Baleares dispone ya del decreto de garantía de demora mediante el cual se establecen los plazos máximos en los que los usuarios del sistema público de Sanidad de las Islas Baleares tienen derecho a percibir la asistencia, tanto la especializada programada, como la no urgente que le hayan prescrito los especialistas.

El sábado el ejecutivo balear dio el visto bueno a la entrada en vigor del decreto por el cual se obliga, en caso de que se incumplan los plazos fijados, a que el Servicio de Salud de las las Islas den alternativas a los pacientes en otros centros propios, centros vinculados a la red pública o en concertados para que puedan obtener la asistencia sanitaria indicada por el médico.

Como recoge el decreto, la asistencia sanitaria especializada programada y no urgente establece las primeras consultas externas, las primeras pruebas diagnósticas, las intervenciones quirúrgicas y las segundas consultas diagnósticas.

60 días para las primeras consultas

Según han señalado fuente sanitarias a EL MÉDICO INTERACTIVO, los plazos máximos de espera para la atención programada no urgente son de 180 días naturales y 60 días naturales para las primeras consultas.

Del mismo modo se contemplan 60 días para llevar a cabo pruebas diagnósticas y los 180 días naturales para las segundas consulTas derivadas de una primera. Esta disposición se regula por vez primera en las Baleares, ya que no estaba incluida en el anterior decreto de garantía de demora, que fue derogado por el Partido Popular durante la pasada legislatura.

Si se sobrepasan los plazos máximos que se indican en este decreto, el usuario del sistema sanitario tiene el derecho de solicitar al Servicio de Salud su aplicación.

Los pacientes, para hacer efectivo el derecho que les ofrece el decreto, tendrán que presentar la solicitud correspondiente al centro hospitalario en cuya lista de espera están registrados.

Tras los trámites presentados y detectado el incumplimiento por parte del Servicio de Salud, este le notificará en el plazo de 10 días el derecho que le asiste a recibir la prestación sanitaria en un centro propio o concertado, luego, el paciente, dispondrá de otros 10 días para aceptarlo. Si el usuario da su conformidad, el Servicio Balear está obligado a prestar de manera efectiva la asistencia en el centro ofrecido y a pagar los gastos, si los hubiera, derivados del procedimiento en el centro sanitario vinculado a la red pública o concertada.

Por otro lado, la Consejería de salud se ha comprometido a publicar cada año los datos que tienen que ver con los gastos derivados de la asistencia sanitaria en estos centros concertados o vinculados a la red pública.

El decreto que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), a excepción de la regulación de los plazos máximos para una segunda consulta que, según la necesidad previa de adecuar la estructura organizativa del Servicio de Salud, se irá poniendo en marcha de forma progresiva.