L. Fonseca. Oviedo.- La polémica sobre la implantación de la exclusividad médica obligatoria en Asturias se ha reabierto en plena campaña electoral por los comicios autonómicos y municipales. La presidenta del Colegio de Médicos de Asturias, Carmen Rodríguez, ha desestimado realizar cualquier tipo de comentarios respecto a las manifestaciones del consejero de Salud del Principado, Francisco Sevilla, que ha acusado al Gobierno Central de defender los intereses de la institución colegial al recurrir la ley asturiana sobre exclusividad médica.

Carmen Rodríguez, en declaraciones a EL MEDICO INTERACTIVO, quiso dar por zanjada la polémica y afirmó que "estamos en un Estado libre y cada quien puede decir lo que quiera?. No obstante, no pudo dejar de mostrar su extrañeza por la fecha escogida por el consejero de Salud para pronunciarse sobre la ley de exclusividad y se preguntó ¿porqué no emitió su opinión hace un mes?, cuando fue admitido a trámite el recurso ante el Constitucional.

En declaraciones a un periódico regional, el titular de Salud del Principado se mostró visiblemente molesto por la decisión de la Administración central de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, trámite que ha obligado al Principado a suspender cautelarmente la ley sobre exclusividad médica. Precisamente, Sevilla se refirió al papel que en todo este asunto ha jugado el Colegio de Médicos de Asturias, al que responsabilizó directamente de lo sucedido.

Estas son las primeras declaraciones realizadas por el consejero de Salud del Principado después de que hace un mes el Tribunal Constitucional aceptara a trámite el recurso promovido desde el Colegio de Médicos y que fue presentado a través de la Administración estatal. Sevilla se mostró respetuoso con la decisión judicial, pero no pudo dejar de exhibir su extrañeza con el Ministerio de Sanidad que, según él, cuenta con informes favorables a la normativa asturiana.

Como se recordará, la regulación sobre exclusividad médica fue aprobada a finales del pasado año, dentro de la ley de acompañamiento presentada por el Gobierno regional junto a los Presupuestos Generales del Principado. La misma establecía la obligatoriedad de aceptar la exclusividad a aquellos nuevos facultativos que pasaran a integrarse a las plantillas del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Con esta medida, la Administración del Principado pretendía "reforzar" el compromiso de los médicos con la sanidad pública, máxime cuando la región se prepara para convertir en fijos a casi un 40 por ciento de la actual plantilla a través de la OPE extraordinaria.

Para Francisco Sevilla, la decisión del Gobierno central ha sido "forzada", ya que existen informes jurídicos del Ministerio de Sanidad que descartaban cualquier vulneración de los preceptos constitucionales en la norma asturiana. De hecho, recordó que el argumento defendido en el recurso de inconstitucionalidad (conculcación del principio de igualdad ante la ley) es difícilmente entendible, ya que lo que no se puede vulnerar, advirtió, son los derechos ya adquiridos de los trabajadores, de ahí, que la ley de exclusividad se centrara casi exclusivamente en los nuevos médicos. Para Sevilla, la actuación de la Administración central es una clara "decisión política" que no hace más que "defender los intereses particulares" del Colegio de Médicos de Asturias.

La polémica entre médicos y Principado se remonta al pasado enero, cuando el Colegio de facultativos, apenas unos días después de aprobada la ley sobre la exclusividad en la Sanidad pública asturiana, anunció la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, actuación para la que necesitaría del apoyo del Gobierno central. La tesis presentada por el Colegio de Médicos se basó en el artículo 149 de la Constitución Española, el cual señala que las comunidades autónomas pueden estar actuando de forma ilegal e invadir las competencias estatales cuando imponen este tipo de normas. Además, la organización colegial recordó nada más aprobarse la normativa, que la legislación establece que "el complemento específico es inherente a las personas y no al puesto de trabajo, lo que hace que la exclusividad no pueda ser obligatoria".

Carmen Rodríguez reconoció en su día que la decisión del Ejecutivo central es producto de las negociaciones mantenidas durante tres meses con el Ministerio de Sanidad y con el Defensor del Pueblo. Aseguró, en este sentido, que mantuvo varias entrevistas "con las más altas instancias del país", entre las que citó a la titular de Sanidad, Ana Pastor, e incluso apuntó que el presidente del Gobierno se había interesado por el tema.