Castilla y León, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Cantabria, y la Ciudad Autónoma Melilla han pedido ya rastreadores militares al Ministerio de Defensa. Así lo ha avanzado este viernes la titular de este departamento, Margarita Robles. Además, otras dos comunidades, Galicia y Madrid, han hecho llegar a Defensa su intención de pedir estos efectivos. El Gobierno ha ofrecido a las comunidades un total de 2.000 militares formados como rastreadores.

Aunque algunas comunidades han hecho ya una estimación de sus necesidades, Robles ha dejado claro que esa cifra no será "vinculante". El número lo decidirán los propios rastreadores que acudirán sobre el terreno a hacer una primera valoración junto con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y las autoridades autonómicas.

La ministra ha comparecido en rueda de prensa junto al titular de Sanidad, Salvador Illa, tras la reunión del comité de seguimiento del coronavirus. En ella ha explicado que Defensa ha hecho llegar este viernes por la mañana a los gobiernos autonómicos una guía de actuación para que las comunidades que lo deseen pidan efectivos al Ministerio de Sanidad.

A la mayor brevedad

Ahora, una vez que las comunidades autónomas formalicen su petición, el Ministerio de Sanidad, "a la mayor brevedad" decidirá a qué comunidades van los rastreadores para hacer esa primera valoración.

Según Robles, en el caso de las comunidades autónomas que ya lo han pedido, ese primer desplazamiento ya se está planificando. La valoración de necesidades se hará rápidamente, posiblemente en 24 horas, y además será "algo dinámico", de manera que podrán aumentarse o reducirse los efectivos según sea necesario. "Vamos a intentar ser muy ágiles, lo importante es el servicio a los ciudadanos", ha resumido.

También ha dejado claro que Defensa no enviará rastreadores "de oficio" a ninguna comunidad autónoma, puesto que son estas las que tienen la competencia en materia sanitaria y "tendrán la responsabilidad suficiente para valorar si lo necesitan".

De hecho, ha agradecido a los gobiernos que los han pedido que hayan dado este paso, porque, según ha dicho, el objetivo es la "colaboración institucional" sin "ninguna otra valoración".