A la espera de la publicación definitiva de los últimos resultados relativos al concurso de méritos de los opositores para dar por concluida la fase de selección correspondiente a la Consolidación Extraordinaria de Empleo, la percepción de la situación de cómo se está desarrollando este proceso es de lo más variopinta. Espaciadamente, van apareciendo los primeros resultados provisionales del concurso de méritos tanto en el antiguo Insalud como en las comunidades que se han sumado al proceso, aunque ello no quita para que la mayoría de los implicados reconozcan una ralentización general del mismo y las consecuencias que de ello pueden derivarse de cara al desarrollo de la siguiente fase, es decir, la de provisión. Fase que, si se tiene en cuenta las últimas estimaciones derivadas de una reciente reunión de la Comisión de Coordinación de la OPE, realizada a finales de mayo en Santiago de Compostela, ésta no comenzaría hasta el próximo mes de septiembre.
Tras la publicación provisional de los resultados de los baremos de la fase de selección, los opositores tendrán un plazo de 15 días para presentar sus reclamaciones
Este macroproceso, en el que se consolida al mismo tiempo plaza y destino y que, en opinión de muchos, será difícil de volverse a repetir, tuvo su pistoletado de salida oficial el pasado 27 octubre de 2002 con la celebración de las primeras pruebas de la fase de selección, la cual al cierre de esta edición, no había concluido, habiéndose tenido que superar numerosos obstáculos, hasta incluso pasar por la Audiencia Nacional, de la que esta OPE salió airosa ante una posible suspensión cautelar, al quedar, finalmente, avalada la constitucionalidad del proceso.
'Queda todavía, y una vez se publiquen todos los resultados del concurso -tal como especifica Aresio Plaza, presidente de la Asociación Nacional de Facultativos Especialistas Interinos (ANFEI)- el período de reclamaciones que tiene, aproximadamente, un plazo de 15 días, y el estudio de las mismas junto a su resolución. Una vez realizado esto, se publicarán las calificaciones definitivas de la fase de selección y se pasará a la convocatoria de la de provisión'.
Hasta el momento, la fecha tope para la culminación global de la OPE está establecida para el próximo mes de diciembre de 2003 aunque dado el retraso que arrastra el proceso, la mayoría de los implicados prevén la necesidad de una nueva prórroga, que habría que sumar a la ya concedida por el Parlamento e incluida en la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. Todo podría depender del volumen de recursos que puedan interponerse, a medida de que se vayan conociendo los resultados de la baremación de méritos, lo que añadiría un halo de judicialización a esta OPE con sus consiguientes efectos negativos.
La valoración de la entrevista incluida en la fase de provisión se llevará a cabo a través de los centros de gestión
El porqué de un proceso extraordinario
La puesta en marcha del proceso de consolidación de empleo del personal estatutario del SNS, iniciado con la aprobación de la Ley 16/2001, el 21 de noviembre de 2001, ha supuesto una experiencia única en el ámbito de la gestión de los recursos humanos en Sanidad, entre otras cosas, al haberse efectuado la más importante oferta del número de plazas de los últimos 16 años. Así, sólo en el territorio del antiguo Insalud, se convocaron 36.999 plazas: 7.118 de personal facultativo, 5.043 de personal de Atención Primaria, 13.755 de personal sanitario no facultativo y 11.083 de personal no sanitario.
Esta Ley, en cuyo diseño participaron, además del antiguo Insalud, otros Ministerios como el de Administraciones Públicas y el de Hacienda, así como los servicios jurídicos de los distintos sindicatos, en principio, habría de ser entendida como un punto de partida en el proceso de consolidación de empleo de cara a despejar el futuro de miles de profesionales estatutarios en situación de temporalidad.
A la normativa, prevista inicialmente para el antiguo territorio Insalud, se le dio finalmente carácter de básica, siendo aplicable al resto de los servicios de salud existentes en España. Ello dio lugar a la adhesión de comunidades tales como Andalucía, Canarias, Galicia y Valencia, quedando fuera Cataluña, mientras que el País Vasco y Navarra optaron por realizar un proceso al margen de la ley 16/2001.
En este sentido, cabe destacar la realización simultánea y coordinada, hasta ahora, de las pruebas entre la parte correspondiente al antiguo Insalud y los servicios de salud autonómicos en el caso de convocatorias dirigidas a la misma categoría de personal. Ello con la finalidad de dar mayores opciones al personal temporal para consolidar el empleo en la comunidad autónoma en la que presta sus servicios, ya que de lo contrario se produciría un desplazamiento masivo de profesionales desde sus actuales puestos de trabajo.
Y es que, según se indica en la normativa, 'además de pretender consolidar el empleo temporal, la Ley busca hacerlo de manera compatible con la movilidad del personal, si bien tratando de no estimular movimientos masivos de personal, especialmente en aquellas categorías profesionales de personal médico y titulados superiores, ya que, de no hacerse así, se podría erosionar el normal funcionamiento de los centros sanitarios, así como el derecho de los ciudadanos a que se les garantice la continuidad de los tratamientos y prestaciones que se encuentren recibiendo'.
Por CC.AA., Andalucía ha registrado la mayor tasa de examinados mientras Galicia, la más baja
En cuanto a la estructura del proceso, cabe señalar su división en dos fases. La de selección, con dos apartados: la oposición, consistente en la realización de una memoria, realizada el mismo día para cada especialidad, tras lo cual, los aprobados son los que, posteriormente, participarían en la parte del concurso, teniéndose en cuenta que el número de personas aprobadas nunca superará al de las vacantes en cada especialidad.
