Ángel Luis Guirao (Lorca, Murcia, 1953) es, desde diciembre de 2018, subdirector general de Recursos Humanos, Alta Inspección y Cohesión del Sistema Nacional de Salud en la Dirección General de Ordenación Profesional. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en Anatomía Patológica, ha sido jefe del Servicio de Anatomía Patológica de la Clínica Naval “Nuestra Señora del Carmen” de Madrid. Desde 1988 ha venido ocupando distintos puestos en la Administración, como las Subdirecciones de la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad y Consumo, de Inspección Sanitaria del INSALUD, de Alta Inspección y Cartera de Servicios del Ministerio de Sanidad y Política Social o la de Inspección Sanitaria y Evaluación de la Dirección General de Inspección y Ordenación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Las actividades de Inspección, además de asegurar el cumplimiento de la normativa, propician una asistencia de calidad y contribuyen a asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos. ¿Considera que se da actualmente la coyuntura adecuada para lograrlo? ¿Qué debería cambiar?

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, establece en su artículo 16.5 que “el personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección, evaluación, acreditación y planificación tiene acceso a las historias clínicas en el cumplimiento de sus funciones de comprobación de la calidad de la asistencia, el respeto a los derechos del paciente o cualquier otra obligación del centro en relación con los pacientes y usuarios o la propia Administración sanitaria”.

Por lo tanto, queda claro que la legislación básica estatal, de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas (CC. AA.), deposita en la Inspección de Servicios Sanitarios funciones tan fundamentales como la garantía de respeto a los derechos sanitarios de la ciudadanía o la comprobación de la calidad de la asistencia sanitaria. Las administraciones públicas sanitarias tienen, por tanto, una buena herramienta para garantizar los derechos de los pacientes. Esta herramienta son los profesionales de la Inspección y Evaluación de Servicios Sanitarios del sistema público. Solo hace falta ponerla a punto y tener interés en utilizarla para esta función. Si hay normativa clara que lo apoye y refrende, solo depende de las prioridades de cada administración sanitaria su utilización.

¿Será posible lograr la homogeneización de funciones del actual modelo de Inspección?

 Las administraciones sanitarias de las CC.AA. recibieron, en el proceso de transferencias sanitarias, la Inspección Sanitaria del INSALUD que, posteriormente, se ha ido adaptando en cada territorio a diferentes dependencias funcionales y organizacionales, pero manteniendo un principio común y es que está formada por profesionales de la Medicina, la Farmacia y la Enfermería que unen a su formación sanitaria una preparación jurídica y un bagaje administrativo muy importante, así como un amplio conocimiento del funcionamiento del sistema público. En la actualidad es posible constatar que, con independencia de las peculiaridades inherentes a la autonomía en la organización de los servicios en cada territorio, las funciones de inspección, evaluación y control de centros y prestaciones sanitarias siguen representando el núcleo básico de la cartera de servicios de la Inspección Sanitaria en todas las CC.AA.

 ¿Se lograrán programas comunes de actuación en materia de control de evaluación de servicios y prestaciones para el conjunto del sistema sanitario?

 La cohesión de una organización profundamente descentralizada, como es el modelo sanitario público en España, tiene su soporte fundamental en la función de coordinación del sistema, es decir, en que las administraciones sanitarias puedan trabajar juntas para conseguir los objetivos comunes que han de compartir. En el caso de la Inspección sanitaria, la coordinación cobra especial relevancia por ser ella una función que desarrolla sus actuaciones en el campo de las garantías de calidad, equidad y seguridad de las prestaciones que ofrece el Sistema al ciudadano. Así, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, ha reconocido la necesidad de esta coordinación, en especial en lo referente a las actuaciones dirigidas a impedir o perseguir todas las formas de fraude, abuso, corrupción o desviación de las prestaciones sanitarias y atribuye a la Alta Inspección del Estado el establecimiento de mecanismos de coordinación y cooperación con los Servicios de Inspección de las CC.AA.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información entre los Servicios de Salud y con la Administración Central, tiene un papel esencial en el desarrollo de las estrategias comunes de control en el Sistema, dentro de su finalidad genuina que es la de promover la cohesión del Sistema Sanitario. Es precisamente la Comisión de Coordinación de la Inspección en el Sistema Nacional de Salud, creada en el seno del Consejo Interterritorial, la que se configura como el espacio idóneo para que los Servicios de Inspección puedan realizar un planteamiento común que, tras el oportuno estudio y debate, se concrete en unas estrategias en cuanto a fines y objetivos, métodos y programas, determinación de áreas de especial control y programación de actuaciones conjuntas de las CC.AA.

