Redacción/E.P. Madrid.- El catedrático emérito de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid y ex director de la Oficina Presupuestaria del Gobierno, José Barea, ha propuesto que "las personas que consuman menos medicamentos que la media de la población activa incluida en el seguro de dependencia reciban al finalizar el año un bono por la diferencia, que serviría para pagar parte de la prima del seguro de dependencia".
De esta forma, "lo que se ahorra, se lo queda el interesado", ha explicado Barea, quien ha intervenido en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) en el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid ‘Situación actual y perspectivas de futuro de las personas dependientes’, organizado por AstraZéneca y la propia Universidad Complutense. Se trata, en su opinión de incentivar el consumo racional de medicamentos, con el fin de "mejorar la eficiencia del sistema sin aumentar el gasto público" y hacer frente al aumento previsto de la población dependiente en España. El ex director de la Oficina Presupuestaria indicó que, con esta propuesta, "se eliminaría el riesgo moral de un consumo innecesario de medicamentos", porque el mundo "se mueve por incentivos".
Barea advirtió del incremento de la población dependiente en España y destacó que, para hacer frente a esta nueva situación, hay tres alternativas de financiación: pública, mixta o privada. El catedrático defendió el mercado mixto, que supone una financiación pública y una prestación de servicios privada, porque el Estado es un buen recaudador (a través de impuestos), pero cuando pasa a ser productor "no es tan eficiente", mientras que el sector privado "utiliza a personas con vocación".
La regulación del mercado debe ser pública, según Barea, para que sea el Estado quien determine las prestaciones a las que se tiene derecho, vigile la calidad y acredite a las entidades que presten servicios a dependientes. El mercado público tiene una financiación y una prestación de servicios a personas dependientes públicos, mientras que el mercado privado está todo en manos de entidades privadas, lo que podría llevar a una cobertura social parcial, sólo de quien tuviera recursos para pagarlo, añade.
5 por ciento de la población, dependiente
En la ponencia impartida por el profesor Barea, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, también se ha puesto de manifiesto que actualmente el 5 por ciento del total de la población española es dependiente, lo que supondría un 30 por ciento si tomamos como referencia la población mayor de 65 años.
Según el profesor Barea, "existen fuertes discrepancias en las estimaciones de los recursos económicos que se destinan a proporcionar servicios a los dependientes; la cifra mínima se sitúa en torno a 3.012 millones de euros, el 0,5 por ciento del PIB y parece que sólo un 18 por ciento de los ancianos dependientes recibe ayudas económicas o de servicios. En el año 2025 el número de personas mayores será de 8,5 millones, que representará el 22 por ciento de la población, con un gasto que se estima será bastante más del doble del actual y podría rebasar el 1 por ciento del PIB".
Asimismo, se ha hecho referencia a cómo la incorporación, cada vez mayor, de la mujer al mundo laboral hará quebrar el actual modelo familiar que se encarga de atender a los dependientes, con lo que el gasto tenderá a dispararse, ejerciendo una fuerte presión sobre el gasto público.