La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido amparo al Defensor del Pueblo por la “ausencia de negociación” sobre el Real Decreto Ley 29/2020. El principal problema es que este permite la contratación de médicos sin especialidad, entre otras medidas. El objetivo de CSIF es hacer una llamada de atención por la “falta de planificación y negociación sindical” por parte del Ministerio de Sanidad. Especialmente ante “una crisis sanitaria de dimensiones históricas”.

“Además, este Real Decreto aún no ha dado resultado y las incorporaciones de refuerzos son testimoniales. Por tanto, supone un parche a un déficit estructural de profesionales que venimos arrastrando desde hace más de 15 años”. Desde CSIF también argumentan que va a generar disfunciones por los criterios de movilidad contemplados entre Atención Primaria y especializada, entre otros problemas. “Además, puede provocar confrontación entre profesionales y gestores”, señalan en un comunicado.

Reclamaciones al Defensor del Pueblo

En plena segunda oleada de COVID-19, CSIF explica al Defensor del Pueblo la necesidad de tomar medidas urgentes. Entre las mismas, que “se dimensionen las plantillas a la situación real”. Esto supone la contratación de refuerzos urgentes y la cobertura de bajas, incidencias, permisos, etc.

También proponen políticas de acercamiento de profesionales del ámbito sanitario que se encuentren en la actualidad trabajando en el extranjero. El objetivo es incentivarles a regresar a España, con ofertas de empleo, contratos estables y mejoras salariales.

Según CSIF, la Sanidad Pública requiere de un plan estratégico a 5-10 años para situarse en la media europea. Por ello, explican al Defensor del pueblo que es urgente recuperar los niveles de calidad con los que se planteó el Sistema Nacional de Salud desde sus inicios. Estos “hoy se encuentran seriamente deteriorados, como ha quedado evidente en esta pandemia”.

Aportando cifras, exponen que las diferencias con la UE arrojan un déficit de 289.235 profesionales. “No podemos obviar que mientras en España solamente tenemos 3 camas por cada 1.000 habitantes, la media de la UE es de 5”. Para ello, es preciso un aumento de la financiación del gasto sanitario hasta el 7,2 por ciento del PIB.