e centro agrupará todas las funciones que hasta ahora realizaba la Organización Nacional de Trasplantes, "y las enriquece con uno de los ámbitos más novedosos y prometedores de la investigación biomédica: la Terapia Celular y la Medicina Regenerativa", según consta en una enmienda del Grupo Popular en el Senado al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Es
24 de agosto 2011. 3:40 pm
E.P., Madrid.- El Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo que coordinará la investigación con células madre en España, contará con una financiación de 1,5 millones de euros en 2004, según consta en una enmienda introducida por…
E.P., Madrid.- El Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo que coordinará la investigación con células madre en España, contará con una financiación de 1,5 millones de euros en 2004, según consta en una enmienda introducida por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La enmienda explica que el Centro Nacional agrupará todas las funciones que hasta ahora realizaba la Organización Nacional de Trasplantes, 'y las enriquece con uno de los ámbitos más novedosos y prometedores de la investigación biomédica: la Terapia Celular y la Medicina Regenerativa'.
Este centro fue creado en virtud de la reforma de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida, aprobada definitivamente que entró en vigor a finales del pasado mes. Además, su puesta en marcha ha cobrado actualidad a raíz del recurso de inconstitucionalidad que presentará el Gobierno a la ley andaluza que, entre otros aspectos, prevé la puesta en marcha de su propio banco de células madre.
Por su parte, tal y como ya ha informado EL MEDICO INTERACTIVO, el Parlamento Andaluz tiene previsto debatir una propuesta de PSOE, IU y Partido Andalucista para presentar igualmente un recurso ante el Constitucional contra la Ley sobre Reproducción Asistida impulsada por el Gobierno por considerar que la norma constituye una 'flagrante invasión de competencias' de las Comunidades Autónomas.