La Jornada de debate sobre la eutanasia, organizada por el Colegio de Médicos de Madrid, ha contado con la asistencia de la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, que una vez más ha mostrado su apoyo a la regulación de la eutanasia. “Es necesario despenalizar la ayuda prestada para morir y es necesario legislar para preservar que la decisión es autónoma,  libre y justificada por la situación de padecimiento de la persona”, ha afirmado Carcedo en este foro.

Se trata de una opinión compartida por gran parte de la profesión médica. De hecho, el propio Colegio de Médicos de Madrid realizaba una encuesta entre sus colegiados, obteniendo como resultado que un 70 por ciento de los encuestados veía favorable la regulación de la eutanasia, si bien el 37 por ciento pensaría en la opción de objeción de conciencia.

De esta forma, la ministra ha querido recordar que “el paciente es la razón de ser del sistema sanitario y sus profesionales. Debe ser tratado como un ser humano, no como una enfermedad”. En este sentido, la ministra ha recordado que hay personas que se enfrentan a situaciones vitales con un pronóstico irreversible de muerte. “Son situaciones que no tienen posibilidad de mejora si no es a cambio de prolongar y exacerbar el sufrimiento”, ha explicado la ministra, que ha asegurado que “el Gobierno tiene el deber de ponerse en el lugar del otro”.

Los pormenores de la regulación

Parece por tanto haber una mayoría social que apoya la regulación del derecho a morir, no obstante, según datos del CIS de hace 10 años, la legalización de la eutanasia obtenía el apoyo de casi el 60 por ciento, mientras que hoy esta cifra llegaría al 80 por ciento, según varios sondeos publicados recientemente.

Lo que queda por preguntarse entonces es cómo se regulará el mismo para que el paciente quede realmente protegido. A este respecto, Carcedo ha recordado que la Constitución Española protege el derecho fundamental a la vida en su artículo 15, “pero no a cualquier precio”. Según ha explicado, no lo protege a costa de la dignidad de las personas que recoge el artículo 10. “Es precisamente la propia persona la que, en ejercicio de su libertad y autonomía, proyectando sus propios valores y creencias, puede decidir cuándo prolongar su vida va más allá de su capacidad de hacer frente al sufrimiento”, ha explicado.

Asimismo, junto al avance en la regulación de este nuevo derecho, la ministra también ha apostado por garantizar el derecho y acceso efectivo a los cuidados paliativos, para morir dignamente. Según ha expuesto, “son ya muy importantes” las leyes autonómicas de muerte digna existentes, “pero se debe continuar trabajando para lograr una ley básica estatal que extienda este derecho”.

De esta forma, ha adelantado que la futura ley de eutanasia deberá regular el ejercicio de este derecho como una prestación dentro del Sistema Nacional de Salud y para ello “es imprescindible el compromiso y el apoyo de los profesionales que forman parte del SNS”. La ministra ha recordado que por dos veces se ha tramitado el proyecto de ley de eutanasia en el Parlamento y que la disolución de las Cortes lo ha hecho decaer, esperando no obstante contar con los apoyos suficientes en esta legislatura.