerta, ya que están sometidos a agresiones verbales, como insultos o amenazas, y físicas por parte de los pacientes', apuntó el presidente del Consejo Andaluz, Carlos González-Vilardell, quien avanzó que jurídicamente se podría aprobar esta tipificación de forma inmediata. González-Vilardell ha insistido en la necesidad de plantear protocolos de actuación ante estas situaciones.
Un práctico ejemplo en la puesta en marcha de diferentes iniciativas para luchar contra las agresiones a facultativos es el Colegio de Médicos de Málaga. La entidad malagueña ha creado el Área del Defensor del Colegiado, cuya directora es Aurora Puche.
Puche lamenta que en Andalucía las agresiones a médicos sí se estén viendo como delitos 'pero no con un criterio unánime, previamente establecido por la Fiscalía, sino porque a través de las defensas mantenidas por las asesorías jurídicas de los Colegios de médicos se ha ido haciendo alegatos en apoyo de esta petición, y han sido generalmente estimados por los jueces: se ha llegado por la vía de hecho a una situación similar a la de otras comunidades, que acudieron a la Fiscalía para lograr esta medida general', dice.
Para Puche, sólo es cuestión de tiempo que en toda España se aplique la medida que ya tiene lugar en sitios como Asturias o Galicia: un criterio unánime impartido por el fiscal jefe de cada zona, señalando que la agresión es delito de atentado.
'En Málaga se ha apostado, asimismo, por las actuaciones que es necesario realizar una vez que ya se ha producido la agresión: asesoramiento y asistencia jurídica (acompañar al médico a realizar la denuncia), la solicitud de medidas cautelares y, por otra parte, se ha creado un servicio de asistencia psicológica.
En el Colegio malagueño también se ha instaurado un teléfono de atención urgente, que durante las 24 horas del día da respuesta inmediata 'y no sólo para que, una vez que se ha producido la agresión, podamos acudir a asistir al colegiado: a veces se producen situaciones de tensión en las que, si el colegiado tiene posibilidad de demandar el asesoramiento de un profesional, pueda llegar a evitarse la situación de agresión. Hay situaciones de agresión que son controlables, nosotros apostamos fuerte por las medidas preventivas', defiende Puche.
Además, el Área del Defensor del Colegiado de Málaga pretende llevar a cabo un análisis de todas las circunstancias que la estadística demuestra que están presentes en las situaciones de agresión. Una vez recopilados los datos, se analizarían y se emitirían conclusiones tendentes a evitar las agresiones.
Situación a nivel autonómico
A principios de 2007, Miguel Carrero, presidente del Colegio de Médicos de La Coruña, acompañado de Jordana Fernández Roque, letrada asesora de la institución, mantuvo una reunión con Carlos Varela García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En esta entrevista, el fiscal les informó sobre la instrucción que había adoptado, por la cual se consideran delito de atentado las agresiones a médicos y profesores en el ejercicio de sus funciones públicas. De esta medida, basada en el citado artículo 550 del Código Penal, se verán beneficiados todos los médicos gallegos, un 70 por ciento de los cuales trabajan para el sistema público. La noticia trajo un buen inicio de año para todos ellos.
'Lo importante es que el cuerpo de fiscales, a partir de ahora, va a realizar la acusación de delito cuando un médico sea agredido. luego ya dependerá de lo que decida el juez, pero un médico aporta un servicio público de primera necesidad y esto requiere la protección adecuada. Es muy diferente que la cuestión vaya a un juicio de faltas o a uno de atentado: simplemente el conocimiento de este hecho ya es muy disuasorio, sin tener que llegar a reprenderlo, a enjuiciarlo: ojalá el carácter preventivo de la medida fuera suficiente', señala Carrero.
La base jurídica que sustenta estas actuaciones está en el artículo 550 del Código Penal
'Ante el aumento que estaba habiendo cada año, nos reunimos con la Fiscalía y ésta nos ha dado todo tipo de facilidades. lo que nos ha pedido es que, para poder tomar medidas, es necesario que se denuncien los casos: hasta ahora ha habido muchas agresiones que no han estado siendo denunciados, pues al médico le producía más trastornos que beneficios el denunciarlos: simplemente se pasaba una queja ante el Sergas o ante el Colegio de médicos correspondiente. ahora la situación ha cambiado: hay otra fuerza disuasoria, y por eso se pide que se denuncie', apunta el presidente del Colegio de Médicos de La Coruña, Miguel Carrero.
La entidad coruñesa ya ha informado a sus colegiados de la nueva situación, 'para vehiculizar las denuncias y colaborar', dice el su presidente, para quien 'será importante el cambio y el mismo Sergas va a colaborar más estrechamente con los Colegios en este sentido, porque no estaba colaborando en absoluto', denuncia Miguel Carrero.
