Si algo ha visibilizado esta pandemia de COVID-19 es que la prevención de riesgos laborales sigue siendo una asignatura pendiente para las diferentes administraciones. El próximo 8 de noviembre se cumplirán 25 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Se trata de una norma que, por mandato constitucional, desarrolla el marco normativo de garantías y responsabilidades para un adecuado nivel de protección de la salud de las personas trabajadoras. Todo ello frente a los riesgos derivados de sus condiciones laborales.

No obstante, según los últimos datos de accidentes de trabajo, correspondientes al mes de agosto, hasta la fecha solo se han contabilizado 1.346 accidentes de trabajo relacionados con COVID-19. Un 2,4 por ciento de los 55.824 casos de profesionales de la Sanidad que había registrados hasta esa fecha y únicamente 15 muertes. Así lo han comunicado desde el sindicato CSIF.

Prevención de Riesgos Laborales

CSIF ha realizado un análisis del grado de implantación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en las administraciones públicas. De esta forma, ha comprobado que en algunos ámbitos no se llega siquiera al cumplimiento mínimo.

En concreto, el 20 por ciento de los comités de seguridad y salud de las administraciones públicas aún no están creados, lo que muestra el desinterés en la materia. De los que se han creado, solo funcionan de manera activa el 65 por ciento.

Muchos de ellos llevan meses sin convocarse, a pesar de la difícil situación que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia. Esto pone en juego la seguridad y salud de los/las profesionales. En la misma línea, se ha comprobado como el 66 por ciento de los centros de trabajo no cuentan con evaluación de riesgos. El sindicato denuncia que esto supone que miles de trabajadores/as de la Sanidad pierdan cobertura económica por el caos en la gestión de las bajas.