Los constantes avances tecnológicos

aplicables a la

Medicina convierten a determinados

actos médicos, sobre todo

quirúrgicos, en actividades

cada vez más complejas que

requieren la participación de

profesionales de diferentes disciplinas.

Todo ello conlleva ciertos

riesgos traducibles en efectos

adversos y complicaciones

no siempre previsibles en la recuperación

de los pacientes.

La constatación de este hecho

innegable culminó con el

propósito universal -avalado

por la Organización Mundial de

la Salud- de asegurar la implantación

y correcta aplicación del

Consentimiento Informado. La

Constitución española de 1978

establece en su artículo 23.1

que el ciudadano tiene derecho

a ser informado para participar

en la toma de decisiones en

materia de salud pública y, en

abril de 1986, la Ley General de

Sanidad le confirió a este principio

un rango normativo.

Informar y saber

El Consentimiento Informado

(CI) es un documento con el

que al paciente que va a ser sometido

a determinadas pruebas,

tratamientos o una intervención

quirúrgica, se le informa, con la

debida antelación -un mínimo

de 24 horas- y de forma verbal

y por escrito, sobre las características

de dichas acciones y los

posibles riesgos y complicaciones

que le pueden acarrear. No

sólo los médicos, sino también

los profesionales de enfermería

pueden y deben participar en

el proceso de información clínica

al paciente, de acuerdo con

el ámbito de su función específica

en la atención y cuidados

al enfermo.

El CI tiene, al menos sobre

el papel, un doble objetivo: satisfacer

el derecho del paciente

a ser advertido sobre cómo

van a repercutir en su salud los

procedimientos de pronóstico,

diagnóstico y tratamiento que

se le apliquen, así como los

tratamientos alternativos que

existen, con lo cual se respeta

su derecho a decidir sobre su

vida, su salud y su propio cuerpo.

Por otro lado, el médico

queda protegido contra una

posible demanda de responsabilidad

profesional si no se obtienen

los resultados deseados.

Existe un documento específico

para cada tipo de acción

médica que el paciente deberá

leer, entender y otorgar su consentimiento

mediante una firma

si está de acuerdo. Si lo desea,

en cualquier momento

puede revocar por escrito dicho

consentimiento e, incluso,

puede renunciar a recibir información,

voluntad ésta que debe

ser respetada, pero ha de

dejar constancia documentada

de dicha renuncia. En definitiva,

libertad de decisión, competencia

para decidir e información

suficiente son los

requerimientos básicos necesarios

para conceder validez a cada

documento en cuestión.

Cuándo no es necesario

El Consentimiento Informado

no se necesario cuando existe

riesgo para la salud pública y

cuando existe un riesgo grave e

inmediato para la integridad física

o psíquica del enfermo y no

es posible obtener de éste su

autorización; no obstante, si las

circunstancias lo permiten, se

debe consultar a sus familiares o

allegados. Además, tampoco es

un requisito indispensable en

caso de que la urgencia médica

no admita demoras porque ello

pueda ocasionar lesiones irreversibles

o riesgo de muerte.

Más información:

www.psiquiatrialegal.org

www.gencat.net/salut