El presidente coruñés se ha referido, entre otras medidas que se han tomado contra las agresiones, a la creación de un seguro que protege al médico y le asegura defensa o asesoramiento jurídico. Pero advierte que esto no era sino otro síntoma del problema existente: 'Que se tuviera que crear un seguro en este sentido quiere decir que las agresiones iban en aumento, y que es un problema que preocupa a los médicos. Los Colegios lo que hacíamos era prestar asesoramiento y colaboración para presentar la correspondiente denuncia. ahora todo va a ser más sencillo', comenta, esperanzado.
Una situación similar se vive en Cataluña, donde a finales del año pasado su fiscal jefe, José María Mena, dio orden a los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de perseguir las agresiones a médicos y profesores. Para Mena, las agresiones a estos profesionales 'merecen la más severa perspectiva jurídico-penal para defender bienes jurídicos no sólo individuales, sino también colectivos, de esencial importancia constitucional'.
La misma petición ha sido realizada por el presidente del Colegio de Médicos de las Islas Baleares (Comib), Joan Gual, al fiscal jefe de las islas, Bartomeu Barceló. Éste se comprometió con el Comib a que las actuaciones de los fiscales vayan encaminadas a reprimir 'con la máxima contundencia todo este tipo de agresiones al personal sanitario', expresando asimismo su compromiso de que, cuando se produzcan agresiones a médicos o personal sanitario que trabaja en centros públicos, pedirá que se encuadren como delitos de lesiones y atentado.
Por su parte, y también recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha resuelto que 'los casos de agresiones a médicos en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas serán perseguidos como delito de atentado del artículo 550 del Código Penal', respondiendo a una cuestión formulada por el Colegio de Médicos de Asturias. Es decir, que la agresión a un médico va a ser penada en Asturias con uno a cuatro años de prisión y multa de tres a seis meses: la agresión estaba siendo, hasta ahora, muy barata.
Tal como concreta el dictamen, 'se entienden incluidos en esta protección especial los médicos de la Seguridad Social y los de supuestos asimilados'. Asimismo, el TSJA especifica que también se perseguirán como delito de atentado aquellos casos en los que la conducta agresiva tenga lugar fuera del horario de trabajo del médico público, siempre que el hecho violento se produjese como consecuencia de su actuar profesional en el sector público.
Otra comunidad en la que también ha surtido efecto el acertado tratamiento de las agresiones a médicos es la valenciana. Los médicos disponen allí de asesoría jurídica gratuita para tratar el caso y decidir si procede o no denuncia. Igualmente, en otoño de 2003, el Colegio elaboró un documento para recoger por escrito todos los casos de agresiones, ante la evidencia de que el problema no hacía sino aumentar.
Igualmente, en febrero de 2004 el Consejo Valenciano de Colegios de Médicos firmó un convenio con la Consejería de Sanidad para tratar de forma personalizada cada caso de agresión a un facultativo. El 14 de febrero de ese mismo año se reunió por primera vez la comisión conjunta que crearon Colegios y Consejería. Hay casos en los que se aconseja que el médico cambie de centro de trabajo. en otros, se toman medidas concretas como incrementar la vigilancia y las medidas de seguridad o la determinación de los puntos o las situaciones más conflictivas, además, la Generalitat creó un registro de agresiones, a través de los datos aportados por los Colegios de médicos de la Comunidad.
En muchas CC.AA. ha funcionado adecuadamente el esfuerzo combinado de los Colegios y las Administraciones
En otras CC.AA. ha funcionado también la combinación del esfuerzo realizado por los Colegios de médicos y la Administración. Un caso es el de Extremadura, donde la Consejería de Sanidad y los Colegios de Médicos de Cáceres y Badajoz acaban de solicitar al Consejo Regional de Seguridad que estudie la tramitación de las agresiones al personal sanitario como juicios rápidos. En Extremadura, las agresiones a médicos ya son delito.
Así lo indicó el consejero de Sanidad Guillermo Fernández Vara, después de una reciente reunión en la Audiencia Provincial de Badajoz con los presidentes de las entidades colegiales de Cáceres y de Badajoz, Tomás del Monte y Pedro Hidalgo, respectivamente, y el fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Aurelio Blanco.
En Castilla y León, la Gerencia Regional de Salud de la Junta está desarrollando un Plan Integral de Seguridad, frente a agresiones y situaciones conflictivas que se producen entre los usuarios que acuden a los centros sanitarios y los profesionales en el ámbito de su ejercicio profesional. El Plan beneficia tanto al personal estatutario como al funcionario o laboral.
