La medida propuesta en el Gobierno balear, impulsado por el partido Mes y asumido en el Parlamento regional por el cuatripartito que gobierna las islas, de exigir al personal sanitario hablar catalán podría tener consecuencias negativas tanto para el Sistema sanitario como para los pacientes, ha denunciado la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

Así, el sindicato ha mostrado su rechazo a la misma y ha informado de que según las estimaciones del sindicato médico balear (Simebal-CESM),  la misma supondría excluir a 340 médicos interinos, a 3.500 profesionales de enfermería y a más de mil auxiliares. Todo ello teniendo en cuenta que en Baleares se da una escasez crónica de profesionales por razones de su insularidad, lo que agravaría aún más la situación.  Ante esta situación, que pondría en riesgo el derecho a la salud de la población balear, CESM insiste en repudiar el citado proyecto y manifiesta su total apoyo al sindicato médico de las islas en cuantas iniciativas tome para oponerse al mismo.

Barreras legales

Además de este argumento, desde CESM han querido recordar que la imposición lingüística de hablar catalán no obedece a una demanda social, como dan a entender a sus promotores. La prueba es que de las 7.000 quejas recibidas en el servicio de salud el último año, sólo 5 fueron puestas por personas que echaban en falta ser atendidas en catalán.

Asimismo, han puesto de manifiesto que la puesta en marcha de esta medida pondría en riesgo el principio básico de la igualdad de oportunidades y la libre circulación de los profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Igualmente añaden que la acreditación del conocimiento de la lengua autonómica en las Islas Baleares debe ser un mérito valorable y no un requisito sine qua non para el acceso a los puestos de personal facultativo sanitario asistencial.