La justificación de la existencia de unas líneas estratégicas comunes de actuación inspectora se basa  en la oportunidad que ofrece el que unos Servicios de Salud aprovechen el conocimiento y la experiencia de los otros, en aras de conseguir una cohesión del Sistema en esta materia, con absoluto respeto de las peculiaridades de cada territorio.

¿Qué impide lograr esas líneas estratégicas de actuación comunes a nivel nacional?

 La Comisión de Coordinación de la Inspección en el Sistema Nacional de Salud del Consejo Interterritorial, en su reunión de 12 de noviembre de 2007, presentó al Pleno del Consejo, para su aprobación, un documento de “Líneas estratégicas comunes de la Inspección Sanitaria del Sistema Nacional de Salud” que fue aprobado por el Pleno en su reunión de 12 de diciembre de 2007” y que contemplaba las siguientes líneas comunes:

1.- Aplicación del Consentimiento Informado.

2.- Evaluación de la aplicación de la carta de derechos y deberes.

3.- Evaluación de la historia clínica.

4.- Evaluación de las garantías en las prestaciones ortoprotésica, transporte sanitario. dietoterapia y oxigenoterapia a domicilio.

5.- Identificación de riesgos.

6.- Garantías de acceso a las prestaciones.

7.- Coordinación de la gestión y del control de la Incapacidad Temporal. Seguimiento de la colaboración con otras entidades (INSS, Mutuas).

8.- Coordinación de actuaciones de la Inspección farmacéutica.

9.- Preparación de programas y de protocolos de actuación.

10.- Utilización del espacio común de trabajo en red (eRoom).

11.- Actuación informativa ante fraudes y desviaciones de interés común.

12.- Líneas comunes de formación continuada para la Inspección sanitaria.

En los años siguientes (2008-2013) se fueron desarrollando las diferentes líneas y elaborando los correspondientes documentos de síntesis, como en el caso de la “Evaluación de la aplicación del Consentimiento Informado en el SNS”, que fue objeto de publicación por el Ministerio de Sanidad”. Los trabajos en común se extendieron a las tres primeras líneas, y las actuaciones de colaboración previstas en las cinco últimas líneas fueron implementándose sucesivamente. Mención especial merece la puesta en marcha de la Línea 12, en cuyo desarrollo el Ministerio de Sanidad, a través de una Encomienda de Gestión a la Escuela Nacional de Sanidad, puso en marcha diferentes ediciones anuales sucesivas de cursos de formación para el personal inspector de las diferentes CC.AA.

Lamentablemente, a partir de esa fecha, la Comisión de Coordinación de la Inspección no ha sido convocada (salvo en dos ocasiones aisladas en 2015 y 2018) y esa discontinuidad en las reuniones de la Comisión ha supuesto un parón en la coordinación de la Inspección sanitaria y una prolongada interrupción en el desarrollo de las estrategias comunes de actuación que habían sido aprobadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

 ¿La Administración tiene previsto dar algún paso adelante?

 El equipo actual de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, recientemente constituido se ha marcado como prioridad absoluta reanudar los trabajos de la Comisión de Coordinación asegurando la continuidad de sus trabajos y la periodicidad de sus reuniones. De esa forma, en la Comisión se establecerán nuevas formas de colaboración y coordinación actualizando, en su caso, las líneas estratégicas comunes de la Inspección Sanitaria del SNS.

Los inspectores de Servicios Sanitarios se quejan de que su opinión no es tenida en cuenta por parte del Ministerio para cuestiones relevantes ¿Qué opina desde la doble vertiente de inspector y representante de la Administración?

