La creación de la Comisión está contemplada en el artículo 34 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y su regulación fue desarrollada por el Real Decreto 1142/2007, en el que se determina la composición, las funciones y se regula el sistema de acreditación. De este modo, todos los esfuerzos se centran en su puesta en funcionamiento para abrir una nueva etapa en la que se sienten las bases de la formación continuada dirigida a los profesionales del SNS, así como los principios de acuerdo con los cuáles tendrá lugar la acreditación de actividades formativas en este ámbito.
La metodología de trabajo queda marcada según el artículo 34.4.b de la LOPS, donde se establece que una de las funciones de la Comisión de Formación Continuada es la propuesta para la adopción de programas o para el desarrollo de actividades y actuaciones de formación continuada de carácter prioritario y común para el conjunto del sistema sanitario. No obstante, fuentes del Ministerio de Sanidad y Consumo apuntaron que aún es pronto para abordar este asunto, 'aunque se hará en un futuro próximo'.
La Comisión estará formada por representantes de las Comunidades Autónomas y de los Ministerios de Defensa, Educación y Ciencia, y Sanidad y Consumo. Las mismas fuentes reseñaron que todavía no ha finalizado el plazo para designar a los portavoces que, entre sus funciones, se encontrarán las siguientes, definidas en el Real Decreto 1142/2007: emitir informes o dictámenes en materia de formación continuada. elaborar propuestas de coordinación y mecanismos de reconocimiento mutuo del sistema de acreditación. así como estudiar los procedimientos, criterios y requisitos para la acreditación de centros, actividades de formación continuada y profesionales en un área funcional específica.
Una de las funciones de esta Comisión es la propuesta para la adopción de programas o para el desarrollo de actividades y actuaciones de formación continuada que beneficien al conjunto del sistema
La Comisión de Formación Continuada, en su reunión de constitución, ya acordó un primer reparto competencial, estando pendiente de estudio la acreditación de las actividades de formación continuada no presenciales. Este aspecto se le ha encargado a la Comisión Técnica de Acreditación, que se constituirá en breve. El mismo tiempo cuenta para las CC.AA. que en la fecha de constitución de la Comisión de Formación Continuada no tenían operativo el sistema acreditador de la formación continuada: Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Murcia. El organismo les brindó un plazo de seis meses para ponerse al día, lo que significa que, a fecha de 10 de julio, deben estar preparadas. Según el Ministerio, todas ellas tienen los trabajos muy avanzados, por lo que están en disposición de hacerlo dentro del margen.
Orígenes
Los sistemas de formación continuada, tal como se conciben en la actualidad, tienen su origen en los programas de formación médica continuada que comenzaron a diseñarse en las Universidades norteamericanas a principios del siglo XX, siendo un claro exponente de ello los que se manejaban allá por 1911 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Kansas.
También en estos aspectos ha tenido su participación la Organización Mundial de la Salud, que, incluso, aporta una definición, entendiéndola esta actividad como 'la formación que un médico recibe después de finalizar su instrucción médica básica o, en su caso, después de terminar cualquier estudio adicional para ejercer la carrera de médico general o especialista'.
Ya en 1974, la Asamblea General de la OMS llamó la atención de los Gobiernos sobre la urgencia de desarrollar sistemas de formación continuada para los profesionales sanitarios basados en las necesidades nacionales y locales e integrados dentro del sistema.
En todo este tiempo, los Estados de la Unión Europea han entendido la formación continuada 'como una necesidad', pese a ello en la mayoría de ellos estas actividades siguen siendo voluntarias no incentivadas, recayendo gran parte del problema en su financiación.
De vuelta a España, la reciente Comisión de Formación Continuada tiene un claro precedente en el año 1997, cuando surgió una iniciativa similar promovida directamente por el Ministerio de Sanidad y Consumo, y encomendada al presidente del Consejo Asesor de Sanidad, a la Subdirección General de Relaciones Profesionales y a la Secretaría del Consejo Interterritorial.
Ya entre los meses de mayo y septiembre de 1997 se convocaron una serie de reuniones con los responsables del área de formación de las Consejerías de Salud, designados específicamente para este cometido por los respectivos consejeros. Tras ello, se logró la cristalización de un acuerdo que se plasma en un documento de consenso: 'Acuerdo sobre Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias'.
