Redacción/E.P. Sevilla.- La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha resuelto visar, a partir del 1 de septiembre, determinados fármacos antipsicóticos, "tras detectar que se estaban prescribiendo para indicaciones no autorizadas para estos fármacos, de acuerdo a la ficha aprobada por el Ministerio de Sanidad", según ha informado el director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Joaquín Carmona.
Ante esta decisión del SAS, Farmaindustria ya ha anunciado que adoptará las acciones legales pertinentes para lograr la paralización de esta medida que supone, en su opinión, "el ejercicio, por parte de la administración andaluza, de unas competencias que no le corresponden".
Tal y como ha señalado el representante del SAS, "la medida pretende salvaguardar el bien del ciudadano frente a un posible mal uso de estos fármacos y evitar efectos secundarios". Añadió que "sabemos que la industria farmacéutica recurrirá esta medida", pero subrayo que "el visado de estas recetas es un elemento más de las políticas de uso racional de medicamentos desarrolladas en las últimas legislaturas".
En concreto, los fármacos a los que afectará la resolución del SAS son: olanzapina, risperidona, quetiapina, zuclopentixol, amisulprida, ziprasinona y las especialidades que los contengan. El responsable del SAS insistió en que el visado de las recetas será "garante" para el ciudadano y del uso racional de estos medicamentos antipsicóticos atípicos de última generación. Además, insistió en que no hay ningún problema respecto al otro grupo de fármacos antipsicóticos convencionales·.
Respecto al coste de estos fármacos, el responsable de Asistencia Sanitaria indicó que "el grupo de medicamentos de última generación suele ser más costoso", si bien insistió en que se trata de ofrecer garantías al ciudadano sobre la administración de los mismos.
Esta medida se suma al visado de los fármacos rofecoxib y celecoxib, justificada igualmente por el hecho de que ambos medicamentos, de precios elevados, se estaban recetando para patologías para las que no están indicados, de ahí que se estableciera el requisito del visado. Hasta el momento, todas las resoluciones judiciales emitidas han sido favorables a la decisión del SAS. Según los datos de la Consejería de Salud, el establecimiento de un visado para los fármacos rofecoxib y celecoxib ha supuesto, desde septiembre de 2001 y hasta el mes de abril de 2003, un ahorro de 17 millones de euros.
Invasión de competencias y restricción a la innovación
Por su parte, la patronal de los laboratorios ha señalado, en un comunicado, que con esta decisión, "invadiendo competencias del Ministerio de Sanidad y alegando razones económicas", la Junta de Andalucía "cuestiona la labor de prescripción del médico, al poner en duda su correcta actuación profesional, y puede restringir el acceso a las innovaciones terapéuticas a sus ciudadanos, algo especialmente grave cuando se trata, como en este caso, de patologías para las que la disponibilidad inmediata de los fármacos es fundamental".
Además, esta medida implica, a juicio de Farmaindustria, "serios riesgos de fragmentación del mercado farmacéutico nacional y de desmantelamiento de las inversiones por parte de la industria farmacéutica". No hay que olvidar, insiste, que el mercado farmacéutico español es el quinto de Europa y el séptimo mundial y que, en gran medida gracias a esta importante dimensión, la industria farmacéutica que opera en España tiene una fortaleza creciente en I+D y es copartícipe del prestigio científico y profesional de la Sanidad española.
Este ataque a la innovación, en opinión de la patronal, afecta de forma directa a un importante número de compañías y se suma a la preocupación existente actualmente en el sector por las repercusiones que puede tener para muchas empresas el desarrollo del nuevo sistema de precios de referencia, lo que está generando cierta pérdida de confianza en la actividad productiva e investigadora que se realiza en España, en un momento de clara expansión como ponen de manifiesto los últimos datos que se han dado a conocer sobre investigación.
Por todo ello, Farmaindustria ha solicitado al Ministerio de Sanidad que, como ya ha hecho en situaciones similares, tome las oportunas decisiones para impedir esta invasión de competencias por parte de una Administración, que pone en peligro los recientes procesos inversores emprendidos en nuestro país por algunos de los laboratorios perjudicados, cuestiona la actuación del médico y puede limitar a los ciudadanos andaluces la oferta española de medicamentos.