A la siguiente y última fase, de provisión, accederán todos los que pasen la de selección, junto a aquellos propietarios aspirantes voluntarios, quedando su superación supeditada a la realización de una entrevista más otra baremación.
Una vez finalizado el proceso, y dado su carácter extraordinario, éste se agotará con su propia resolución, tal como se recoge en la propia Ley, es decir, los procedimientos selectivos diseñados, así como la fase de provisión de puestos de trabajo ligada a éstos se desarrollarán por una sola y única vez. Por tanto, los sistemas de provisión y selección ordinarios que se utilicen posteriormente deberán ajustarse a lo establecido en la Ley 30/1999.
El escollo de la baremación en la fase de selección
Se puede hablar de varios factores que han impedido que, a estas alturas, la primera fase, la de selección, todavía no haya concluido. Uno de esos principales obstáculos hay que buscarlo en el apartado de 'concurso' dentro de dicha fase, al que han concurrido los aspirantes que superaron la oposición o memoria, y en el que se valora la experiencia profesional obtenida en el desempeño de puestos de trabajo de las correspondientes organizaciones como personal estatutario, además de la formación.
Para la referida baremación, la Comisión de Desarrollo y Seguimiento de la OPE, órgano encargado de llevar a cabo todos los trámites necesarios para el desarrollo y finalización de las convocatorias, elaboró a mediados del mes de marzo una guía con criterios indicativos a utilizar en la valoración de los méritos correspondientes a las convocatorias de FEA y de Pediatría de Atención Primaria, a las que se sumarían posteriormente las elaboradas en Andalucía y en Galicia. Con ellas se trataba de dar respuesta a las dudas presentadas por los Tribunales de las distintas convocatorias, sin olvidar que son finalmente ellos los que tienen la última palabra sobre la aplicación de dichas recomendaciones.
Pese a que el documento del Ministerio fue calificado de 'carácter facultativo y no vinculante', las reacciones contra el mismo no se hicieron esperar y la mayoría de las organizaciones tanto sindicales como profesionales no han cesado de emitir críticas y denuncias de toda índole.
Todos apuntan como punto clave de la polémica la valoración de méritos de la fase de selección que se les otorga a los popularmente conocidos como Mestos, al afectarles a muchos lo que la guía proponer 'en ningún caso se podrán reconocer servicios prestados en la categoría y especialidad del facultativo especialista que sean anteriores a la fecha de la obtención del título de médico en la respectiva especialidad', teniéndose en cuenta que muchos profesionales han obtenido su título recientemente o están a punto de recibirlo al haberse acogido a lo dispuesto en el R.D 1497/ 1999, de 24 de septiembre, por el que se regula un procedimiento excepcional de acceso al Título de Médico Especialista.
Así lo entiende el presidente de la Asociación Nacional de Mesthos, José Meléndez, para quien 'a la OPE se le ha dado mucho bombo y mucha historia, pero realmente en estos momentos está condicionada al proceso Mestos, y si, finalmente, deciden dar el paso hacia delante con los parámetros introducidos en su guía de baremación, la Administración puede meterse en un laberinto administrativo muy serio'. 'Lo más paradójico en este asunto 'en opinión de Meléndez' es que mientras la Administración sí tiene a bien valorar la experiencia acumulada durante años, ya que se ha trabajado para ella, a efectos de la OPE no se reconoce, por lo que deberían explicar lo absurdo del caso'.
A partir del conocimiento del contenido de la guía las críticas,los informes jurídicos y las reuniones entre Administración y colectivos profesionales no han cesado. Así, uno de los primeros en reaccionar fue CC.OO. quien a principios del pasado mes de mayo, hacía saber al presidente de la Comisión de Desarrollo y Seguimiento de la OPE, Fernando de Vicente, su desacuerdo y aclaración referentes a los criterios de baremación establecidos en la guía ministerial, y en concreto con el punto tercero de la misma sobre 'reconocimiento de los servicios prestados en relación a la fecha de obtención del título de médico especialista', ya que, en opinión de este sindicato, se 'coloca en una situación de grave precariedad a muchos facultativos, incluso apartándoles definitivamente del proceso'. 'Siguiendo las indicaciones del 'informe' muchos profesionales se quedarán sin opción a plaza en la fase de concurso por esta interpretación de la valoración del tiempo de trabajo'. 'No es de recibo que se produzca la 'absoluta' penalización de la valoración de servicios prestados para los facultativos que obtuvieron la especialidad por vías distintas incluidas las previstas en el RD 1497/99 y con más, si cabe, a los especialistas por procedimientos regulados con anterioridad. Cuestión que hay que extender a la valoración de la totalidad de los servicios prestados como especialistas a aquellos profesionales que obtuvieron sus especialidades en otros países y hayan sido homologados o estén en condiciones de la correspondiente homologación', tal como se desprendía de una carta que le fue entregada por el sindicato a De Vicente.
UGT tampoco tardó mucho en mostrar su rechazo a la guía de la Administración. Según su representante en el sector de Sanidad, Pilar Navarro, 'los criterios que la Administración ha dado a los Tribunales respecto a la baremación los hemos criticado insaciablemente porque entendemos que pueden ir en contra de la propia Ley, al hacerse interpretaciones que ésta no establece, partiéndose de una valoración que puede producir muchos problemas'.