Igualmente, la Gerencia ha suscrito una póliza de seguro de defensa jurídica para el personal dependiente de la misma, que está en vigor desde noviembre de 2005 y que contempla una serie de garantías relativas a reclamación de daños por agresión verbal o física, defensa de la responsabilidad penal y constitución de fianzas penales y asistencia jurídica telefónica.
En Canarias, la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del SCS, que prevé la necesidad de crear programas concretos de formación de los trabajadores sobre habilidades generales en la comunicación con los usuarios. En este sentido, se hace especial hincapié en la mejora de los sistemas de información sobre los derechos y deberes de los usuarios, el procedimiento que deben seguir para acceder a los centros sanitarios y el catálogo de prestaciones básicas a las que tienen derecho. Además, el Plan contempla la mejora de la señalización informativa en los centros sanitarios, y recomienda reducir los tiempos de espera.
No ha sucedido lo mismo en Cantabria. El presidente del Colegio de Médicos de esta comunidad, Pablo Corral, aboga por la puesta en marcha en los centros sanitarios de un protocolo de agresiones, pero ha recordado que 'los responsables sanitarios tienen en su poder desde hace más de un año el borrador de protocolo planteado por el Colegio' y que está esperando a que le llamen desde el Servicio Cántabro de Salud, ha reseñado este representante colegial.
Algunas fechas clave
de la 'tipificación' del delito de atentado
En Málaga, el Colegio de Médicos obtuvo en octubre de 1997 la primera sentencia condenatoria por delito de atentado en el Juzgado de lo Penal nº 3.
' Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén en octubre de 1998 en la que se contempla el delito de atentado contra los profesionales sanitarios.
' A principios de julio de 2004, el Colegio de Médicos de Jaén asegura haber conseguido sentar jurisprudencia respecto a las agresiones contra el personal sanitario y conseguir que estos casos sean juzgados como delitos de atentado a la autoridad.
' El 23 de junio de 2005, el Juzgado de lo Penal nº 2 de Cádiz dicta una nueva sentencia sin precedentes en el marco de la problemática de la violencia contra los profesionales sanitarios.
' La Junta de Fiscales de Córdoba acordó en una reunión celebrada el 24 de enero de 2006 perseguir los ataques a los médicos como delito de atentado.
' El fiscal jefe de Cataluña ordena en noviembre de 2006 que las agresiones al personal sanitario sean perseguidas como atentado a la autoridad.
' En diciembre de 2006, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuncia que perseguirá las agresiones a profesionales sanitarios como atentado a funcionario público, siguiendo lo establecido en el artículo 550 del Código Penal.
' Un comunicado del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, fechado en enero de 2007, afirma que se considerará delito de atentado las agresiones a los médicos derivadas del ejercicio de sus funciones en los supuestos en que las víctimas ostenten la cualidad de funcionario público y autoridad.
' La Fiscalía de Galicia tipifica el 1 de febrero de 2007 las agresiones a médicos como delito de atentado.
' A mediados de febrero de 2007, se les da instrucciones a los fiscales extremeños de calificar los ataques a profesionales sanitarios como atentado.
' El fiscal jefe de Baleares se compromete hacia el 20 de febrero de 2007 a actuar 'con total contundencia' para evitar las agresiones a médicos.
' En los primeros días de marzo de 2007, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra anuncia que va a incrementar la protección jurídica al personal sanitario que padece agresiones en el ejercicio de sus funciones, que pasarían a ser tipificadas como delito de atentado contra funcionario público con penas entre uno y tres años de prisión.
Agresiones en el ámbito privado
Todos los supuestos hasta ahora mencionados se han referido a casos en los que el médico era un empleado del sistema público. Cabe preguntarse qué sucede cuando el médico es agredido en su consulta privada. ¿Sigue habiendo delito?
La responsable del Área del Defensor del Colegiado de Málaga, Aurora Puche, estima que en estos casos no se puede hablar de delito de atentado, pues el artículo 550 del Código Penal establece esta figura para los casos en que el agredido sea funcionario público. 'Pienso que en el ámbito privado no se puede aplicar el delito, y ello aunque el médico haya podido estar trabajando por la mañana en el servicio público y por la tarde lo haya hecho en su consulta. Sea como fuere, en estos casos habría que seguir con la valoración que se ha aplicado hasta ahora: se tratará de una falta, ya sea de amenazas, de lesiones'. Se puede llegar, incluso, a un delito de lesiones, pero ya no por la calificación de funcionario público, sino por la entidad de la lesión producida', según esta experta.