Jesús Romano, Málaga.- La última resolución del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en virtud de la cual se obliga a jubilarse a todos los profesionales sanitarios mayores de 64 años que trabajen para la Administración regional, no ha dejado indiferente a los Colegios de Médicos de Andalucía, que han acogido la medida con más estupefacción que rechazo.

Y es que, según los máximos representantes de estas instituciones, la iniciativa parece haberse adoptado sin haberse realizado previamente una evaluación seria y pormenorizada de la actual situación del sistema público sanitario de esta Comunidad, que podría padecer de forma casi automática una importante carencia de personal en determinadas áreas y unidades, al no existir una cartera de especialistas adecuada para cubrir los retiros previstos.

Así lo indicó, a EL MEDICO INTERACTIVO, el vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Enrique López Peña, quien se quejó de que el SAS haya "aplicado al pie de la letra y sin medir las consecuencias" lo estipulado en el Estatuto Marco, y haya "llevado a su extremo la aplicación" del Plan de Ordenación de Recursos Humanos, aprobado el pasado día 9 de noviembre con el apoyo de CCOO y UGT, y la oposición del Sindicato Médico y CSI-CSIF.

A este respecto, el también presidente del Colegio de Médicos de Málaga explicó que estas jubilaciones forzosas provocarán la falta de especialistas al no haberse programado una relación de nuevos facultativos suficientes para suplir dichos retiros, y puso como ejemplo el servicio de Medicina Preventiva de un hospital de la región, en el que dejarán de trabajar tres de sus cuatro miembros el próximo día 1 de diciembre.

En opinión del doctor López Peña, "no es lógico aplicar la ley de forma tan tajante, y de un día para otro", ya que no sólo "no se tiene en cuenta al trabajador", sino que tampoco "se ha pensado en el usuario", que podría ver mermada sus prestaciones en el sistema público.

Ante esta perspectiva, consideró que "lo más oportuno hubiera sido aplicar el plan de jubilaciones como lo han hecho otras comunidades autónomas, como Madrid, que han apostado por acometer esta medida de forma progresiva y gradual, no de golpe y porrazo".

"Atropello"

En similares términos se pronunció su homólogo en el Colegio de Médicos de Córdoba, Jesús Aguirre, quien calificó de "atropello" la resolución aprobada por el SAS, que afectará a un total de 939 profesionales, de los que 432 son médicos, que no podrán incorporar ya a su puesto de trabajo a partir del próximo miércoles, 1 de diciembre.

"En el sistema público andaluz, hay un déficit estructural de médicos, que se verá acentuado con la aplicación de este plan de jubilación", manifestó el dirigente colegial, quien incidió en que "en determinados departamentos, las bajas no se podrán ver compensadas con la incorporación de nuevos profesionales que suplan las vacantes", dado que "no hay especialistas suficientes" en cartera para cubrir los mentados retiros.

A su juicio, el SAS "debería haber evaluado la situación, tendría que haber realizado un estudio pormenorizado de los recursos humanos con los que cuenta", porque, de este modo, sus responsables "se habrían dado cuenta que lo lógico hubiera sido que esta medida se hubiese llevado a cabo de forma escalonada".

En declaraciones a este diario, el doctor Aguirre también aludió a la aplicación que de este aspecto del Estatuto Marco han hecho otras regiones españolas, "que sí han optado por acometer las jubilaciones obligatorias de forma gradual". "Aquí (en Andalucía), sin embargo, se ha hecho de forma contundente, de un día para otro, por lo que se vuelve a dar un paso más en las políticas que nos llevan a incrementar las desigualdades con otras comunidades autónomas", apostilló.

Reclamaciones de los colegiados

La institución que dirige Jesús Aguirre ha remitido a todos sus colegiados mayores de 64 años, así como a los que se encuentran en tramos cercanos a la edad de jubilación forzosa, una carta en la que se les invita a cursar, a través de la asesoría jurídica del Colegio cordobés, las reclamaciones que estimen oportunas, y se les informa de las posibilidades de emprender acciones legales contra la Administración pública, si con la aplicación de esta medida ven mermados sus derechos.

Así lo indicó el presidente, quien aludió a la "delicada" situación de determinados profesionales, algunos de los cuales "ni siquiera han podido llegar a cotizar los 35 años estipulados por la ley para que puedan tener percibir una retribución del cien por cien de sus sueldos una vez que sean obligados a retirarse de la profesión médica".