Redacción, Madrid.-El Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) tiene intención de solicitar a los Mi-nisterios de Sanidad y Trabajo que arbitren las medidas necesarias para que las patologías físicas o psicológicas derivadas de las agresiones contra los trabajadores sanitarios sean reconocidas como enfermedades profesionales, al considerar que este tipo de acciones constituyen un riesgo laboral pa-ra los mismos, según ha informado dicha institución a sus colegiados a través de un comunicado al que ha tenido acceso EL MEDICO INTERACTIVO.

El ICOMEM cree necesario, asimismo, la creación de un régimen de sanciones administrativas inme-diatas para quienes actúen de forma violenta contra estos profesionales, "sanciones que pueden ir desde el traslado forzoso a otro centro sanitario para recibir asistencia hasta la pérdida temporal del derecho a la misma de forma gratuita en los casos más graves", según propone esta entidad en el referido comunicado.

La institución presidida por la doctora Juliana Fariña pretende de esta forma mostrar su preocupación ante el aumento incesante de "las agresiones, los insultos, las coacciones y otro tipo de vejaciones padecidas por los profesionales sanitarios en los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid". Ac-tos que, en opinión del Colegio madrileño "son fruto del uso indebido del sistema sanitario por parte de individuos que ignoran u olvidan sus obligaciones como usuarios del mismo, que basan su actitud en la fáctica impunidad de sus actos y en la incapacidad del propio sistema sanitario para dar res-puesta a dicha actitud.

Esta corporación incide en que "estas conductas agreden, en principio, a los profesionales que las sufren; no obstante, dado que comportan su desmotivación y la pérdida de su predisposición positiva hacia la realización de sus funciones, conllevan la disminución efectiva de la calidad en la prestación del servicio al resto de la comunidad".

Finalmente, el Colegio de Médicos recuerda a todos sus colegiados que pone a su disposición asis-tencia letrada gratuita para cualquier demanda judicial interpuesta como consecuencia de haber sido objeto de violencia física.