Este Convenio fue sometido a la consideración del Pleno del Consejo Interterritorial celebrado el 15 de diciembre de 1997, aprobándolo por unanimidad y suscribiéndolo mediante Convenio de Conferencia Sectorial. Con su tramitación, se comunicó al Senado y se publicó tanto en el Boletín Oficial del Estado como en los correspondientes Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas. El pacto también incluía establecer un Sistema de Acreditación válido para todo el Sistema Nacional de Salud, y basado en la coordinación y la colaboración eficaz entre todas las Administraciones Públicas.
Para lograr este objetivo se creó la Comisión de Formación Continuada por Resolución de 22 de diciembre de 1997, de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo, BOE de 13 de febrero de 1998, con carácter de Comisión Permanente del Consejo Interterritorial. La cláusula primera del Acuerdo determina que las funciones y acuerdos de la Comisión se desarrollarían y ejecutarían a través de los órganos administrativos de las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas, pudiendo, asimismo, desarrollarse por los órganos administrativos del Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo de la Comisión.
La Comisión de Formación Continuada celebró su sesión constitutiva el 22 de enero de 1998 en Sevilla, en la que, además, se acordó la creación de un Grupo de Trabajo para el estudio, análisis y elaboración de los criterios genrales de acreditación, así como del borrador de Régimen Interior de la Comisión. En la misma era designado presidente, Jesús Ramírez Díaz-Bernardo, por aquel entonces subdirector general de Relaciones Profesionales del Ministerio de Sanidad.
En ese año se da otro paso importante en la historia de la formación continuada de este país al definirse el concepto de FC, entendiéndose por tal 'el conjunto de actividades formativas destinadas a mantener o mejorar la competencia profesional (conocimientos, habilidades y actitudes) una vez obtenida la titulación básica o de la especialidad correspondiente'.
Durante 1998, la Comisión de Formación Continuada celebró un total de 16 reuniones, 10 del Pleno de la Comisión y 6 correspondientes a distintos grupos de trabajo. A finales de ese año, en el Pleno del Consejo Interterritorial, del 14 de diciembre de 1998, el presidente de la Comisión presentó el documento consensuado sobre el sistema acreditador, que recibió un apoyo unánime. Un año después, en 1999, el organismo celebró 21 sesiones, 11 del Pleno de la Comisión y 10 de grupos de trabajo. Como cuestión a destacar, cabe mencionar la publicación en el Boletín Oficial del Estado de 26 de agosto de 1999, de la Resolución de la Subsecretaría por la que se publican los acuerdos más importantes adoptados por la Comisión.
En el primer trimestre del año 2000, la Comisión celebró 19 reuniones, repartidas entre sesiones del Pleno de la Comisión (6) y de grupos de trabajo (5), el resto (8) son reuniones de la Comisión Permanente designada para el estudio de las propuestas de acreditación presentadas por los evaluadores. Ya en 2001, la actividad descendió sensiblemente: se convocaron un total de 15 reuniones, 7 correspondiente al Pleno de la Comisión y 8 como reuniones de la Comisión Permanente. En este período, cabe destacar la guía elaborada sobre contenidos a considerar como Formación Continuada. En esta línea decreciente, en 2002, el número de reuniones bajó a 9, de las que 2 correspondieron al Pleno de la Comisión y las restantes a la Comisión Permanente.
La agonía del sistema
Una vez que quedó patente que el organismo perdía fuelle, el director General de Planificación Sanitaria informó sobre los convenios de colaboración entre los Ministerios de Sanidad y Consumo y Educación, Cultura y Deporte y los Consejos Generales de Colegios de Médicos, Enfermeras, Farmacéuticos, Veterinarios y Odontólogos. En esta cita, la última del Pleno de la Comisión, los representantes de las distintas Comunidades Autónomas abandonan como rechazo a la firma del Convenio. Previamente, el 29 de marzo del año 2000, se incorporó al Sistema Acreditador de Formación Continuada, además de las profesiones ya representadas en el Pleno de la Comisión (Medicina, Farmacia, Veterinaria, Odontología y Diplomado en Enfermería), los diplomados en Nutrición Humana y Dietética sin necesidad de una representación específica en el seno de la Comisión de Formación Continuada del SNS.
