E.P., Córdoba.- El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, ha planteado al Colegio de Médicos de Córdoba la posibilidad de que recurra los casos de agresiones a facultativos ante la citada Audiencia, con el objeto de que sean abordados en la misma y se pueda unificar doctrina respecto al tratamiento jurídico de este tipo de agresiones. Así lo ha manifestado el presidente de la entidad colegial cordobesa, Jesús Aguirre, tras la reunión mantenida con Eduardo Baena, con el fin de pedirle que las agresiones inflingidas a los facultativos sean consideradas agresiones a la autoridad.

Ante ello, Aguirre señaló que Baena les remitió a la legislación vigente, "en la cual los médicos no están considerados autoridad desde el punto de vista penal, aunque sí pueden ser considerados funcionarios públicos". En este sentido, Baena señaló que no podía entrar en la libertad que tienen todos jueces en las interpretaciones jurídicas, "aunque desde el Colegio de Médicos podemos ir concienciando a jueces y fiscales para que consideren las agresiones a médicos como realizadas contra funcionarios públicos", señaló Aguirre.

No obstante, Baena planteó a Aguirre la posibilidad de que el Colegio de Médicos, que se persona en todas las causas de agresiones a facultativos, "recurra aquellas sentencias que no le sean favorables y conseguir que lleguen a la Audiencia Provincial y que se aborden varios casos de agresiones para que se pueda unificar una doctrina sobre el tratamiento de este tipo de agresiones".

Consentimiento informado

Asimismo, Aguirre pidió al presidente de la Audiencia de Córdoba su colaboración en el proceso de concienciación de los facultativos sobre la necesidad de aplicar el procedimiento del consentimiento informado en todos los casos.

El presidente del Colegio cordobés recordó que este trámite consiste en "informar al paciente y pedir su autorización por escrito en los casos que es necesario hacer alguna intervención quirúrgica o actividad médica que conlleve algún tipo de riesgos, efectos secundarios o efectos adversos" y señaló que "se trata de un permiso obligatorio desde mayo de este año, fecha en la que se reguló por Ley el derecho del paciente a ser informado y la obligación del médico de hacerlo".

En este sentido, Aguirre indicó que, al ser un trámite obligatorio, "los jueces lo están exigiendo ante cualquier reclamación penal o civil". De este modo, explicó que el Colegio de Médicos que preside "ha planificado una estrategia para concienciar a los facultativos sobre la necesidad de cumplir con este trámite, para lo que hemos solicitado apoyo a la Audiencia, de forma que participe activamente en los cursos que vamos a dar a los médicos sobre este tema".