Ante la política de austeridad y recortes en el sector público,  que viene condicionada fundamentalmente por la pérdida tan elevada de recursos humanos, Comisiones Obreras ha querido profundizar en cómo está afectando esta situación a los empleados públicos , a través de realización de un informe.

En el mismo, se desvelan datos como que el porcentaje de sobreesfuerzos en relación con el total de accidentes en jornada de trabajo con baja ha ido incrementándose progresivamente, pasando de un 28,4 por ciento, sobre el total en el año 2000, al 38,9 por ciento del año 2015. Según datos del propio Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, la actividad donde más sobreesfuerzos se producen es en la Administración Pública y Defensa, con un 9,1 por ciento y en tercer lugar en las actividades sanitarias, con un 5,9 por ciento.

Ante estos datos, CC. OO concluye que la precarización del sector público ha incidido directamente sobre la salud de empleados públicos , puesto que ha supuesto un aumento exponencial de la carga de trabajo, que ha tenido una consecuencia inmediata sobre la multiplicación de accidentes con baja relacionadas con el sobreesfuerzo físico y mental.

Causas y soluciones

Desde el punto de vista de CC.OO esta situación tiene como origen el hecho de que  el sector público ha sufrido un intenso proceso de deterioro del empleo, caracterizado por una aguda pérdida de puestos de trabajo, un aumento relevante de la temporalidad del mismo y por un preocupante envejecimiento de las plantillas, datos que aparecen reflejados de manera pormenorizada en el documento.

Es por ello que para poner soluciones a la situación, el sindicato reclama medidas preventivas como la evaluación de riesgos laborales donde se establezca cuál es la carga de trabajo saludable en cada unidad administrativa y un incremento de recursos humanos que impida el aumento de accidentes laborales en el sector público y garantice la salud de los empleados públicos.

Además, desde CC.OO hacen hincapié en que de no tomar estas medidas la situación podría agravarse debido a que según los datos de la EPA (4T/2017), el envejecimiento de las plantillas en las Administraciones Públicas sigue en aumento. De esta manera apuntan que el 42,3 por ciento de las trabajadoras y trabajadores en las Administraciones Públicas tienen más de 50 años. Mientras, el colectivo de los menores de 30 años tan solo representa el 6,3 por ciento. Todo ello teniendo en cuenta que la temporalidad  también se dispara: de las 88.600 nuevas contrataciones que se han producido en el último año, el 67,5 por ciento  son de tipo temporal.