Redacción, Madrid.- La normativa por la que se regula la situación laboral de los médicos que trabajan para el sistema público es 'preconstitucional' y 'extremadamente dispersa'. Así lo reconoce el Defensor del Pueblo en la contestación a una queja formulada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).
Esta institución afirma que la política de personal favorece la 'alta tasa de interinidad' actual y las dificultades de 'movilidad' de los facultativos, así como la ausencia de un modelo de carrera profesional que les motive en su labor, según recoge la propia CESM en un comunicado oficial.
La queja de la CESM fue presentada el 13 de junio de 2001, y el Defensor del Pueblo responde ahora con unos argumentos que han sido interpretados por el sindicato como la confirmación del flagrante incumplimiento por parte de la Administración en cuanto al desarrollo de una nueva normativa que regule la vida laboral del médico y se adapte a lo previsto en la Ley General de Sanidad, aprobada por el Parlamento en abril de 1986.
Dicha normativa, inédita por ahora, y agrupada bajo el concepto genérico de 'Estatuto Marco de las profesiones sanitarias', se contempla en el artículo 84 de la ley, pero desde su promulgación 'va a hacer ahora 17 años- no ha habido ningún resultado concreto en este sentido.
El Defensor del Pueblo pone el énfasis, según la CESM, en este 'olvido', subrayando además que existen sentencias del Tribunal Constitucional (170/1988 y 33/1991) que avalan la exigencia de proceder a ese cambio legal.
Esta institución también recuerda al Ministerio de Sanidad el incumplimiento del plazo de seis meses que se dio en 1999 para llevar las Cortes generales el proyecto de Estatuto Marco. Tal compromiso se contemplaba en la Ley 30/1999, de 5 de octubre, sobre 'Selección y provisión de plazas', pero no sólo no se materializó en su momento, sino que, a fecha de hoy, el Defensor del Pueblo constata que ni siquiera hay una 'previsión temporal' sobre cuándo pueda llevarse a efecto.
Desde el sindicato se afirma que 'así las cosas, la máxima instancia de apelación de los ciudadanos no deja de hacer otra cosa en su escrito de réplica que criticar tal actitud' e insistir en la 'necesidad' y 'urgencia' de regular las condiciones de empleo en las que prestan servicio el personal sanitario, algo que, por otra parte, considera también de 'singular trascendencia' para la consolidación del Sistema Nacional Salud tras el reciente traspaso de funciones y servicios (competencias) a las comunidades autónomas.
