Ante el procedimiento que establece que las empresas y administraciones públicas realicen test a los trabajadores con sospechas de contagio, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha comunicado que esta medida es del todo insuficiente. Principalmente porque todas las personas asintomáticas no podrían ser detectadas.

Es por ello que para romper la cadena de contagios y realizar una desescalada con seguridad, consideran que debe realizarse a todos los trabajadores que se reincorporasen a su actividad laboral, priorizando dichas pruebas a los trabajadores que se incorporen tras una incapacidad temporal por contagio, hayan tenido sintomatología reciente y quienes hayan estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta enfermedad, además de los grupos pertenecientes a los colectivos definidos como grupos vulnerables.

Cabe recordar que recientemente CSIF ya solicitaba la realización de test masivos a los profesionales sanitarios en la fase 1 de la desescalada. En concreto, CSIF reclamaba que se hicieran pruebas masivas de anticuerpos, que aseguren un correcto diagnóstico serológico de cada profesional.

Procedimiento actual

En el Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, actualizado el pasado 22 de mayo 2020, se ha adecuado el procedimiento a la nueva Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19, establecida en la Orden SND/404/2020 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 12 de mayo, si bien como novedad amplía el grupo de personas vulnerables incluyendo la insuficiencia renal crónica y obesidad mórbida.

Las empresas y administraciones, a través de los servicios de prevención (SPRL), están llamados a cooperar con las autoridades sanitarias en la detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19 y sus contactos, para controlar la transmisión. Tendrán que realizar la evaluación de riesgo de exposición a COVID-19 y realizar las pruebas PCR o cualquier otra técnica de diagnóstico a los trabajadores que sean caso sospechoso o presenten un cuadro clínico sospechoso de infección.