La Organización Médica Colegial emitió, asimismo, su dictamen, apoyándose en un informe, a iniciativa de su secretario Juan José Rodríguez Sendín, quien en declaraciones a EL MEDICO advierte que la guía no resuelve el problema sino que lo agrava. 'Además es lamentable que para algo tan decisivo no haya habido un acuerdo previo'. Finalmente, Sendín se plantea la cuestión de 'qué hubiera ocurrido si esta guía, con esta interpretación, se hubiera publicado antes de la convocatoria'.
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) no quiso tampoco perder la oportunidad para expresar su opinión al respecto, y así en boca de uno de sus representantes, Rodolfo Castillo, 'la guía tiene un gravísimo problema y es que lo que beneficia a unos perjudica a otros, lo único que hemos pedido a la Administración es que se aplique todo aquello que puede favorecer al máximo número de interinos'.
Dado el 'revuelo' originado, a iniciativa del Ministerio de Sanidad se decide encargar, posteriormente, un informe al Abogado del Estado, que fue dado a conocer por el subsecretario de Sanidad, Pablo Vázquez, a los colectivos afectados en una reunión en la que también estuvo presente dicho letrado. El documento viene a avalar la legalidad de la guía, lo que ocasiona la preocupación de muchos, pero sobre todo de un grupo de facultativos afectados, que deciden agruparse bajo 'la plataforma de afectados por la Guía de la OPE' cuyo uno de sus portavoces, el doctor Samuel Amselem, declara, tras conocer el dictamen, 'que el proceso de consolidación es un fraude porque puede que la gente recién salida obtenga plaza mientras que los que llevan más de 12 años trabajando no', además de desvelar la intención de que los afectados están dispuestos a impugnar las evaluaciones de los tribunales, con el consiguiente riesgo de paralización del proceso.
'En expectativa de destino'
Entre las principales novedades que se pueden extraer de la Ley 16/2001 resulta significativo el establecimiento del nombramiento de 'personal estatutario en expectativa de destino', que alcanzarán los aprobados en la fase de selección. La situación de expectativa de destino no otorga derechos económicos ni los correspondientes al desempeño de una plaza como personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social del SNS, pero habilita para participar en la fase de provisión y la consecuente obtención de plaza definitiva como estatutario fijo.
A efectos de la Ley se entiende por expectativa de destino, 'la situación en que se encuentran los aspirantes que han superado el concursooposición hasta obtener un destino definitivo resultante de su participación en la posterior fase de provisión'.
Según entiende Aresio Plaza, de ANFEI, 'los legisladores han creado este nombramiento para facilitar la sistemática del proceso, ya que si no es así, hubiera sido muy difícil sacar una convocatoria para plazas concretas'. 'A mi parecer, 'añade Plaza' la idea gira en torno a que una vez superada la fase de selección, se adquiere la condición de estatutario y de esa forma se puede optar a una plaza concreta, a la que más interesa, a través de la fase de provisión. Lo lógico es pensar que en la mayor parte de los casos, dicha plaza será la que el interino lleve ocupando desde hace varios años'.
Para el representante de Acción Sindical de CC.OO., Cristobal Gil, 'la primera pega es que hay que hacer compatible el problema de los traslados, que están ahí estancados, con la definición de plazas de provisión que no existe, por tanto, cuando se conozcan dónde se han producido las expectativas de destino y dónde están los traslados, probablemente se podrá configurar la tercera lista relativa a dónde están las plazas que hay que sacar a provisión'. 'Este es un punto que está generando mucha inquietud entre los profesionales', tal como asegura Gil.
Según estiman algunos de los consultados es aquí donde debería haberse puesto el punto y final de la OPE al haberse consolidado, quien la hubiera conseguido, una plaza en la Sanidad Pública, ya que dicho personal podría, posteriormente, competir por un destino a través de un mecanismo ordinario.
Sin embargo, el nombramiento queda condicionado a la participación en la siguiente fase, la de provisión, ya que, como advierte la Ley 16/2001, 'el personal que se encuentre en esta situación y no participe en la fase de provisión, se le considerará decaído en sus derechos, sin que pueda adjudicársele plaza alguna, perdiendo su situación de personal estatutario en expectativa de destino'.
Fase de provisión
Una vez resuelta la fase de selección, se hará público, mediante resolución, el inicio de la siguiente, la de provisión. Su principal fin es el de permitir la obtención de plaza de estatutario fijo al personal en expectativa de destino.
Sin embargo, 'la fase de provisión tiene sus más y sus menos -tal como señala Rodolfo Castillo, representante de CESM en la Comisión Paritaria formada por la Administración más las principales organizaciones sindicales- porque estamos convencidos de que no se han puesto encima de la mesa todas las plazas de que se disponían, pese a que existe el compromiso por parte del Ministerio de intentar que la mayor parte de los interinos consoliden su plaza en los centros donde habitualmente desarrollan su labor'.
Además, como se recoge en la Ley, 'los destinos obtenidos como consecuencia de la participación en la fase de provisión serán irrenunciables'.
En esta fase también se les da a los facultativos especialistas de área propietarios la oportunidad de participar en un concurso de traslados. Según la Ley, 'se ha regulado de esta manera al objeto de posibilitar la movilidad del personal que ya es fijo, evitando que el proceso extraordinario de consolidación de empleo pudiera lesionar el derecho al traslado que este personal tiene'. De esta forma, el pasado 16 de mayo se publica en el BOE la orden SCO/1202/2003, en la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso de traslados voluntarios para cubrir plazas de personal facultativo especialista de área del territorio del antiguo Insalud.
