La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha propuesto extender el modelo de subasta de medicamentos de Andalucía, aunque con algunos cambios para “fomentar mayor competencia”, a todo el territorio nacional. Según sus estimaciones, ahorraría hasta 1.000 millones de euros en gasto al Sistema Nacional de Salud (SNS) en 2020-2022 si se aplicara de forma extensiva en todas las comunidades autónomas y con una introducción no progresiva. Así se recoge en su segundo estudio de proceso de revisión del gasto, conocido como ‘Spending Review’, que ha realizado por primera vez en España un organismo independiente basándose en datos, la evidencia empírica y las experiencias más exitosas a nivel nacional e internacional. Este segundo proyecto se ha centrado en la evaluación del gasto público en recetas de oficinas de farmacia, y proponen varias medidas para mejorar la gobernanza, los procedimientos, la eficiencia y la equidad en el SNS.

La AIReF considera que el sistema ‘andaluz’ para la selección de fármacos es “más eficiente” que el modelo actual en el conjunto del Estado. Justifican que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha ahorrado 560 millones de euros entre 2012 y 2017, lo que supone un 5,6 por ciento de los 10.020 millones de euros reportados por el SAS en ese período. Esto, según sus análisis, no ha producido mayores problemas de falta de suministro de medicamentos. “Solo el 1,27 por ciento de los medicamentos con problemas están seleccionados mediante subastas: de un total de 600 fármacos, solo 8”, determinan. Añaden que no hay diferencia entre las faltas de medicamentos dentro de las subastas que sujetos al modelo convencional.

El organismo también argumenta que este sistema de adjudicación tiene un impacto sobre los beneficios de las farmacias pero solo entre aquellas que más facturan. “No ha habido más porcentaje de cierres de farmacias en Andalucía que en otras CCAA. Ha habido impacto sobre las farmacias grandes, no en las pequeñas”, agregan. En base a estas premisas, la AIReF apuesta por la implementación del modelo ‘andaluz’ aunque con modificaciones para “fomentar mayor competencia”, como el de precio uniforme y única puja por postor. Su propuesta recoge igualmente la división de lotes, la duración de 2 años y la inclusión, de forma progresiva y en base a los resultados, de fármacos habituales en patologías leves o moderadas, aquellos con mayor gasto, los que hayan demostrado su utilidad en ahorro en Andalucía y los que no afecten a la industria nacional.

Si este modelo se implementara ya, con la entrada de todos esos medicamentos sin progresividad y en todas las CCAA al mismo tiempo, se ahorrarían 1.000 millones a las arcas públicas en 2020, 2021 y 2022. En el caso de una introducción más gradual, sería de 187 millones en 2021 y 224 en 2022, de acuerdo con sus cálculos iniciales. “La experiencia desarrollada en Andalucía, donde el sistema de selección de medicamentos se ha revelado exitoso para conseguir ahorros sin comprometer la salud de los ciudadanos, pone de manifiesto que es posible alcanzar mejoras de eficiencia con la definición de un sistema de selección de medicamentos a escala nacional”, resume el organismo en su informe.

Mejorar los copagos

Tras sus evaluaciones, que han incluido estudios de bases de datos, entrevistas con la administración y la industria o revisión de más de 150 documentos de investigación, la AIReF aboga por un copago farmacéutico con “mayor equidad”. El actual “penaliza a los trabajadores activos de bajos ingresos frente a los pensionistas de ingresos similares”. Así, ponen el ejemplo de que un activo por debajo de los 18.000 euros de renta aporta hasta el 40 por ciento del precio de sus medicamentos, mientras los pensionistas con una renta equivalente esta cifra llega al 6,4 por ciento. Sobre las áreas de mejora, recomiendan eliminar la distinción entre activo y pensionista en relación al copago, un límite máximo de gasto anual para los activos de menos de 18.000 euros para mejorar la equidad, así como estratificar los tramos de renta, ya que “se subvenciona lo mismo a un activo con 19.000 euros de renta que a uno con renta cinco veces superior”. De esta forma, los tramos serían los siguientes: menos de 12.000 euros; 12.000-18.000 euros; 18.000-30.000 euros; 30.000-60.000 euros; 60.000-100.000 euros; y mayores de 100.000 euros.

Proponen la implementación de un sistema de copago evitable, por el que el paciente pagaría la diferencia entre el precio del principio activo hasta el importe de financiación y el precio de venta al público del medicamento que retire en la farmacia (en caso de que el medicamento tenga un precio de venta al público superior). Esto “permitiría concienciar al ciudadano sobre el impacto de sus decisiones de consumo y obtener mejoras en los precios de facturación del SNS”, asegura la AIReF.

Los expertos fiscales concluyen que España cuenta con un sistema de salud “eficiente”, pero apuntan que el gasto público es “más elevado que en los países de referencia, lo que sugiere que existen ahorros potenciales”. Así, consideran que “una gestión más eficiente del gasto farmacéutico podría liberar más de 1.000 millones de euros anuales”, de forma que España se acerque al gasto farmacéutico ambulatorio con respecto al porcentaje del PIB de Estados similares. Achacan este alto gasto en fármacos a que el consumo por habitante es “elevado”, especialmente en antibióticos, y a que el porcentaje de medicamentos genéricos “no alcanza los ratios de los mejores países”, pese a ser “creciente”. Los genéricos representan el 22 por ciento del gasto en fármacos financiados en España, hasta 13 puntos por debajo del promedio de Alemania y Reino Unido.

Por ello, apuestan por que los genéricos vayan ganando peso, aunque reclaman asimismo un “aumento del precio de los medicamentos con problemas de suministro por bajo precio (patentados, genéricos y biosimilares)”. En esta misma línea, ven posibles mejoras en la revisión de precios a lo largo del ciclo de la vida de los fármacos de forma progresiva, y no solo a los diez años de su entrada en el mercado, así como introducir la indicación terapéutica en el Sistema de Precios de Referencia y no solo por principio activo. Este nuevo método podría ahorrar hasta 270 millones entre 2020 y 2022.

Por otra parte, el organismo aconseja otras medidas transversales, como modificar la composición actual de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios, de forma que se aumente el poder de decisión de las CCAA: “el 95 por ciento del gasto farmacéutico se realiza por las CCAA, pero tienen una representación de apenas el 27 por ciento (3 de 11 votos)”. Según su propuesta, pasarían a contar con hasta dos tercios de los asientos en la Comisión.

Finalmente, la AIReF propone vincular las prescripciones a las resoluciones de la Comisión Interministerial de Precios del Medicamento, introducir programas generalizados de seguimiento de su consumo, incrementar la cooperación entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y las agencias de evaluación regionales en la evaluación de medicamentos y la elaboración de guías clínicas, así como desarrollar planes de educación sanitaria para fomentar el uso racional de los medicamentos y la adherencia a los tratamientos, con la participación del farmacéutico de Atención Primaria y las oficinas de farmacia.