Jesús Romano, Córdoba.-Ante el aumento del número de casos de agresiones a profesionales sanitarios, el Colegio de Médicos de Córdoba ha decidido solicitar a la Subdelegación del Gobierno central en esta provincia que adopte medidas para evitar que se produzcan estos 'actos y situaciones violentas a las que se ven abocados' los facultativos que prestan sus servicios en determinados centros, según apuntó el presidente de la citada institución, Jesús Aguirre.
El creciente número de estos casos ha hecho que las agresiones a médicos durante el ejercicio de la profesión se haya convertido en una de las principales preocupaciones del Colegio, que ha llegado a elaborar un informe en el que se analiza esta problemática. Según este estudio, 'los puntos donde los médicos hacen un diagnóstico de mayor conflictividad y donde se deberían articular medidas preventivas' son los puntos de dispensación de metadona, las urgencias hospitalarias, los servicios normales de urgencias y los centros de salud y puntos de urgencias de Peñarroya, Montoro, Palma del Río, Puente Genil, Montilla, Baena y Priego de Córdoba. En definitiva, aproximadamente el 35 por ciento de los profesionales de la medicina están expuestos a sufrir agresiones durante su jornada laboral.
Tras remitir el citado informe al subdelegado del Gobierno en Córdoba, José Antonio Mancheño, el presidente del Colegio de Médicos ha manifestado a EL MÉDICO INTERACTIVO que el máximo representante de la Administración central en la provincia se ha mostrado dispuesto a tomar cartas en el asunto.
En esta misma línea, un informe de la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Córdoba sobre la violencia contra los profesionales médicos, al que ha tenido acceso este diario, apunta que la entidad médico-colegial 'ha tomado la iniciativa de hacer intervenir a los responsables de la Subdelegación del Gobierno, como primera medida, pero no se nos oculta que esa gestión que ha sido importante y trascendente, es tan sólo un eslabón en la cadena de protección que nuestros colegiados necesitan a veces de forma perentoria'.
Dicho informe, que alude a 'un estudio aparecido en la REVISTA EL MEDICO', señala que 'nuestra legislación sanitaria empieza a contar con una regulación básica donde encontrar la necesaria acogida el ejercicio de los derechos que son propios del paciente; hoy representa un ejemplo verdaderamente ilustrativo la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación clínica, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados, y que entrará en vigor en mayo del presente año'. 'Hay que agradecer al legislador -añade el documento- esa preocupación plasmada en la legislación, pero sentimos un vacío evidente al observar que transcurren las legislaturas, se suceden los responsables ministeriales, se arbitran mejoras en el sector sanitario, y tenemos que seguir lamentando que los profesionales sanitarios' sean los grandes 'olvidados de estas normas protectoras de derechos, y que cuando tenga que acometerse un servicio de riesgo, nos encontremos con una situación de absoluto desamparo'.
En este sentido, el asesor jurídico del Colegio de Médicos de Córdoba, Antonio de Torres, ha asegurado que en estos momentos 'podemos hacer referencia desde agresiones físicas, amenazas de muerte e intentos de homicidio, hasta la clásica vejación y coacción injusta que se genera en el marco de situaciones aparentemente inofensivas'.
Tras aclarar que el perfil típico del agresor no siempre va unido a la drogadicción o a una perturbación mental o situaciones de marginalidad, sino que cada vez responde más al de un usuario 'que sencillamente espera del sistema sanitario público más de lo que realmente éste le ofrece', De Torres Viguera sostiene que 'la ira del paciente o de su familia no se traduce en acciones contra la Administración Sanitaria Pública, en cuyo marco se producen estos acontecimientos violentos de forma casi absoluta, sino que su cólera la paga generalmente el médico o el personal auxiliar'.
Asimismo, el asesor jurídico apunta a la masificación de los servicios, 'en los que todo el mundo quiere una atención rápida, eficaz y puntual' como uno de los principales factores de la conflictividad. Es por ello que 'los servicios de urgencias han sido territorio abonado a conflictos permanentes, pero al mismo tiempo esta conflictividad se ha extendido' a otros puntos, como los centros de salud en poblaciones de poca entidad.
'A todo esto -apostilla De Torres- se une que para la Administración sanitaria los médicos no cuentan. En todos los años que la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Córdoba se ha profesionalizado y se ha convertido en un servicio permanente, no hemos visto, que nosotros recordemos, ni una sola actuación del Servicio Andaluz de Salud o de sus antecesores, personándose en unas diligencias aperturadas por violencia contra el profesional, en calidad de acusación particular, y mostrando públicamente al paciente que protege al trabajador, que ampara al médico'.
Ante estas premisas, se estima fundamental la mayor presencia de personal de seguridad en los centros sanitarios. Además, se critica que la práctica totalidad de las consultas de riesgo no están dotadas de sistema de alarma tanto auditivas como conectadas al sistema de seguridad o doble puerta.