E.P./Redacción, Barcelona.- La Generalitat de Cataluña acaba de aprobar el Plan de Salud, que establece las líneas a seguir hasta 2005 haciendo especial hincapié en las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las patologías mentales y el envejecimiento de la población. Asimismo ha dado el visto bueno al decreto que aprueba los estatutos de la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Comunidad, dependiente de la Consellería.

El Plan de Salud, que recoge las actuaciones en materia sanitaria hasta 2005 y los objetivos de salud durante la próxima década, es el instrumento en el que se basa la Sanidad pública catalana para dar a conocer sus objetivos con la finalidad de garantizar un buen estado de salud para la población catalana. Para priorizar las actuaciones, el documento identifica y selecciona los principales problemas, siguiendo los consejos de la OMS.

Los criterios que se han utilizado para realizar esta selección se basan en la magnitud y la gravedad de cada problema sanitario, su impacto social y económico, así como la existencia de medidas para afrontarlo y la efectividad de su aplicación.

Por otro lado, el Gobierno de la comunidad también ha dado el visto bueno al decreto que aprueba los estatutos de la Agencia Catalana de Seguridad, dependiente de la Conselleria de Sanidad. Este organismo actuará como máxima autoridad en Cataluña para evaluar riesgos sanitarios relacionados con la cadena alimentaria y se coordinará con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y la Autoridad Alimentaria Europea.

La agencia, creada a partir de una ley aprobada el año pasado, será la responsable de elaborar el Plan de Seguridad Alimentaria de Cataluña, que será el marco de referencia para todas las acciones que lleven a cabo por la Generalitat y las instituciones locales para prevenir posibles riesgos alimentarios.

El decreto aprobado establece la estructura organizativa, así como su régimen de funcionamiento, lo que supone el paso definitivo para que este organismo empiece a funcionar.

La presidencia de la Agencia la ocupará el conseller de Sanidad de la Generalitat, Xavier Pomés, quien también ocupará el mismo cargo en el Consejo de Dirección. Al frente de este organismo se situará un director, que estará asistido por un Comité Científico Asesor, formado por 16 expertos de seguridad alimentaria de universidades catalanas y centros de investigación.

El Consejo de Dirección, que es el órgano de gobierno de la Agencia, estará integrado por el presidente, el director y una representación de las distintas administraciones públicas catalanas, formada por 13 miembros de la Generalitat y seis de instituciones locales.

En el órgano de gobierno de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria también participarán organizaciones empresariales del sector, dos portavoces de organizaciones profesionales agrarias, un representante de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña y tres representantes de organizaciones de consumidores y usuarios.

Nuevo Hospital de Sant Pau

Por último, la Generalitat aprobó el cien por cien de la financiación del nuevo Hospital de Sant Pau de Barcelona, que en septiembre empezará a atender a los primeros enfermos pero que no estará terminado hasta 2006. El Gobierno catalán invertirá un total de 216,4 millones de euros para financiar las obras del proyecto.

La financiación del centro hospitalario se realizará a través del Instituto Catalán de Finanzas, que ofrecerá préstamos con entidades financieras por el valor total de la inversión. La carga financiera de estas operaciones, con garantía hipotecaria, irá a cargo de los presupuestos de la Generalitat.

El edificio central del nuevo hospital, inaugurado el pasado viernes, acogerá las consultas externas, los gabinetes de exploración y siete quirófanos. Este bloque cuenta con 36.000 metros cuadrados y se completará en 2006, con la construcción de cuatro edificios destinados al ingreso de enfermos.

La construcción del centro supondrá el traslado de toda la actividad sanitaria que actualmente se ofrece en los antiguos pabellones modernistas. Estos espacios, considerados Patrimonio de la Humanidad, se destinarán a actividades de investigación y docencia.