Laura Fonseca, Oviedo/ Redacción.- Asturias y Extremadura han iniciado las gestiones para reclamar formalmente a la Administración General del Estado el pago de la deuda que el viejo Insalud mantiene con ambas autonomías desde que se firmara el traspaso de las competencias sanitarias, hace ya dos años. La cuantía en el caso del Principado asciende a unos 33,2 millones de euros y en lo que respecta de la comunidad extremeña la cantidad se eleva a 33,8 millones. Ambos Ejecutivos autonómicos tomaron estas decisiones en las últimas reuniones de sus respectivos Consejos de Gobierno.
El Principado de Asturias pretende que la Administración del Estado pague las cantidades que adeuda en concepto de gasto sanitario correspondiente a la etapa anterior a la transferencia de competencias sanitarias efectuada el 1 de enero de 2002. En concreto, según la portavoz del Ejecutivo asturiano, Ana Rosa Migoya, se reclaman 33,2 millones de euros, una cifra que 'no es la totalidad de este gasto, pues aún estamos contabilizando facturas correspondientes a los últimos meses de 2001'.
La consejera portavoz afirmó que este gasto, que responde principalmente a compra de productos farmacéuticos, abono de incentivos al personal y certificaciones de obra, debe ser asumido por el Estado, como 'había quedado perfectamente claro y definido' en el Decreto de traspaso y en la Comisión mixta de transferencias, cuya reunión jamás llegó a concretarse tras el traspaso competencial tal y como había sido acordado por el Gobierno central y las autonomías afectadas.
La reclamación formal de Asturias, que ya había sido adelantada por su consejero de Salud, Rafael Sariego, se produce tras la negativa de la Administración del Estado a asumir el pago de la deuda del ex Insalud (en la actualidad, Ingesa). La negativa del Gobierno central es entendida desde Asturias como 'un ejemplo más de la deslealtad del Estado con las comunidades autónomas, que se suma a los últimos anuncios hechos por la ministra de Sanidad de modificación unilateral del catálogo de prestaciones sanitarias'. Esta actitud, definida como 'yo legislo y tú pagas' por el Principado, conlleva 'un esfuerzo para las Comunidades Autónomas en materia económica y de presupuestos', según afirmó Migoya.
Las facturas y gastos objeto de controversia han sido abonadas ya por la Administración regional, que ahora espera que el Ejecutivo central se las reintegre, algo que reclamaría en los tribunales, si fuese preciso. En este sentido, Ana Rosa Migoya recordó que ya existen precedentes de reclamaciones judiciales de otras comunidades autónomas por idénticos supuestos. Y añadió la portavoz del Ejecutivo asturiano que, hasta el momento, el Tribunal Supremo ha dado la razón a las autonomías reclamantes.
En lo que respecta a Extremadura, el Consejo de Gobierno de la Junta también acordó el inicio de gestiones para reclamar a la Administración del Estado el pago de las obligaciones exigibles hasta el 31 de diciembre de 2001 derivadas de la asistencia sanitaria para el período 1998-2001, llevada a cabo en la comunidad autónoma, cuando la gestión correspondía al Insalud y que han sido satisfechas con cargo a los presupuestos de Extremadura.
Según señala el Ejecutivo extremeño en el acuerdo adoptado en su última reunión de 2003, 'el acuerdo sobre traspaso de las funciones y servicios del Insalud a la comunidad autónoma establecía que el sistema de financiación de la asistencia sanitaria para el período 1998-2001 sería asumido por la Administración General del Estado'. 'Sin embargo,- continúa la nota del Ejecutivo extremeño - para garantizar la continuidad de los servicios sanitarios, la Comunidad Autónoma tuvo que asumir obligaciones contraídas por los diferentes centros de gestión del Insalud ubicados en Extremadura, correspondientes al ejercicio del año 2001, y que no fueron imputadas al presupuesto del instituto'.