Apenas año y medio después, el 26 de julio de 2001, existe una entrega de nota de abandono del organismo por los Consejos Generales de Colegios Profesionales, Conferencia Nacional de Decanos y Consejo Nacional de Especialidades Médicas. A cambio, en octubre de ese mismo año se acuerda ampliar a cuatro el número de representantes de las CCAA y que el mandato de los miembros de la Comisión Permanente sea de seis meses.
El 21 de febrero de 2002 se convocó una reunión para informar sobre la firma de los Convenios de colaboración entre el Ministerio y los Consejos Generales de Médicos, Enfermería, Veterinarios, Farmacéuticos y Estomatólogos. Esta vez, todas las CCAA manifiestan su rotunda oposición a la forma y fondo de los mismos. Avanzada la sesión, los representantes presentes en la cita, a excepción del de Madrid, abandonan y se desligan del encuentro.
Todas las CC.AA. deberán tener desarrollado antes del próximo 10 de julio el sistema acreditador de la formación continuada
Las encomiendas de Gestión a los profesionales dieron lugar a contenciosos-administrativos, presentados por el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, ambas autonomías de las más activas durante todo el proceso, así como un Requerimiento de Incompetencia por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Brillante, en cambio, resultó el sistema español de acreditación, que se basó en la valoración de los Componentes Cualitativo y Cuantitativo de la actividad. El primero resulta de una escala cualitativa de Licker, por parte de evaluadores externos, y el segundo tiene en cuenta el número de horas lectivas, convenientemente ponderado. Por ello, los expertos también dieron cuenta de que en un marco legislativo adecuado, el futuro del sistema español de acreditación presentaba unos indudables aspectos positivos que permiten contemplar el futuro con optimismo.
Durante los años 2003-04 no hubo reuniones del Pleno de la Comisión, pero sí se mantuvieron las de la Comisión Permanente, con un total de 10 reuniones (8 correspondiente al 2003 y 2 al 2004).
Con la creación de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud se abren nuevas fórmulas en materia de coordinación en formación continuada. Así, con fecha de 22 de septiembre de 2004, la Comisión de Recursos Humanos acuerda la creación de un Grupo de Trabajo sobre Mantenimiento, Desarrollo y Extensión del Sistema Acreditador de Actividades de Formación Continuada Sanitaria. Dicho Grupo establece la sistemática de trabajo que ya venía realizando la Comisión Técnica de Acreditación (Secretarías Técnicas de las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Sanidad y Consumo).
Expertos lamentan que las asociaciones profesionales no sean miembros formales de la actual Comisión, percibiendo la situación que se produce muy diferente a la de otros países
Entre los principales acuerdos alcanzados desde que la Comisión de Formación Continuada se pusiese en marcha en el año 97 caben señalar los siguientes: abrir el Sistema Acreditador de Formación Continuada al conjunto de las profesiones y profesionales sanitarios recogidos en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. incorporar criterios de independencia o de conflicto de intereses de las actividades de formación continuada. aplicar el control de asistencia como requisito formal para las actividades de carácter presencial. modificar el apartado evaluación correspondiente al componente cualitativo. establecer dos modelos de solicitud de acreditación, uno para actividades de carácter presencial y otro para actividades de carácter no presencial y mixto. instaurar una sistemática de trabajo para las reuniones de las Secretarías Técnicas. y 12 CC.AA. consiguieron actualizar el procedimiento general para la acreditación de actividades de formación continuada de las profesiones sanitarias.
'Mera reestructuración'
De ahí que el doctor Helios Pardell, director de Sistema Español de Acreditación de la Formación Médica (SEAFORMEC), recuerde que la Comisión de Formación Continuada constituida en el seno del Ministerio de Sanidad el pasado 10 de enero no se trata de ninguna plataforma nueva 'dado que la Comisión ya existía. Lo único que, con el último Real Decreto se va a reestructurar y a reorientar sus funciones en el marco de la nueva situación descentralizada'.
