Redacción, Madrid.- El Colegio de Médicos de Cádiz ha instado, a través de un escrito, al presidente y al fiscal jefe de la Audiencia Provincial, así como al magistrado juez del registro civil, a que adopten las "medidas oportunas" ante la entrada en vigor del Código Numérico Personal para los profesionales sanitarios de la Junta de Andalucía, "con el fin de salvaguardar la legalidad de documentos oficiales de ámbito estatal, que tienen como requisito para su validez la consignación del número de colegiado médico".

La entrada en vigor del Decreto 151/2003, por el que se establece el citado Código Numérico Personal, puede originar, a juicio de la entidad médico-colegial, "confusión entre los colegiados y crear inseguridad jurídica sobre la validez de documentos oficiales de ámbito estatal", en donde debe de consignarse el número de colegiado del médico, entre otros, declaraciones para el registro civil, certificaciones de nacimiento, de defunción, partes médicos de incapacidad, recetas de estupefacientes y el resto de modelos aprobados estatalmente.

El nuevo Decreto 151/2003 establece en su Disposición Adicional Primera que el profesional del sistema sanitario público que no estuviera colegiado hará constar dicha circunstancia con la expresión de "no colegiado", vulnerando con ello, en opinión del Colegio gaditano, "la norma estatal y expidiendo unos documentos oficiales que carecen de los requisitos previstos para su validez en el resto del territorio nacional".

Según señala el Colegio en un comunicado, el Consejo Andaluz ha acogido "con entusiasmo" esta iniciativa y ha remitido modelos de dichos escritos a todos los Colegios Médicos de la Comunidad Autónoma "para que emprendieran las mismas acciones que el Colegio Médico gaditano, como así está ocurriendo".

Mientras se recibe respuesta, el Colegio de Médicos de Cádiz ha remitido también la problemática a la OMC "a fin de que por la misma se tomen las medidas oportunas para evitar que los médicos andaluces incumplan la normativa estatal".

Por último, también ha enviado al Consejo Andaluz un escrito solicitando que se adopten otra serie de medidas "para evitar que los facultativos prescriban recetas sin todas las garantías previstas para su validez y con el fin de evitar que los médicos infrinjan la normativa estatal existente al respecto".