Jesús Romano, Málaga.-Las agresiones al personal sanitario que trabaja para la Administración pública no cesan. Así lo constatan las denuncias tramitadas a través del Colegio de Médicos de Málaga que, dada la especial incidencia de este problema, se ha marcado como objetivo "vehiculizar todos los casos para que se juzguen como delitos por atentado" a la autoridad, y no como delito de faltas, que en la mayoría de las ocasiones se resuelven con una multa o sanción pecuniaria sin trascendencia.

Según explicó a EL MEDICO INTERACTIVO el jefe del gabinete jurídico de la citada institución colegial, Federico del Alcázar, el servicio que dirige se ha encargado, tan sólo en el último año, de 15 denuncias por agresiones a facultativos malagueños. Sin embargo, "esto es tan sólo la punta del iceberg", ya que "no todos los casos llegan a la vía judicial, puesto que muchas veces ni siquiera se denuncian", explicó el abogado.

El letrado también recordó que el Colegio de Médicos ya planteó el problema del maltrato a los profesionales sanitarios tanto a la Subdelegación del Gobierno como a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. No obstante, no se ha adoptado ninguna medida para paliar la situación e, incluso, "la Policía se inhibe diciendo que hasta que la víctima no denuncia, los agentes no pueden actuar, y no toman medidas drásticas".

Ante esta perspectiva, el gabinete jurídico pretende ahora que todos los casos en los que un médico sea víctima de la violencia de un paciente o familiar de éste último "no se quede en un mero juicio de faltas, sino que se trate como un delito de atentado". "Ya lo estamos consiguiendo, aunque con mucha lentitud, y estamos demostrando que la agresión a facultativos no tienen menor índole" que otros episodios violentos, apuntó.

Tras explicar que esta posibilidad está contemplada en el Código Penal, Del Alcázar justificó seguir esta vía exponiendo que cuando se produce un episodio de este tipo, "se está atentando contra un funcionario, que trabaja en un centro de la Administración pública, y está desarrollando una labor de prestación de servicio para el ciudadano".

Asimismo, rechazó que con iniciativas de este tipo se esté "luchando en sentido corporativista", sino que, "simplemente, el médico no tiene por qué soportar estos envites", mientras que la Administración sigue sin tomar las medidas preventivas oportunas. No obstante, reconoció la dificultad que supone "poner un guardia de seguridad en cada centro de salud".

El letrado, que lleva 35 años en la asesoría jurídica del colegio malagueño, indicó que ya se han conseguido algunas sentencias en las que se condena al agresor por delito de atentado a la autoridad, y señaló que, actualmente, se está a la espera de que se produzca se emita un fallo judicial a raíz de que un médico sufriera fracturas en una mano a causa de "un portazo que dio uno de sus pacientes".

El también secretario perpetuo del Instituto Andaluz de Derecho Sanitario indicó que la institución médico-colegial logró que el pasado verano se dictaran dos resoluciones judiciales de alejamiento, "apartando así al agresor, durante el tiempo que establezca la sentencia, tanto del domicilio como del centro sanitario en el que el agredido ejerce su trabajo".

A su juicio, ésta es "una medida importante", dado que, en la mayoría de los casos que se venían denunciando, "lo común era que se estableciera una multa o sanción pecuniaria, aunque la ley establece penas hasta de privación de libertad".

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Enrique López Peña, admitió que existe una tendencia al alza en cuanto al número de agresiones, que achacó al empeoramiento de las relaciones médico-enfermo, entre otras causas.

"Este problema ya se ha llevado al Consejo Provincial de Salud -que se constituyó este mismo año- y se le planteó al delegado provincial en Málaga ,José Luis Marcos; finalmente se acordó crear una comisión para estudiar las causas y paliar esta situación", manifestó en declaraciones a este diario el máximo responsable de la mentada institución. Al respecto, López Peña se congratuló de que la entidad que preside se encuentre a la vanguardia en la adopción de iniciativas como las que emprende el gabinete jurídico del Colegio y destacó la importancia de que los episodios de violencia en centros sanitarios "no que se queden en un simple delito de faltas".

"Ya hemos conseguido varias sentencias de este tipo y tengo conocimiento notorio de que se está ganando la carrera en otras provincias", concluyó.