Para participar en esta segunda fase es preciso volver a echar una solicitud, lo cual podría suceder después de verano, según se prevé desde UGT, en palabras de su representante Pilar Navarro.
La provisión de plazas se realizará mediante el sistema de concurso. No obstante, para las categorías y especialidades del grupo de titulación A, en la que están incluidos los facultativos y en las que se exige estar en posesión de titulación universitaria superior, se establecen unos requisitos específicos, en base a los cuales, además de valorarse la antigüedad por servicios prestados se computan los méritos científicos, investigadores y de docencia posgraduada, así como la realización de una entrevista (ver Tabla I). En su momento, quedó establecido que ésta se realizaría de forma descentralizada por centros de gestión y que servirá para evaluar los diferentes niveles de complejidad en los que se pueden prestar funciones.
TABLA I: Baremo de la fase de provisión para el Grupo A
Las convocatorias establecidas en esta ley que se celebren para el desarrollo de la fase de provisión de plazas, se ajustarán a los siguientes baremos de valoración de méritos:
1. Plazas de las categorías y especialidades del grupo de titulación A:
1.1 La valoración de la entrevista se calificará con un máximo de 30 puntos.
1.2 La valoración de la experiencia profesional en las correspondientes organizaciones, como personal estatutario con nombramiento fijo o temporal, se ajustará al siguiente baremo:
1.2.1 Por los servicios prestados, cualquiera que hubiera sido el momento, en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social del Servicio de Salud en cuya convocatoria se participa:
A) En la misma categoría profesional y, en su caso, especialidad a la que se concursa: 0,6 puntos por mes trabajado.
B) En categorías del modelo tradicional, de cupo, de zona o de urgencia, del mismo grupo de titulación y, en su caso, misma especialidad, que la categoría en que se concursa: 0,45 puntos por mes trabajado.
C) En distinta categoría profesional y, en su caso, especialidad a la que se concursa: 0,3 puntos por mes trabajado.
D) En el modelo tradicional, de cupo, de zona o de urgencia, en distinta categoría y, en su caso, especialidad a la que se concursa: 0,225 puntos por mes trabajado.
1.2.2 Por los servicios prestados, cualquiera que hubiera sido el momento, en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de otros Servicios de Salud distintos de aquel en cuya convocatoria se participa:
A) En la misma categoría profesional y, en su caso, especialidad a la que concursa: 0,2 puntos por mes trabajado.
B) En categorías del modelo tradicional de cupo o de zona o de urgencia, del mismo grupo de titulación y, en su caso, misma especialidad que la categoría a la que se concursa: 0,15 puntos por mes trabajado.
C) En distinta categoría profesional y, en su caso, especialidad a la que se concursa: 0,1 puntos por mes trabajado.
D) En el modelo tradicional de cupo, de zona o de urgencia, en distinta categoría y, en su caso, especialidad, a la que se concursa 0,075 puntos por mes trabajado.
El cómputo máximo de antigüedad por servicios prestados será de 55 puntos.
1.3 Otros méritos:
A) Por tesis doctoral, así como por trabajos científicos y de investigación directamente relacionados con la categoría o especialidad, se podrá obtener hasta un máximo de 10 puntos.
B) Por impartir docencia postgraduada en centros acreditados para la docencia: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 5 puntos.
Fuente: Ley 16/2001 sobre el proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas del personal estatutario.
Tanto UGT como CC.OO. han puesto la voz de alarma ante lo que ambos colectivos consideran una prueba, la de la entrevista, dominada por la subjetividad. En este sentido y tal como señala Pilar Navarro, 'nosotros no estamos de acuerdo con este mecanismo al considerar que es muy subjetivo, dado el difícil control de poder objetivar lo que ha hecho cada uno'.
Cristobal Gil, de CC.OO., confiesa darle miedo 'que se produzca una judicialización a nivel nacional, dada la percepción de subjetividad'. Aunque, en su opinión, 'esto se puede solucionar con la aplicación de la máxima transparencia a la hora de hacer dicha entrevista, de una manera formalmente rigurosa y con el mínimo de filtraciones'.
El papel de las comisiones delegadas
La valoración de la entrevista incluida en la fase de provisión se llevará a cabo por el centro de gestión, constituyéndose para ello las 'comisiones delegadas' (ver Tabla II) de selección de los Tribunales de Apoyo correspondientes a tal efecto, los cuales elevarán al Tribunal Central las propuestas de puntuación atribuidas a las entrevistas realizadas.
