Redacción, Sevilla.- El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha presidido en el Palacio de San Telmo la constitución de la Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitaria, encargada de asesorar a la Consejería de Salud en cuestiones de carácter ético, científico, técnico y organizativo relacionadas con la investigación biomédica y la biotecnología.
Esta Comisión está integrada por 20 profesionales de reconocido prestigio personal y científico en materias relacionadas, mayoritariamente, con la ética y la investigación en Ciencias de la Salud, aunque también incluye a especialistas en otros ámbitos como derecho, filosofía, periodismo, teología o economía.
El trabajo de la Comisión será muy amplio y deberá debatir sobre asuntos que plantean dilemas éticos en un marco donde las decisiones sobre la salud se ven afectadas por los nuevos desarrollos de la biotecnología, la biomedicina y las tecnologías de la información y la comunicación.
De esta forma deberán afrontar cuestiones como el uso y la disponibilidad de la información genética, la medicina predictiva, las implicaciones éticas de la investigación biomédica y regenerativa, el análisis de la publicidad sanitaria y farmacéutica y sus efectos sobre la salud, las consecuencias de los nuevos avances médicos sobre el envejecimiento y la prolongación de la vida, los asuntos relacionados con el principio y el final de la vida o la participación del ciudadano en las decisiones clínicas, entre otras.
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha señalado a los miembros de esta comisión que deberán asesorar al Gobierno andaluz en su labor legislativa y ejecutiva, para lo cual habrán de trabajar de manera independiente y transparente, con carácter multidisciplinar y reflejando el pluralismo social. 'Toda mejora científica', añadió Chaves, 'debe respetar la dignidad y la autonomía de la persona y los Derechos Humanos y tener como consecuencia más libertad y bienestar social, salvaguardando los principios básicos del humanismo'. El presidente andaluz prometió todo el respaldo institucional a la nueva comisión, de la que dijo que será libre para fijar su actuación y emitir dictámenes.
Personalidades
Entre las personalidades designadas como miembros de esta Comisión se encuentran el científico Bernat Soria, director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche. el director del Laboratorio de Investigaciones Biomédicas de Sevilla, José López Barneo. Pedro Alfonso Cruz Villalón, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. María Concepción Iríbar, presidenta de la Comisión de Bioética de la Universidad de Granada. o Eduardo López Azpitarte, catedrático de Moral de la Facultad de Teología de la Universidad de Granada.
También forman parte de la Comisión, Isabel Fernández, especialista en Medicina Interna y presidenta del Comité Autonómico de Ensayos Clínicos. Antonio Hevia, farmacólogo clínico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Esperanza Arriaga, antropóloga y diplomada universitaria en Enfermería. María Victoria Trianes, directora del Departamento de Psicología de la Universidad de Málaga. y Rosario Valpuesta, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
El panel de expertos se completa con Jerónimo Pachón, responsable de la Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Carmen Mendoza, investigadora en Bioquímica y Biología Molecular. Emiliano Vázquez, médico especialista en Medicina de Empresa. Miguel Lorente, médico forense y experto en Genética Forense y en Bioética. María Luisa Balaguer, doctora en Derecho. María Esperanza Sánchez, periodista. Ángel Salvatierra, jefe de sección de Cirugía Torácica del Hospital Reina Sofía de Córdoba. María Luisa Trinidad, vicedecana de la Facultad de Derecho de Almería. Manuel Concha, jefe del servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y Felipe Romera, director del Parque Tecnológico de Andalucía.
La creación de esta Comisión se contempla en el Decreto 232, de 17 de octubre de 2002, y responde a la necesidad de armonizar los avances científico-sanitarios con la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos.