En concreto, y tras tratar de acercar posturas sobre la cuestión, sin demasiados resultados, en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado en Logroño el pasado mes de diciembre, la ministra de Sanidad decidió convocar a los consejeros del ramo a otro encuentro en Madrid, esta vez monográfico, sobre el proyecto de Real Decreto de Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, dando así a la cuestión la importancia que merece. En esta última reunión, celebrada el pasado 25 de enero, ministra y consejeros del ramo llegaron a un acuerdo sobre la actualización de la cartera de servicios comunes que presta a los ciudadanos en toda España el Sistema Nacional de Salud (SNS), si bien dejaron para más adelante la incorporación de nuevas prestaciones al sistema, como las operaciones de cambio de sexo o la financiación de medicamentos para ayudar a los fumadores a dejar el tabaco, centrándose como reto inmediato en la mejora de la calidad.
De este modo, una vez completado el período de alegaciones de las comunidades autónomas al proyecto de Real Decreto, se acaba de abrir el correspondiente a los colectivos que trabajan en el sector sanitario, por lo que, según algunos cálculos, el texto aún tardará meses en aprobarse.
Por su parte, y aunque aceptaron el contenido el proyecto de real decreto sobre la cartera de servicios comunes del SNS presentado por el Ministerio como una 'foto fija' de lo que se oferta actualmente a los ciudadanos, los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP (Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla y León, La Rioja y Murcia) consideraron que se había 'perdido una oportunidad' para incluir nuevas prestaciones, como la financiación de los tratamientos farmacológicos contra la dependencia de la nicotina, la asistencia sociosanitaria o la salud bucodental. En el caso concreto de la salud bucodental, los 'populares' acusaron al Ministerio de no cumplir los compromisos electorales del PSOE.
Además de las comunidades del PP, y como ya hiciera en diciembre en Logroño, la consejera navarra, María Kutz, reclamó también incorporar la financiación de nuevas prestaciones y, en concreto, de los medicamentos contra el tabaquismo, lo que ya se aplica en su comunidad.
El primer paso dado en firme por el conjunto de Administraciones sanitarias es el de haber realizado una 'foto fija' de los servicios comunes que se están prestando en todas las CC.AA.
Al término de la reunión, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria, la socialista Charo Quintana, destacó que se había alcanzado el objetivo marcado: el de recoger en una 'foto fija' la cartera de servicios comunes que están prestando todas las comunidades. Además, puso de relieve que el acuerdo alcanzado sobre la actualización de la cartera tiene también la 'vista fija' en la calidad de las prestaciones, ya que 'el reto no era tanto incrementar las prestaciones que actualmente se están dando, sino que esa cartera se garantice con la máxima calidad a todas las personas de cada una de las comunidades'.
Por su parte, la consejera de Murcia, la 'popular' María Teresa Herranz, indicó que se había acordado 'seguir adelante con el proyecto de cartera de servicios en el mismo formato en el que se había presentado, es decir, sin incluir una sola nueva prestación de las que diversas comunidades habían propuesto'. Así, afirmó que la opinión de las comunidades gobernadas por el PP es que 'se ha perdido una oportunidad' de incorporar nuevas prestaciones, si bien reconoció que 'el decreto tiene una virtud, y es que hace una foto fija de lo que hay ahora y es una actualización respecto a lo que había en el año 1995'.
Por su parte, el consejero de Sanidad del País Vasco, Gabriel Inclán, consideró 'enriquecedor' el debate celebrado en el Ministerio de Sanidad, ya que 'ha permitido incorporar cosas que se aceptaba como normal que estuvieran y no estaban en el catálogo, como hospitalización a domicilio, cirugía mayor ambulatoria o cirugía de la obesidad'.
Por este motivo, señaló que cree que 'se han incluido muchas cosas nuevas', y añadió que 'hay otras que para ser consideradas como básicas para todo el Estado tienen que ser discutidas por todos, porque no todos los que estábamos en la reunión podíamos compartir que una prestación que da otra comunidad deba ser común'. 'Seguro que con la puerta que se abre aquí podremos debatir de una forma clara si algo debe estar incluido, cómo debe estarlo, cómo se financia y si puede ser financiado'.
El acuerdo de mínimos
de Logroño
La primera aproximación al encuentro alcanzado en Madrid tuvo lugar el 14 de diciembre de 2005, en Logroño, en el marco del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se escenificó un acuerdo de mínimos, que consistió básicamente en plasmar en el Real Decreto cuál es la cartera de servicios que se presta actualmente, pero dejando en suspenso la forma de incorporar nuevas prestaciones, y rechazando la incorporación de algunas que se prestan en algunas comunidades sí en otras no, como ocurre, por ejemplo, con la financiación pública de las intervenciones de cambio de sexo o de la dispensación de la píldora postcoital, entre otras.
El proyecto elaborado determina que la inclusión de una nueva técnica o procedimiento deberá ir acompañada de unas memorias técnica y económica
El texto presentado por Salgado a los consejeros de Sanidad en la capital riojana regula la cartera de servicios como el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias de salud pública, Atención Primaria, Atención Especializada, atención de urgencia, prestación farmacéutica, prestación ortoprotésica, de productos dietéticos y de transporte sanitario, de las que pueden beneficiarse los ciudadanos españoles 'independientemente de su lugar de residencia'.
Se trata, según Sanidad, de 'garantizar en todo momento las condiciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y en condiciones de equidad en todo el territorio nacional', lo que implica que 'aunque en todas las autonomías existen prácticamente las mismas prestaciones sanitarias, aquellos ciudadanos que necesiten un tipo de asistencia no disponible en su comunidad, y que esté incluida en esta cartera de servicios básicos y comunes, la tendrán garantizada en el lugar en el que sí puedan facilitársela'.
Evaluación de nuevas técnicas
Asimismo, el real decreto tendrá que contemplar el procedimiento para mantener actualizada permanentemente la cartera de servicios a través de la evaluación de las nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos, de lo que se responsabilizará la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio, aunque también podrán participar las autonomías.
Según el procedimiento previsto por Sanidad, la actualización se hará mediante una orden ministerial, si bien será necesario un informe previo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Además, el procedimiento tendrá que ser 'lo suficientemente ágil para facilitar que los ciudadanos se beneficien con la máxima rapidez de los avances científicos y tecnológicos, siguiendo siempre criterios de seguridad y eficacia para ofrecer las máximas garantías a los pacientes'.
En cualquier caso, según los planes del Departamento que dirige Elena Salgado, las nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos sólo se incluirán en la cartera cuando cumplan 'una serie de requisitos, como el hecho de que contribuyan de forma eficaz a la prevención, diagnóstico, tratamiento de enfermedades, eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento. o que aporten una mejora, en términos de seguridad, eficacia, efectividad, eficiencia o utilidad terapéutica, respecto a otras alternativas'.
En consecuencia, tal y como destaca Sanidad, 'no se incluirán en la cartera aquellas técnicas o procedimientos que no estén suficientemente probados o se encuentren en fase de investigación clínica, aquéllas que realicen publicidad dirigida al público en general o las que no guarden relación con enfermedad, accidente o malformación congénita'. Asimismo, 'podrán retirarse de la cartera de servicios los procedimientos técnicos que hayan perdido su interés sanitario como consecuencia del desarrollo tecnológico y científico, las que muestren tras su aplicación falta de eficacia, efectividad o eficiencia, o en las que el balance entre beneficio y riesgo haya sido significativamente desfavorable, y todas aquéllas que dejen de cumplir los requisitos establecidos por la legislación vigente'.
El proyecto presentado a las comunidades en Logroño determina también que la propuesta de inclusión de una nueva técnica o procedimiento, que podrá ser a iniciativa de las comunidades o del Ministerio, deberá ir acompañada por una memoria técnica y una económica que contenga la valoración del impacto que pueda suponer para el Sistema Nacional de Salud. Así, cuando este impacto pueda ser significativo, esta memoria económica será analizada por la Comisión Interministerial para el estudio de los asuntos con trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud y por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No obstante, como viene ocurriendo hasta ahora, las comunidades autónomas podrán aprobar carteras de servicios complementarias, aunque deberán incluir al menos la del Sistema Nacional de Salud.
Las intervenciones de cambio de sexo y la dispensación de la píldora postcoital figuran entre los servicios más controvertidos a la hora de su inclusión en la cartera de servicios común
Nuevo documento
Tras la reunión de Logroño, la titular de Sanidad, Elena Salgado, defendió la oportunidad de aprobar una nueva cartera de servicios y reconoció que el actual conjunto de prestaciones 'se parece poco' al definido en 1995, por lo que 'era el momento de elaborar un nuevo documento'.
