Laura Fonseca, Oviedo.-El Colegio de Médicos de Asturias ha apoyado el acuerdo del Gobierno central de recurrir la ley de exclusividad médica del Principado. La presidenta de la organización colegial, Carmen Rodríguez Menéndez compareció en rueda de prensa apenas 24 horas después de que el Consejo de Ministros diera a conocer su decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa asturiana que impone la exclusividad a los nuevos facultativos del sistema sanitario público. Rodríguez Menéndez compareció ante los medios secundada por parte de la junta directiva. La relevancia de los hechos exigía la presencia de buena parte del Colegio, principal impulsor del recurso que ahora llegará al Tribunal Constitucional.
Carmen Rodríguez no escatimó en manifestaciones y aseguró que el recurso del Estado es una 'restitución de la libertad al sector'. La presidenta del Colegio de Médicos de Asturias considera que la presentación de este recurso demuestra que la medida del Principado, incluida en las disposiciones adicionales de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2003, representa 'una clara extralimitación' en las funciones de la Administración regional, tal y como había denunciado dicha institución en varias ocasiones.
El Colegio de médicos del Principado anunció en enero de este mismo año, apenas unos días después de aprobada la Ley sobre la exclusividad en la Sanidad pública asturiana, la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, actuación para la que necesitaría del apoyo del Gobierno central. Según indicó Carmen Rodríguez, la tesis presentada por el Colegio de Médicos se basó en el artículo 149 de la Constitución Española, por el que, señaló, 'las comunidades autónomas invaden las competencias estatales cuando imponen este tipo de normas'. Además, recordó que la legislación establece que 'el complemento específico es inherente a las personas y no al puesto de trabajo, lo que hace que la exclusividad no pueda ser obligatoria'.
Rodríguez reconoció que la decisión del Ejecutivo central es producto de las negociaciones mantenidas durante tres meses con el Ministerio de Sanidad y con el Defensor del Pueblo. Aseguró, en este sentido, que mantuvo varias entrevistas 'con las más altas instancias del país', entre las que citó a la titular de Sanidad, Ana Pastor, e incluso apuntó que el presidente del Gobierno se había interesado por el tema.
No obstante, la responsable de la organización colegial, que ya mantuvo fuertes enfrentamientos con la Consejería de Salud y con el propio presidente del Principado (el último tuvo lugar el pasado verano, cuando la comunidad vivió una huelga sanitaria de tres semanas), dejó claro que la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. Será este órgano, recordó, el que en próximos días procederá a suspender la aplicación de la norma, como medida cautelar, para emitir su veredicto final en el plazo de unos cinco.
En cualquier caso, Rodríguez se apresuró a señalar que la tesis del Colegio de Médicos de Asturias es la misma que el Ministerio de Sanidad reflejará en la futura ley del Estatuto Marco, cuyo proyecto ya especifica que 'la exclusividad es voluntaria', indicó, y cuyo texto está siendo debatido, entre polémica, estos días entre las Administraciones central y autonómicas.
Reacciones políticas
Las reacciones a la decisión del Ejecutivo central no se han hecho esperar. El primero en pronunciarse sobre este asunto ha sido el propio presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, quien achacó la presentación del recurso ante el Constitucional a 'intereses políticos' del PP. El jefe del Gobierno asturiano se mostró visiblemente molesto por la actuación de la Administración del Estado y dejó claro que 'no nos quedaremos cruzados de brazo'. En este sentido, advirtió que tras la suspensión provisional que decretará el alto tribunal, 'la exclusividad médica se aplicará en la Sanidad asturiana'. 'Utilizaremos las reglas de juego para garantizar la puesta en marcha de esta medida', dijo.
Quien también se pronunció sobre este asunto fue el portavoz parlamentario de Izquierda Unida de Asturias, Francisco Javier García Valledor, quien aseguró que el recurso del Estado es otra 'vuelta de tuerca en el centralismo del PP', así como un 'nuevo ataque al autogobierno de Asturias'. Valledor lamentó que el Ejecutivo central pretenda 'vaciar de contenido' a las comunidades autónomas.
Otra de las opiniones vertidas estos días sobre el recurso contra la exclusividad médica fue la del catedrático en Derecho Administrativo por la Universidad de Oviedo, Raúl Bocanegra, quien dijo tener la sensación de que 'asistimos a un pleito con más fundamento político que jurídico'. El jurista asturiano destacó que la Administración asturiana tiene una 'muy sólida defensa' de sus argumentos para alegar la validez de la exclusividad para los médicos. No obstante, admitió que, de forma temporal, la medida beneficia a los intereses de los profesionales sanitarios, toda vez que se paraliza la aplicación de la dedicación única exigida por el Principado.
Lo cierto es que el paso dado el pasado viernes por el Consejo de Ministros supone la primera victoria en la batalla iniciada por los médicos para frenar la aplicación de la dedicación exclusiva en el sistema de salud asturiano. Además, es la primera vez en la historia de la región que el Estado recurre una medida contenida en los Presupuestos del Principado.
El Colegio de Médicos ya había advertido que la medida no se ajustaba a derecho, y el PP les ha dado la razón. Pero, sin duda, la exclusividad guarda otros componentes políticos de más alcance por el intenso debate abierto en Asturias entre la Administración y los profesionales médicos. La primera consecuencia está clara: habrá que esperar un tiempo para su ejecución, ya que el anuncio del Ejecutivo central tiene una repercusión automática. Es lo que en términos jurídicos se denomina un «privilegio del Estado», por el que se suspende de forma automática la aplicación de cualquier normativa que se recurra. Luego, la Administración tiene un periodo para formalizar el trámite legal. Después, el Constitucional se dirigirá a la Junta General y al Gobierno asturiano para que presenten sus correspondientes alegaciones. Al final del proceso, que cuenta con un plazo máximo de seis meses, emitirá su veredicto. Aunque la mayoría de los recursos admitidos a trámite se suelen archivar, lo cierto es que si no fuera así, la resolución podría prolongarse, como mínimo, de dos a tres años.