TABLA II: Número de comisiones delegadas en el territorio del antiguo Insalud, para la ejecución de la entrevista de FEA en la fase de provisión
' 44 Medicina del Trabajo
' 15 Medicina Nuclear
' 32 Medicina Preventiva y Salud Pública
' 43 Microbiología y Parasitología
' 42 Nefrología
' 57 Neumología
' 22 Neurocirugía
' 15 Neurofisiología
' 56 Neurología
' 40 Oncología Médica
' 14 Oncología Radioterápica
' 58 Pediatría
' 58 Psiquiatría
' 18 Radiofísica
' 52 Rehabilitación
' 38 Reumatología
' 79 Admisión y Documentación
' 34 Alergología
' 49 Análisis Clínicos
' 58 Anatomía Patológica
' 20 Angiología
' 19 Bioquímica Clínica
' 58 Aparato Digestivo
' 14 Cirugía Cardiovascular
' 16 Cirugía Maxilofacial
' 12 Cirugía Pediátrica
' 17 Cirugía Plástica
' 13 Cirugía Torácica
' 52 Dermatología
' 52 Endocrinología y Nutrición
' 8 Farmacología Clínica
' 23 Geriatría
' 57 Hematología y Hemoterapia
' 13 Inmunología
' *45 Medicina Intensiva
' 72 Medicina Interna
' 66 Cardiología
' 66 Farmacia Hospitalaria
' 70 Cirugía General
' 81 Anestesia y Reanimación
' 69 Urgencias Hospitalarias
' 69 Urología
' 74 Traumatología
' 75 Radiodiagnóstico
' 63 Otorrinolaringología
' 74 Oftalmología
' 69 Obstetricia y Ginecología
Nota: en este listado faltan las de Medicina de Familia y las de Urgencias Extrahospitalarias.
Fuente: CC.OO.
Cristobal Gil apunta al respecto que 'deberá exigirse a estos órganos que pidan a las comisiones delegadas el máximo rigor, ya que lo que hay que impedir es que miembros de las mismas vayan informando libremente sobre lo que está pasando, porque puede generar una percepción subjetiva de arbitrariedad'. 'Por tanto -insiste Gil- no se debe permitir que el Tribunal central relaje su posición en esta fase. Si este órgano hace un seguimiento exhaustivo del funcionamiento de las comisiones delegadas, será él el que tenga que administrar las medidas técnicas para una homogeneización de criterios, para que se establezcan unos parámetros normalizados en todos los centros y en la misma especialidad'.
Al cierre de esta edición, se ultimaba la composición de los miembros de dichas comisiones y se intentaban resolver los problemas con los que se han topado ciertas especialidades como, por ejemplo, en el caso de Geriatría, ya que, según Aresio Plaza, 'hay especialidades, que al no ser muy antiguas o por contar con pocos miembros tienen más interinos que propietarios, lo que puede dificultar la búsqueda de miembros para las mismas'.
Lentitud del proceso y su ampliación legal
Hay quienes como el actual portavoz de Sanidad del PSOE, Alfredo Arola, se remontan, a la hora de hacer un repaso sobre la lentitud del proceso, a la pérdida de tiempo que, en su opinión, se produjo durante 2002, 'del orden de los seis u ocho meses desde que la Ley queda aprobada hasta que realmente se pone en marcha, ya que durante ese período no se hizo, prácticamente, nada, entendiendo que forma parte del desastre Villalobos y de la quiebra de su Ministerio'.
Otros colectivos como ANFEI comienzan a mostrar su inquietud hacia mediados del mes de mayo pasado, y así se lo transmitieron, en su momento, a los representantes del Ministerio de Sanidad y Consumo. Dicha Asociación advertía a la Administración de las consecuencias negativas y los graves problemas que los retrasos podrían ocasionar. Como respuesta por parte del Ministerio, según explicó esta Asociación a través, un comunicado, 'el subsecretario ha reiterado que el Ministerio mantiene el compromiso, manifestado a ANFEI por la Sra. ministra el pasado mes de febrero, de que todo el proceso esté concluido a finales de 2003. Según sus previsiones, este compromiso es aún posible y están dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para cumplirlo'.
Aresio Plaza asegura tranquilizarle que la ministra de Sanidad, Ana Pastor se haya comprometido públicamente a que esto finalice sin más en el plazo tope establecido, en principio, para el 31 de diciembre de 2003. 'Efectivamente, nosotros confiamos en que pueda terminarse en la fecha establecida, al menos la mayor parte de las especialidades, pese a que pueda parecer difícil si uno observa como se han ido desarrollando los calendarios del proceso. De cualquier forma no perdemos las esperanzas', confiesa el representante de la Asociación de Interinos.
La fecha aludida por la ministra coincide con el tope establecido en la Ley 53/2002 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. Título III 'Del personal al Servicio de las Administraciones Públicas', capitulo I 'personal funcionario y estatutario', artículo 57). Dicho artículo dice textualmente que 'se añade un segundo párrafo a la disposición adicional novena de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del SNS del siguiente tenor. 'No obstante, cuando las necesidades para el desarrollo y ejecución de la convocatoria así lo determinasen, mediante resolución motivada del órgano convocante podrá prorrogarse el plazo previsto en el párrafo primero por el tiempo que fuese necesario, que en ningún caso podrá superar la fecha del 31 de diciembre de 2003'. Esta disposición queda completada con la orden ministerial SCO/1627/ 2003, publicada el pasado 20 de junio en el BOE, mediante la que queda ejecutada la petición de dicha ampliación. 'Entendemos que el Parlamento no está muy por la labor de prorrogar más el proceso. De hecho, al parecer, el Ministerio solicitó, en su momento, una prórroga de 18 meses mientras que el Parlamento sólo concedió seis más', apunta Rodolfo Castillo.
Y es que desde la CESM se evidencia la necesidad de una nueva prórroga, ya que, en su opinión, 'en lo que queda de año no va a dar tiempo a que finalice todo el proceso'.