A su juicio, las funciones básicas de la Comisión se sitúan a tres niveles: por un lado, para garantizar la utilización de una metodología común de los sistemas de acreditación existentes. por otro, para asegurar la validez universal de los créditos y su utilización adecuada para los fines contemplados en la legislación (LOPS y Ley del Estatuto Marco). y finalmente, para posibilitar el juego equilibrado de los distintos entes administrativos y profesionales en el campo de la formación continuada. 'Otras funciones son complementarias y orientadas a la mejor ejecución de las anteriores'.
En cuanto al papel del Gobierno en todo este entramado, Pardell suscribe que no tiene porqué convertirse necesariamente en el diseñador exclusivo de programas formativos para los profesionales sanitarios. 'Por sus papeles como empleadores públicos mayoritarios, los Gobiernos autonómicos pueden participar, junto a las asociaciones profesionales, en el diseño de programas formativos, en función de las necesidades de cada situación y de cada momento. Pero, dado que las necesidades son de muy distinta naturaleza (de la población, del sistema, del empleador, del colectivo, de la asociación, ...), también es conveniente que en la provisión de la oferta formativa participen diversos agentes, huyendo de exclusivismos y de una centralización excesiva', defiende.
Profesionales no incluidos
Esta advertencia la hace extensiva al hecho de que las asociaciones profesionales no han sido tenidas en cuenta 'suficientemente' y, de hecho, ni siquiera son miembros formales de la Comisión, 'lo que comporta una situación diferencial en relación a otros países de nuestro entorno'. Un matiz que resta calidad al sistema, dado que tanto la OMC como las demás asociaciones profesionales médicas pueden aportar su conocimiento de primera mano de la situación científico-profesional, así como su experiencia en la provisión de programas formativos y, en los últimos años, en su acreditación. 'La perspectiva genuinamente profesional que la OMC y las demás asociaciones médicas pueden ofrecer representa un contrapunto a la visión más administrativa y de empleador de los gobiernos', sostuvo.
Máxime, cuando en la actualidad no existen datos fiables que permitan responder a qué porcentaje de facultativos continúan formándose durante el ejercicio de su carrera profesional. No obstante, el director de SEAFORMEC asegura que 'es notorio que la gran mayoría de los médicos en activo participan regularmente en programas formativos, movidos por dos motivos esenciales: por un lado, la elevada tasa de obsolescencia de los conocimientos científico-técnicos (se estima en unos cinco años la obsolescencia absoluta de la mitad del conocimiento, en un momento determinado) y, por otro, al nivel de compromiso personal con el ideario profesional, que comporta una obligación ética de mantenerse competentes a lo largo de la vida'.
Un paso más a dar en esta nueva etapa de la Comisión será la creación de la Comisión Técnica de Acreditación
Buen ejemplo de ello es que la OMC, bien a través de la propia Fundación o bien a través de los Colegios provinciales, está involucrada activamente en la provisión de programes formativos para sus miembros, orientados a satisfacer las necesidades cambiantes, desde una perspectiva de calidad garantizada.
Adicionalmente, y a partir de la 'encomienda de gestión' que los Ministerios de Sanidad y de Educación le concedieron en 2002, en partenariado con FACME, la Conferencia de Decanos y el Consejo Nacional de Especialidades, la OMC creó SEAFORMEC, como ente acreditador de programas de formación médica continuada, bajo la supervisión de la Comisión.
Es más, según asegura Pardell, tradicionalmente han sido las Sociedades Científicas, pero también los Colegios y otros entes privados, los que han ofrecido la mayoría de los programas formativos para médicos. Sólo en los últimos lustros, a medida que han adquirido un papel preponderante como agentes empleadores públicos prioritarios, los Gobiernos autonómicos han ganado peso en el mundo de la oferta formativa. 'En cuanto al papel de la Comisión, en este caso no es competencia suya ofertar programas formativos. Sus funciones, como hemos visto, son otras', avisa.
Sobre este punto, el portavoz de la OMC reflexiona que la oferta formativa, tanto a nivel nacional como autonómico, es muy diversa, lo cual es altamente deseable en un contexto como el español actual. 'Por su misma naturaleza, es de desear que la oferta de formación continuada sea variada y competitiva, debiendo huirse de la centralización y la formalización a ultranza. En este sentido, la experiencia de los países de la Europa del Este en las décadas anteriores, es altamente ilustrativa de hacia dónde no debemos caminar'.