Más agresiones y, sobre todo, verbales, como insultos, calumnias o injurias que salen de ese supuesto atentado a la autoridad que se obtuvo en 2015 con la reforma del artículo 550 del Código Penal. El último balance, todavía provisional, de agresiones que maneja la Consejería de Salud arroja un incremento de las agresiones a los profesionales sanitarios en 2018, que pasaron de 375 a 460 casos. La realidad, marcada por las estadísticas, es que las víctimas son, sobre todo, mujeres (309 frente a 151 hombres) y con mayor incidencia en Atención Primaria, con algo más de un 64 por ciento de los casos, según trasladó la coordinadora de la Unidades de Prevención de Riesgos Laborales del SAS, Nuria Queralto, que ahondó en las medidas que se están llevando a cabo como cursos on line de prevención e incluso talleres presenciales de defensa personal.

Queralto puso el acento en el incremento de las agresiones, pero recordó también que las físicas se han visto reducidas en el último año. “No hay día que no nos llegue una agresión”, afirma, incluyendo en ese saco insultos, gritos, amenazas y faltas de respeto. También hizo hincapié en que una parte importante de esas agresiones –en torno a dos tercios- se produce en el ámbito de la salud mental, según expuso en el marco de la Jornada antiagresiones al personal sanitario que se celebraron en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.

Este foro aglutinó a todos los sectores afectados. Desde médicos a enfermeros, pasando por farmacéuticos, mostraron su preocupación por el incremento de las agresiones y tuvieron líneas coincidentes, como solicitar un endurecimiento de las penas, más blindaje legal a las amenazas verbales, insultos o injurias y disponer de un registro de agresores para actuar ante los reincidentes.

Esas demandas se producen al ver que, aunque se ha avanzado mucho, aún quedan lagunas legales. El jefe de los servicios jurídicos del Colegio de Médicos de Sevilla, Santiago Campo, expresó que la reforma del Código Penal ha permitido actuar ante las ataques físicos, pero “se ha despenalizado las agresiones habituales”. En ese sentido, Andalucía está por detrás que otras comunidades, como “Extremadura o La Rioja”, que cuentan con elementos que blindan a los profesionales sanitarios, bien a través de un registro de agresores o la posibilidad de cambiar de cupo en caso de agresiones. Campo mostró su confianza en que el nuevo gobierno autonómico acometa esta reforma normativa en beneficio de los galenos. Más allá de ello, el presidente del Colegio de Médicos, Alfonso Carmona, reivindicó la unidad de acción de todos los profesionales sanitarios para acabar con una lacra que va en aumento, a razón de “entre un 3 y un 5 por ciento anual”.

De momento, el foro invitaba a ese frente común. Alfonso Yáñez, que intervino en nombre del Colegio de Enfermería de Sevilla, lamentó el daño que está haciendo el uso malicioso de internet, ya que “la segunda opinión médica siempre es de Google”. De hecho, lo incluye como una de las razones de las agresiones. También culpó a la administración, al quejarse del aumento de la carga asistencial. “Tres enfermeros no se pueden encargar de 100 pacientes”, manifestó Yáñez.

En una línea similar de indefensión se enmarcaron los farmacéuticos. A ellos, dada su facilidad de acceso y amplitud de horario, también están muy expuestos a casos “en los que se traspasa la línea roja”. Sin embargo, la mayoría de las agresiones “no se denuncian, porque son verbales por la negativa a dispensar sin prescripción o estar mal cumplimentada la recete”. Los casos que llegan son los más violentos, es decir, los que han supuesto atracos y robos. También reprochó el daño que ha hecho la subasta de medicamento, porque “no podemos dispensar el que requieren el paciente, sino el principio activo”. “Las agresiones no van en el sueldo. Nos queda un largo camino”, dijo.

Una de las últimas medidas que se han llevado a cabo es la implantación de los interlocutores policiales sanitarios, es decir, un agente de la Policía Nacional y otro de la Guardia Civil que están al servicio de los casos de agresiones en el ámbito sanitario. Tras un año en marcha, se ha hecho una evaluación del nivel de riesgo –no por casos, sino por las medidas de seguridad– de 150 centros de la provincia. El inspector Domingo Cabrera, de la Policía Nacional, recomendó, como también hacen en las charlas, estrategias de contención verbal ante los usuarios más agresivos.

El teniente Fernando León, el interlocutor de la Guardia Civil, también insistió en el uso de la aplicación móvil Alertcops, que pueden tener todos los profesionales sanitarios previa identificación y que permite contactar con las fuerzas de seguridad para informarles rápidamente de robos y agresiones.