CC.OO. coincide con la CESM en señalar que va a resultar muy complicado el cumplimiento del plazo actual 'será difícil pero todos nos tenemos que comprometer a respetar la fecha de diciembre de 2003'. 'No es bueno, según esta fuerza sindical, que el proceso esté sometiendo a un 'estrés' a todo el SNS, prorrogándose de manera indefinida, ni que tengamos a cerca de 17.000 facultativos inquietos durante tanto tiempo, sin contar con el resto del personal'.
Para María del Mar Julios, representante de Coalición Canaria, partido que, en su día, presentó una enmienda en el Senado para su ampliación y que fue rechazada,'lo más probable es que haya que prorrogarlo dado el retraso que está sufriendo, lo único que hay que tener en cuenta es que dicha ampliación sólo se puede efectuar bien a través de una nueva ley o bien por la modificación de la Ley a través de otra de igual o mayor rango, recordando que la última ampliación se produjo a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos'.
Por su parte Aresio Plaza añade que 'el proceso no está diseñado para que haya una demora indefinida entre ambas fases, selección y provisión, ya que se puede dar el caso de que dos personas con distintos años de antigüedad (16 y 7,5) puedan, finalmente, obtener la misma puntuación'.
Futuro de la consolidación de empleo
Las expectativas de futuro para algunos pasan por la consideración de que la Ley de consolidación de empleo puede y debe servir como punto de partida para el inicio del conveniente debate sobre la regulación normativa y el régimen jurídico más adecuado para el personal de la Sanidad pública de nuestro país.
En este sentido, Aresio Plaza opina que 'inmediatamente después deberá entrar en vigor y desarrollarse reglamentariamente la Ley 30/99, 'que dice expresamente que se tienen que convocar periódicamente las ofertas públicas de empleo'.
'En el desarrollo reglamentario de esta Ley 'prosigue Plaza- debería fijarse una periodicidad que comprometa, ya que si se establece un sistema regular de convocatorias, no tiene porqué volverse a dar la acumulación a la que hemos llegado, ya que sería un error lamentable que esta situación volviera a producirse'.
De la misma opinión se muestran otros interlocutores como Cristobal Gil, para quien 'es deseable que esto se normalice con el tiempo. No vale para nada hacer una Ley de esta envergadura para que dentro de unos años estemos otra vez igual, por tanto, si se normaliza la situación se podrán convocar procesos de oferta pública como todo el mundo'. 'Nos ha costado mucho trabajo conseguir esta fórmula de la OPE y sacarla adelante a través de una Ley Excepcional. Todos hemos tenido que ceder para que se convierta en un hecho, y lo que queda es seguir manteniendo el mismo rigor de responsabilidad, sobre todo por parte de la Administración para que esto termine bien'.
En palabras de Pilar Navarro, de UGT 'nosotros pedimos que el Ministerio promueva un traslado a nivel de toda España, ya que hasta ahora, en los procesos que se han producido la gente ha cogido plaza donde ha podido'. Tanto Comisiones como UGT coinciden en sus peticiones a la Administración de cara al futuro, siendo una de sus principales reivindicaciones que haya oferta pública de empleo a nivel de todo el Estado, 'y que ésta se produzca, al menos, cada dos años', tal como demanda Pilar Navarro. 'La provisión puede ser convocada más ágilmente sin tener que esperar a una oferta pública de empleo, de forma que ese mecanismo debe existir, ya que del mismo modo que nos podremos mover por toda Europa, lo lógico es que dentro de nuestro país suceda lo mismo o con mayor fluidez'.
Gil, de CC.OO. apunta finalmente que 'nos estamos jugando que en un plazo de tiempo medio consigamos un objetivo histórico, en el sentido que el SNS formalice, por fin, sus relaciones contractuales, ya que lo que no se puede admitir es que un servicio público tan importante como éste acabe sostenido por la inestabilidad laboral'.
Lo que finalmente choca, en opinión de algunos, es que ni los Grupos Parlamentarios que promovieron la Ley ni los sindicatos que avalaron la OPE Extraordinaria hayan plasmado también mediante una norma que la situación que la motivó no se vuelva a repetir, utilizando para ello mecanismos como, por ejemplo, convocatorias de empleo público con periodicidad anual con todas las vacantes existentes, precedida de una convocatoria de traslado universal.
Particularidades de la OPE en Primaria
A la celebración de pruebas para el personal de Atención Primaria, los pasados 9 y 16 de marzo, se presentaron sólo en el antiguo territorio del Insalud un total de 7.636 médicos, de los 11.000 solicitantes, para un total de 1.982 plazas, en la categoría de médicos de familia en E.A.P, mientras que para la de médicos de urgencia en A.P. se registró un total de 4.748 instancias para cubrir 1.037 plazas, y en Pediatría 912 instancias para 619 plazas.
En Primaria, denuncia Rodolfo Castillo, de CESM, 'tenemos un agravio comparativo que tanto como sindicato como desde el punto de vista profesional nos ha causado un fuerte malestar e indignación al no existir un concurso de traslados'.
'No entendemos 'prosigue Castillo- su inexistencia máxime cuando lo ha habido en Especializada, al tener que dar una salida al derecho de movilidad voluntaria de los profesionales propietarios, por lo que se articuló una fase de provisión previa que está en marcha y que finalizará con la culminación de la OPE'.