'No hemos incluido ninguna prestación nueva', reconoció la ministra, que, sin embargo, admitió que en las reuniones de los grupos de trabajo sí hubo 'amplio consenso' de cara a incorporar al catálogo la financiación del cambio de identidad sexual 'en determinados casos en los que esta patología tiene efectos más graves en la salud de la persona', lo que finalmente no se llevó a término.
'Con el compromiso de estudiarlo en el plazo más breve posible, hemos decidido no incorporar prestaciones nuevas, y considerar ese documento (el proyecto de real decreto) como un documento que recoge fielmente la realidad', dijo Salgado.
Tras defender que en Logroño tuvo lugar una discusión 'productiva' y expresar su propósito de que los ciudadanos 'tengan conciencia de la amplitud del catálogo de prestaciones de la Sanidad pública en España, que es, sin ninguna duda, de los más amplios de Europa', Salgado también quiso destacar 'que se articula todo un procedimiento para incorporar nuevas prestaciones al catálogo común con el acuerdo de todos y de acuerdo con la Ley de Cohesión'.
Así, la ministra puso de manifiesto que el catálogo común recogido en el real decreto incluye 'el 99 por ciento de las prestaciones que se ofrecen en las comunidades', mientras que hay un uno por ciento (prestaciones como la financiación de sildenafilo para discapacitados o la píldora postcoital) que difiere, aunque de forma 'mínima'.
Por su parte, actuando una vez más como director de orquesta de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, criticó que el texto de Sanidad no incluya prestaciones como la atención bucodental de los mayores de 65 años. la asistencia sanitaria de la violencia de género. los tratamientos de deshabituación tabáquica o la homogeneización del calendario vacunal, entre otras.
No obstante, expuso que las autonomías del PP están de acuerdo en la 'verificación' de los servicios que actualmente se prestan, incluida en el 'documento de trabajo' presentado por el Ministerio, es decir, lo que Sanidad denomina 'acuerdo' con las comunidades sobre la cartera de servicios actual. Pero Lamela añadió que a pesar de que 'en algún momento se podrá incorporar a un decreto', será prematuro hacerlo antes de que se evalúe 'si esta cartera es suficiente o no'. 'No se trata de saber lo que tenemos, sino lo que necesitamos', y teniendo en cuenta para ello 'criterios de sostenibilidad', añadió.
Desde Sanidad se garantiza que aquellos ciudadanos que requieran una prestación, no disponible en su comunidad, tendrán asegurada la atención donde se les pueda facilitar
Por último, censuró la forma de actuar del Ministerio, ya que en su opinión 'cuando conviene se mete en las competencias de las comunidades autónomas' y cuando no, como ocurre a su juicio con la cartera de servicios, 'el problema pasa a ser de las comunidades autónomas a partir del día de la aprobación del decreto'. 'Esto no es la ley del embudo. tenemos un marco jurídico y es el que tenemos que respetar entre todos', dijo.
Otro de los consejeros 'populares', César Antón, máximo responsable sanitario de Castilla y León, considera que no debe plantearse una cartera de servicios 'que no dé respuesta a la realidad y no aborde la actualidad de las prestaciones que se están dando en el conjunto del Sistema Nacional de Salud'.
Desde este punto de vista, el consejero de Castilla y León entiende que una cartera de servicios debe estar basada en 'el compromiso de todos', y debe 'tener en cuenta la igualdad de acceso con independencia del territorio donde estemos'.
Despolitizar el conflicto
En definitiva, todos los responsables políticos implicados en el proceso parecen ser conscientes de la importancia de lo que está en juego, ya que una cartera de servicios común para todo el sistema es esencial para que todos sigamos creyendo que existe un Sistema Nacional de Salud que nos sirve a todos, vivamos en una región u en otra.
Desde este punto de vista, el presidente del Foro Español de Pacientes, Albert Jovell, es de la opinión de que hay que 'despolitizar el conflicto' en torno a las prestaciones sanitarias, así como garantizar el acceso de los pacientes a las nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas.
Porque, a juicio de Jovell, 'lo que no puede ser nunca una cartera de servicios es un elemento que retrase el acceso a nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas útiles para los pacientes simplemente por un trámite burocrático'.