E.P., Madrid.- El Defensor del Pueblo ha remitido una recomendación a la Dirección General de Farmacia y Productos Farmacéuticos del Ministerio de Sanidad instándole a que "arbitre una medida que corrija los efectos distorsionantes" provocados en la práctica por el Real Decreto Ley 5/2000 de Medidas Urgentes de Contención del Gasto Farmacéutico Público y de Racionalización del Uso de los Medicamentos.

Según la Institución, este Real Decreto, que lleva tres años sin actualizarse, está provocando "el desabastecimiento de muchas farmacias" de los fármacos de precio de venta del laboratorio superior a 78,34 euros, ya que, debido al descuento establecido, los farmacéuticos, o bien llegan a tener que pagar a la Seguridad Social por dispensarlo, o bien obtienen un margen "muy estrecho" que hace que no tengan estos fármacos en stock.

Estos medicamentos suelen ser nuevas especialidades más complejas y con mayores costes de producción e investigación que suelen estar indicados para enfermedades crónicas.

En su recomendación, la Institución se refiere en concreto al artículo 3 del citado Real Decreto, que establece la obligación de los farmacéuticos de hacer un descuento de entre un 7 y un 13 por ciento sobre el total de la facturación mensual a la Seguridad Social según ventas.

El Defensor recuerda que el margen de las oficinas de farmacia está fijado en un 27,9 por ciento sobre el precio de venta al público, existiendo en virtud del decreto un margen fijo de 33,54 euros en el caso de los medicamentos de precio de venta del laboratorio superior a 78,34 euros, margen fijo que a su juicio constituye "el principal fundamento del problema suscitado".

En este sentido, indica que en este margen "no se ha operado ningún tipo de aumento" desde 2000, "lo que produce que simplemente con la aparición de nuevas especialidades farmacéuticas en laboratorio más complejas y con mayores costes de producción e investigación, cada vez existan más medicamentos con margen fijo y no porcentual". Esto supone, asimismo, que desde que se aprobó la norma "no se ha tenido en cuenta tan siquiera el aumento del coste de la vida para los farmacéuticos".

"Esta circunstancia hace que una medida prevista para el año 2000 con carácter urgente siga vigente sin modificaciones tres años más tarde, pues se mantienen las deducciones en la misma cuantía, lo que ocasiona su alejamiento de la realidad social a la que ha de aplicarse", agrega.

Asimismo, el Defensor del Pueblo, que inició sus actuaciones tras una queja del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, afirma que el citado artículo 3 "produce una clara discriminación entre los farmacéuticos, ya que se dan casos en que con un idéntico nivel de facturación global, según el tipo de medicamentos dispensados unos profesionales vean reducido su margen de beneficios frente a otros".

En su recomendación a Sanidad, la institución que dirige Enrique Múgica asegura que "esta medida incluso puede llegar a producir (aunque ya se conoce que este criterio no es compartido por esa Administración) un efecto confiscatorio, pues cuando un farmacéutico dada su facturación mensual a la Seguridad Social tiene que aplicar un descuento del 13 por ciento y ha dispensado diversos medicamentos de precio superior a 78,34 euros, llega incluso a tener que pagar a la Seguridad Social por la dispensación del fármaco, con lo que no sólo no obtiene beneficio, sino que se ve perjudicado con una pérdida".

El Defensor del Pueblo advierte también que el Real Decreto asimismo "puede producir, y de hecho está produciendo, el desabastecimiento de muchas farmacias de este tipo de fármacos, pues aun en el supuesto de que no fuera confiscatoria su dispensación, al contar con un margen muy estrecho por la venta de los mismos, los farmacéuticos no tienen estos medicamentos en stock y se causa un perjuicio al ciudadano que tiene que desplazarse a otra u otras oficinas para obtenerlo".

"Por consiguiente, una medida que pretende ahorrar un gasto a la Seguridad Social termina siendo un grave perjuicio para pacientes y ciudadanos que tienen que localizar unos medicamentos necesarios para su tratamiento. Ello no significa que la actuación profesional sea contraria a las normas, sino que simplemente se trata de una protección del resultado económico de la actividad", añade.

Otra consideración del Defensor, que también ha solicitado un informe al respecto a la Secretaría de Estado de Economía, es que el hecho de que el cálculo de la facturación mensual se efectúe sobre el precio de venta al público más IVA "desvirtúa el carácter neutro que el citado impuesto debe tener en los profesionales que intervienen en el proceso de distribución y venta o puesta a disposición de los productos gravados al consumidor".

En definitiva, el Defensor del Pueblo recomienda a Sanidad que sustituya el margen fijo por uno porcentual adaptado a las actuales circunstancias, excluya este tipo de medicamentos a la hora del cálculo del descuento o ponga en marcha "cualquier otro sistema que dé como resultado que los ciudadanos reciban un mejor servicio sin que tenga que ser necesariamente a cargo de los profesionales de las oficinas de farmacia".