Castillo da su impresión sobre el caso de Primaria, explicando que 'en el borrador de la Ley de la mesa de negociación se preveía que para todas las categorías de A.P. al propietario se le diferenciara del resto del personal con la concesión de 60 puntos.' 'Sin embargo 'prosigue el representante de la CESM- no sabemos en qué momento del proceso parlamentario ni debido a qué ni a quien se elimina este punto, con lo cual todos aquellos facultativos propietarios que llevan sin traslado desde 1986, lógicamente, entran en cólera'.
Añade Castillo que 'ha habido alguna CC.AA. como Aragón donde se ha articulado un pequeño concurso de traslado, aunque no ha satisfecho a todo el mundo, mientras que en otras como Murcia, estamos a la espera de conseguirlo de una manera más amplia'.
Operatividad de los Tribunales
Compuestos por cinco miembros: presidente, un vocal designado por la Administración, otro vocal nombrado por la Comisión Nacional de la especialidad correspondiente, un secretario, por la Administración, y un vocal propuesto por las organizaciones sindicales, la misión de estos órganos, tal como establece la Ley 16/2001, 'es la de velar por el funcionamiento adecuado de todo el proceso, impulsándolo en sus fases de selección y provisión'.
'La actuación de los tribunales ha sido la prevista, bajo el prisma de que nos encontramos ante un proceso muy excepcional en muchas de sus consideraciones', explica Aresio Plaza, de ANFEI.
'Lo incomprensible para nosotros son actuaciones como las que se han dado en Medicina Preventiva, donde todo parece derivar de situaciones personales entre miembros del Tribunal y aspirantes. Si se exceptúa ese y algún otro caso, la respuesta ha sido la esperada'. 'Todo ello, sin olvidar la potestad que éstos tienen de actuar como les parezca, aunque posteriormente se recurra si se considera que han actuado de forma injusta', concluye Plaza.
Ahondando en este aspecto, CC.OO. señala que en la citada especialidad se ha registrado un porcentaje de suspensos del orden del 25 por ciento, y se ha constatado que responde más a luchas internas dentro de la especialidad que a la medición de la capacidad de los aspirantes'.
Al respecto, es de interés apuntar que, según ha podido saber EL MEDICO, al cierre de esta edición, estaba ultimada la composición del nuevo Tribunal para esta categoría.
Lo que, finalmente, muchos no han logrado entender hasta el momento es el motivo por el que los miembros de los Tribunales en la Sanidad Pública son designados en su totalidad mientras que en el resto de la Administración Pública, éstos resultan de un sorteo. A entender de algunos, 'este último mecanismo garantiza evidentemente los principios constitucionales de acceso a la función pública mientras que el primer sistema siempre deja la puerta abierta a la sospecha de una posible arbitrariedad'.
Evolución del proceso en otras CC.AA.
Respecto a la evolución que ha tenido la OPE en otras Comunidades que decidieron adherirse al proceso, resulta de interés realizar un repaso de lo sucedido en Andalucía, Galicia, Valencia y Canarias.
Desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la principal valoración que se hace del hasta ahora desarrollo de las pruebas, es la de un proceso sin problemas ni incidentes pese a su magnitud. Unos exámenes que en Andalucía han sido los más concurridos de toda España por el número de plazas que están en disputa. 'No se han producido incidencias ni en los exámenes ni en los tribunales, y aún no se han registrado reclamaciones, aunque todavía hay que esperar', subraya Macarena Casal, jefa del servicio de Selección y Formación de la Dirección General de Personal y Servicios del SAS, departamento que se ha encargado de controlar toda la tramitación.
En la Comunidad andaluza se da, además, la circunstancia de que se ha decidido fijar criterios propios y diferentes a los del Ministerio de Sanidad para evaluar las pruebas. No obstante, Macarena Casal señala que 'la mayoría de los tribunales pidieron las indicaciones elaboradas por el SAS, que recogen varias diferencias con la guía de Sanidad, sobre todo en lo referente a la puntuación por formación especializada a los que lograron el título por las vías extraordinarias de 1984 y 1994, la exigencia de nombramiento para valorar los servicios prestados por los facultativos y el hecho de que no se computa el trabajo previo de los servicios sanitarios que se han integrado en el sistema público andaluz, cuestiones para las que se han tenido en cuenta informes jurídicos propios y recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)'.
En total, en Andalucía se han ofertado 17.290 plazas, de las que 2.744 corresponden al personal facultativo, ampliables en 1.617 más por la incorporación de las resultantes de los concursos de traslados. La mayor oferta para los sanitarios ha sido para los facultativos especialistas de área (1.572 plazas más 200 de traslado) a las que se han presentado 3.801 opositores, mientras que hay 3.125 aspirantes para las 348 plazas (más 1.033 de traslados) de médicos para los equipos básicos de Atención Primaria. Para los médicos de cuidados críticos se han sacado 269 puestos en los servicios y 382 en los dispositivos (hay 1.275 aspirantes), mientras que hay 490 pediatras de Primaria que optan a 74 plazas, a las que hay que añadir 285 de traslados. Por último, han salido 60 puestos para médicos de admisión y documentación (se han presentado 119) y 39 para odontólogos (más 30 de traslados), a las que aspiran 161 profesionales.
En total, el SAS recibió 110.234 solicitudes (al final se examinaron 70.221, el 68,24 por ciento) para opositar a las 43 categorías profesionales y 58 especialidades existentes en los hospitales, distritos de Atención Primaria y centros regionales de transfusión sanguínea. Para atender a esta demanda se constituyeron 93 tribunales formados por 837 miembros.
