Los centros hospitalarios privados han asumido y asumen la atención sanitaria de más de 25.000 pacientes de COVID-19 hospitalizados y han atendido a unos 1.200 pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), llegando a duplicar la actividad de estas unidades en zonas como Madrid y Barcelona.

Es por ello que la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha solicitado a las comunidades autónomas que parte del fondo autonómico para Sanidad se dedique a la compensación de la actividad que ha realizado el sector sanitario privado en la pandemia del nuevo coronavirus.  Todo ello recordando que esta disposición de los recursos se ha facilitado desde antes de que se declarara el estado de alarma mediante una interlocución constante con las autoridades sanitarias, poniendo a su disposición todos sus recursos humanos, materiales, instalaciones o inventarios.

En concreto, el Gobierno destinará 10.000 millones de euros a cubrir el gasto sanitario de las comunidades, de los cuales 6.000 millones se pagarán a corto plazo y los otros 4.000 millones en el segundo semestre del año. El fondo se encuentra pendiente de aprobación por real decreto donde se establecerán los criterios de reparto.

En este sentido, y una vez se conozcan esos criterios, ASPE ha solicitado a las CC. AA. que parte de estos fondos se dediquen a la compensación por la actividad de la Sanidad privada en la pandemia, así como por la puesta a disposición de todos sus recursos. Para ello, ASPE y sus asociaciones territoriales, van a iniciar contactos con las consejerías de Salud de todas las comunidades autónomas.

Comisión de reconstrucción

Asimismo, ha recordado que ha solicitado su incorporación y participación en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica por entender su papel como fundamental en la batalla contra la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus.

De cara a un posible rebrote en otoño, y de la afectación de esto en la actividad sanitaria, la patronal considera fundamental su participación en esta Comisión de Reconstrucción, en la que entiende que se han de abordar desde la forma de actuar ante un nuevo rebrote hasta la reconstrucción de un sector de gran peso económico que se ha visto “especialmente afectado” por la crisis, ya que la declaración de servicio esencial, la imposibilidad de aplicar medidas de reorganización laboral y la desprogramación de la actividad salvo aquella de carácter urgente y preferente hacen a este sector único en cuanto a afectación económica.

“La Sanidad privada asume una contingencia de enorme calado ante el riesgo de que las autoridades no reconozcan su participación y ayuden en el sustento económico de los centros, tanto aquellos que han tenido una participación activa en la lucha contra el COVID-19, como aquellos que han puesto sus recursos a disposición de las administraciones”, ha concluido el presidente de ASPE, Carlos Rus.