Redacción/E.P. Barcelona.- El consejero catalán de Sanidad, Xavier Pomés, y el alcalde de Hospitalet de Llobregat, Celestino Corbacho, se han enzarzado en una batalla dialéctica tras la polémica suscitada por el cambio de gestión de los ambulatorios de Collblanc y La Torrassa. La Generalitat ha decidido traspasar la gestión de estos dos centros a un consorcio integrado por Cruz Roja, pese a la oposición de vecinos, partidos de izquierda y trabajadores.

Durante un acto celebrado en el Hospital de Bellvitge, Pomés acusó a Corbacho de "sacar beneficio político" de las reivindicaciones de la plataforma -integrada por usuarios y trabajadores-, en una polémica que calificó de "estéril e injustificada". El consejero aseguró que el cambio parcial de la gestión de los ambulatorios se aprobó hace meses en el Parlament, con el voto favorable del PSC.

Por su parte, Corbacho aseguró que el consejero está "fomentando una polémica sin sentido al negarse a recibir a miembros de la plataforma, y al haber enviado a los Mossos d’Esquadra a desalojar una ocupación pacífica del ambulatorio de la Torrassa". Corbacho acusó a Pomés de "no escuchar a la gente, tal y como hace el PP con la guerra".

Por su parte, el secretario general de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, ha reclamado a la Generalitat de Cataluña que no plantee ninguna nueva adjudicación de la gestión de ambulatorios a empresas ajenas hasta que se realice un estudio de evaluación del funcionamiento de estos centros una vez finalizada la reforma de la Atención Primaria.

Además, exigió garantías al Gobierno catalán para que "en ningún caso" se adjudique la gestión de Áreas Básicas de Salud y Centros de Atención Primaria (CAP) a entidades privadas con finalidad de lucro, al considerar "clave" mantener "el carácter público y universal de la Atención Primaria".

Carod presentó una propuesta de ERC de reforma de los servicios de Atención Primaria en Cataluña y, como paso previo, los republicanos someterán a votación en el próximo Pleno una moción en la que plantean la necesidad de realizar un estudio que evalúe el funcionamiento y los resultados de esta reforma, tanto de los centros gestionados por el Instituto Catalán de la Salud (ICS), como de los que se ha externalizado la gestión.

ERC justifica la demanda ante las "dudas recientes en relación al funcionamiento y organización" de estos servicios, "sobre todo a partir de la cesión de la gestión a entidades y organismos de procedencia diversa y composición variada y diferentes del ICS". Una vez hecho público el estudio, los republicanos proponen consensuar una solución de futuro "eficaz y eficiente" entre profesionales sanitarios, usuarios, sindicatos, organizaciones de trabajadores y grupos políticos.

El modelo consensuado debe ser de "carácter público, universal y capaz de afrontar los retos de futuro de coordinación real y efectiva con los servicios de carácter social, tanto de ámbito local como comarcal y nacional, y también con la atención hospitalaria", según Carod.

Efectos negativos

El grupo parlamentario de ICV, por su parte, ha presentado dos iniciativas en la Cámara catalana para "detener inmediatamente el proceso de concurso y contratación de la gestión de centros, servicios y establecimientos sanitarios" con entidades ajenas a la Administración, ya que este modelo "tiene efectos negativos sobre los pacientes y los trabajadores" de estos Centros de Atención Primaria (CAP), denunciaron.

El presidente de ICV, Joan Saura, citó entre dichos efectos la "dualización" del sistema sanitario y la "selección adversa de pacientes". Denunció, en este sentido, que "algunos CAP privatizados derivan a los hospitales públicos los tratamientos caros y a los hospitales que tienen asociados los que no lo son", por lo que "la derivación no obedece a criterios de salud" y genera "dos listas de espera paralelas".

Asimismo, aseguró que dichos centros "dan prioridad a los pacientes que vienen del sistema privado y les atienden mejor y más deprisa", recordando que su gestión ajena a la Generalitat les obligue a "luchar para no perder dinero", lo que "tiene consecuencias" en los servicios prestados.

Saura denunció la "falta de control democrático" sobre la actividad sanitaria de estos centros y sobre su gestión de los fondos públicos, por lo que reclamó el cese de la implantación de un modelo que supone "un ataque frontal al sistema sanitario público". El dirigente de ICV, que ha solicitado a la Generalitat una copia de los contratos de todos los centros concertados, advirtió asimismo de la "aceleración de esta privatización", que atribuyó a un Gobierno de CiU "preocupado" por la proximidad de las elecciones.