Jesús Romano, Córdoba.-Tras la iniciativa secundada por más de 200 médicos de Atención Primaria y Especializada, auspiciada por el Colegio de Médicos de Córdoba, para denunciar, ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial y el Defensor del Pueblo Andaluz, la situación de la Sanidad pública y las dificultades organizativas que afectan al trabajo de los facultativos, así como las consecuencias que de estas condiciones se derivan, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, se ha comprometido a "realizar un seguimiento de todo este proceso", fiscalizando la actividad de la Administración. Así se desprende de la carta remitida por éste a la institución médico-colegial cordobesa, cuyo presidente, Jesús Aguirre, ha mostrado su satisfacción por dicha contestación.

En la citada misiva, a la que ha tenido acceso EL MEDICO INTERACTIVO, Chamizo admite que "no es la primera vez" que recibe "quejas de esta naturaleza", por lo que se ha extraído "una idea que consideramos bastante aproximada en cuanto al funcionamiento de la asistencia en la actualidad, y las disfunciones que pueden afectar a la buena marcha de los centros".

Tras indicar que la problemática a la que se alude "tiene un carácter generalizado", el Defensor del Pueblo Andaluz informa de que ya se ha solicitado el correspondiente informe a la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SAS (Servicio Andaluz de Salud), "recibiendo como respuesta a nuestro requerimiento" un escrito, en virtud del cual "se facilitan ratios de médicos de familia y pedíatras por habitante, referidos a las distintas provincias y distritos y se señala que solamente en dos municipios se superan los 2000 habitantes". Al mismo tiempo, se refiere que con los indicadores reseñados se pueden alcanzar los deseados 10 minutos por paciente en consulta, y que para ubicar esta cuestión en sus justos términos es necesario tener en cuenta otra serie de indicadores. "Pues bien -añade-, durante mucho tiempo, casi desde los inicios del comienzo de nuestra actividad, hemos venido reivindicando la terminación del proceso de reforma de la atención primaria, y denunciando las demoras, que ponían de manifiesto las desigualdades asistenciales entre las zonas reconvertidas y no reconvertidas. Desde esta perspectiva, y al hilo de la tesis expuesta en el informe administrativo, hemos manifestado la mejora sustancial que estas nuevas estructuras y sus correspondientes dotaciones materiales y personales han supuesto. Ahora bien, transcurrido el tiempo, tenemos necesariamente que posicionarnos junto a quienes en la actualidad se están replanteando las deficiencias del sistema, y están trabajando para la búsqueda de soluciones".

En este sentido, el escrito cita el Informe Anual del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2000, en el que ya se realizaba "una llamada de atención, considerando especialmente significativas las quejas de los sectores profesionales, fundamentalmente médicos de Atención Primaria, que nos expresan de continuo el reciente descontento con el actual modelo organizativo que se caracterizan en sus aspectos negativos por la sobrecarga de actividades asistenciales, escaso incremento de plantilla frente a elevado número de pacientes (con altas medias de paciente por día y médico y mínimo tiempo de asistencia por paciente), dificultades para las interconsultas con los especialistas, etc".

Chamizo también alude en la carta enviada al Colegio de Médicos de Córdoba a las propuestas recogidas en el documento elaborado por un grupo de trabajo promovido por la propia Administración central, "en la medida en que muchas de las opciones realizadas resultan perfectamente trasladables por coincidir básicamente con las reclamadas en el ámbito territorial" andaluz, entre las que se incluyen la necesidad de incrementar del tiempo asistencial, flexibilizar las agendas de citación, mejorar la organización interna y la dotación de recursos, aumentar la capacidad resolutiva, y mejorar los sistemas de información al paciente y para la gestión clínica.

"En cierto sentido -apunta el Defensor de Pueblo Andaluz- nos hicimos participes de las mismas, demandando de esta manera un replanteamiento de este análisis en nuestra Comunidad Autónoma, acompañado de la adopción de las medidas necesarias para ofrecer soluciones a las cuestiones más gravosas; desde entonces, siempre siguiendo el hilo de las quejas recibidas, hemos permanecido al tanto de los análisis realizados y de las medidas abordadas, como el Pacto entre el SAS y las Sociedades Científicas".

En este orden de cosas, Chamizo asevera que "nos parece entrever en la Administración Sanitaria un principio de reacción que resulta muy significativa", y cita el acuerdo, refrendado por los sindicatos, "que incide de manera directa en varias de las cuestiones suscitadas". En lo que a la masificación y al tiempo de consulta se refiere, se establece el compromiso de consolidar en plantilla a 2.050 profesionales eventuales, y se refleja la creación de 1.410 nuevas plazas. Asimismo, se recoge que el tiempo de trabajo efectivo, sumadas las horas de jornada ordinaria con las dedicadas a atención continuada, no supere las 48 horas de media semanal en cómputo semestral, y la planificación de una nueva regulación de la jornada y estandarización de los turnos de trabajo. En relación con las repercusiones posibles sobre la salud de lo profesionales, se configura la medida de creación de las unidades de prevención de riesgos y de salud laboral en los centros sanitarios.

"Una vez expuesta la problemática y asumida por parte de Administración sanitaria, entendemos que se ha iniciado la adopción de medidas que pueden darle respuesta satisfactoria", declara José Chamizo, quien señala que "de esta manera, ya no nos cabe realizar recomendaciones en este sentido". "Entendemos que nuestra labor fiscalizadora de la actividad administrativa debe encaminarse al control de la efectiva implantación de aquéllas para lo cual contamos con la ayuda de los plazos establecidos en orden a la ordenación y/o puesta en marcha de las mismas".

"Es por eso que nos proponemos realizar un seguimiento de todo este proceso, incluyendo, si es necesario, nuevas solicitudes de información tras el transcurso de un período de tiempo prudencial, que nos permita evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos fijados", argumenta la misiva, que concluye: "en todo caso en el apartado relativo al derecho a la protección de la salud el Informe Anual al Parlamento correspondiente al ejercicio pasado, hemos vuelto a hacer hincapié sobre estas cuestiones, haciendo una llamada de atención para solucionarlas, que con toda seguridad seguiremos realizando en los próximos años".