En otra de las Comunidades adheridas al proceso extraordinario, Galicia, un total de 4.657 facultativos de 52 categorías realizaron la primera fase de la OPE Extraordinaria para optar a las 2.478 plazas ofertadas por el Servicio Gallego de Salud (Sergas). A lo largo de 13 domingos, entre los meses de octubre de 2002 y mayo de 2003, se celebraron en la localidad pontevedresa de Silleda los ejercicios de las 103 categorías de personal estatutario convocadas por el Sergas en el proceso extraordinario de consolidación de empleo. A los exámenes para todas las categorías concurrieron 30.686 aspirantes para un total de 4.983 plazas.
Por categorías, el desglose fue el siguiente: facultativos de Atención Especializada, 2.344 aspirantes presentados para 1.416 plazas ofertadas (1,6 aspirantes por plaza). facultativos de Atención Primaria, 2.313 presentados para 1.062 plazas (2,2). personal sanitario no facultativo, 11.224 presentados para 1.262 plazas (8,9), y personal no sanitario, 14.805 presentados para 1.243 plazas ofertadas (11,9). El Sergas destaca que las tasas de participación de aspirantes en Galicia fueron las más bajas de España.
Durante el proceso, el Sergas contó con la colaboración de 512 miembros de tribunales de selección y con 140 colaboradores de los Servicios Centrales. Los examinados realizaron un examen de gallego y una memoria.
La OPE tuvo en Galicia, en un principio, numerosas voces discordantes aunque siempre se reconoció el valor de un proceso que llegaba para terminar con el alto porcentaje de interinidad. La Asociación Gallega de Medicina Familiar impugnó el proceso por estimar que existían verdaderos criterios de discriminación. una vez realizados los exámenes, esta asociación recordó el compromiso de las autoridades sanitarias de realizarlo anual o bianualmente. También presentaron impugnación los responsables de las fundaciones hospitalarias gallegas, que en el concurso de méritos se sienten discriminados al no valorarse igual el tiempo trabajado en las fundaciones que el realizado en los hospitales públicos.
Del mismo modo, el sindicato CIG (Confederación Intersindical Gallega) renunció a formar parte de los tribunales OPE.
Finalmente, al cierre de esta edición, la dirección de RRHH del Sergas hacía pública su propia guía de baremación, desmarcándose de la del Ministerio.
La OPE valenciana, por su parte, se ha caracterizado, hasta el momento, por las críticas a las escasas plazas y la presencia de los altos cargos que también optaban a los puestos.
Todo arranca el 20 de diciembre de 2001, cuando los responsables de los sindicatos CC.OO., CSIF, SAE y SATSE firmaron un acuerdo con el consejero de Sanidad, Serafín Castellano, para la creación de 7.712 plazas con el objetivo de cubrir la precariedad laboral de los hospitales y centros de salud valencianos. La firma de este acuerdo se correspondía con la Oferta Pública de Empleo (OPE) de los años 1998 y 2001, para reducir la temporalidad entre los profesionales sanitarios hasta un porcentaje del 4 por ciento del total de la plantilla, pese a la oposición mostrada por diversos sindicatos.
Del total de las 7.712 plazas, 2.195 se correspondían con el grupo A de médicos. para el grupo B, 2.437 plazas. para el C, 400. para el D, 2.130 y 550 para el grupo E. En concreto, del grupo A destacaban las 850 plazas para médicos de Equipo de Atención Primaria, las 800 para facultativo especialista de área y las 275 plazas para pediatra.
En su momento, Serafín Castellano se comprometió a realizar las actuaciones precisas para crear los puestos de trabajo en la plantilla y que estas plazas se transformarán en puestos presupuestados para constituir la Oferta de Empleo Público del año 2003. Con esa finalidad, las partes se reunirían para determinar la cuantificación de la tasa de temporalidad en las instituciones sanitarias de la Consejería de Sanidad antes de finales de año 2002.
Los sindicatos firmantes consideraron que era un buen acuerdo, pero criticaron que no se ofertaran plazas para personal de urgencias, como el SAMU o CICU, o de Servicios Generales. De hecho, el responsable de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Andrés Cánovas, se desmarcó porque consideró que se había cometido un agravio comparativo con los médicos: 'estamos hablando de la convocatoria de 2.090 plazas de médicos cuando deberían haberse ofertado unas 4.000', dijo. 'Las plazas de SEU-SOU, SAMU y del Centro de trasfusiones', añadió, no han salido a concurso, lo cual es incomprensible.
A pesar de las críticas de las diferentes agrupaciones sindicales, diez meses más tarde 2.370 médicos acudieron a realizar las pruebas al Campus Universitario de Valencia para consolidar su plaza de interinos. Un mes antes la Consejería de Sanidad había recibido 3.223 solicitudes para realizar el examen, lo que significó que 853 interinos decidieron en el último momento no optar a las 1.098 plazas que se ofertaban. Era la primera prueba oficial después de 13 años.
Por último, en lo que se refiere al Servicio Canario de Salud (SCS), y para las categorías del grupo A, se ofertaron un total de 1.096 plazas, de las que 517 correspondían a la categoría de médicos de familia, y 266 a las de facultativos especialistas y de área. Según datos del Gobierno de Canarias, en esta primera parte del proceso participaron más de 3.000 personas entre miembros de tribunales, coordinadores, asesores y colaboradores.
A.M./A.P./V.U.