 Estoy en condiciones de afirmar que desde los responsables en la actualidad en el Ministerio de la Ordenación Profesional, de la Coordinación y de la Alta Inspección del Estado en materia sanitaria hay una predisposición absoluta a escuchar a los representantes de la Inspección sanitaria, tanto en su vertiente institucional como corporativa, a hacerse eco de sus legítimas aspiraciones profesionales y a arbitrar todas las medidas que, en el ámbito de nuestras competencias, puedan redundar en beneficio de una mejora de la capacitación y consideración profesional de los profesionales de la inspección sanitaria del Sistema Nacional de Salud.

¿Cree que en el entorno actual la Inspección puede ser garante de las mismas condiciones de calidad y seguridad para todos los ciudadanos?

Estoy convencido de ello. Garantizar de manera efectiva el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía en relación con el sistema sanitario se convierte en un gran reto que tienen planteado las administraciones públicas sanitarias y, como he dicho antes, los inspectores médicos, farmacéuticos y subinspectores son los encargados de hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a la protección de la salud y a una atención sanitaria de calidad. Y ahora, más que nunca, se hace necesaria la defensa activa de esos derechos.

La formulación más adecuada, a mi entender, del papel de la Inspección en la actualidad, la encontramos en la Ley 6/2010, de 24 de junio, de Castilla-La Mancha, de creación de las categorías de personal estatutario de inspección y evaluación de servicios sanitarios y prestaciones, que establece sobre sus funciones en el artículo 3.2 que “en el ámbito de sus competencias corresponde al personal de las categorías de inspección y evaluación, el desarrollo de las actuaciones inherentes al control, tutela, evaluación y mejora de la calidad de la asistencia sanitaria en todos los niveles, incluida la seguridad del paciente, con el objetivo común de asegurar a los ciudadanos el derecho efectivo a la protección de la salud, el acceso y eficiencia de las prestaciones y servicios sanitarios con arreglo a criterios de igualdad, accesibilidad, universalidad, calidad y eficiencia, y la intervención de la inspección con ocasión de reclamaciones, quejas o sugerencias formuladas por los ciudadanos”.

¿Qué cree que habría que cambiar en el modelo actual de la Inspección en nuestro país?

 Creo sinceramente que, a pesar de la heterogeneidad en la ubicación administrativa de la Inspección sanitaria, están emergiendo y consolidándose en la actualidad diferentes modelos organizativos en distintas CC.AA. que representan, a mi entender, una respuesta adecuada y coherente a lo que demanda el sistema sanitario del trabajo de la Inspección. En estos casos a los que me refiero, la modernización de la Inspección sanitaria ha venido de la mano de su renovación en materia de recursos humanos, utilización de nuevas tecnologías, identificación y determinación de competencias profesionales o reconocimiento de un desarrollo profesional específico para la inspección sanitaria. No puedo dejar de referirme, por conocerlo de cerca, al ambicioso proyecto de modernización de la Inspección Sanitaria de Madrid que está llevando a cabo la Dirección General de Inspección y Ordenación de la Consejería de Sanidad de esa Comunidad.

¿Qué retos se plantean para el presente año desde su Departamento?

 El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social tiene como objetivo básico mejorar la vida de las personas, eliminando desigualdades a través de la garantía de sus derechos, la solidaridad y la cohesión social. Para ello, es necesario seguir manteniendo la excelencia del Sistema Sanitario español como forma de hacer efectivo el derecho a la protección de la salud consagrado en la Constitución Española. El nivel de calidad alcanzado por el Sistema Nacional de Salud, mundialmente reconocido, proviene, en gran medida, de sus profesionales, entre los que se cuentan, en lugar preferente, a nuestro juicio, los profesionales de la Inspección sanitaria.

¿Qué papel cree que pueden jugar asociaciones como la FAISS para lograr los actuales retos?

En los objetivos estatutarios de la FAISS se puede leer, de manera destacada, “la colaboración con los poderes públicos en las funciones tendentes a fomentar la formación continua y el acceso a las competencias profesionales de los miembros de la Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios y colaborar con estos en la tutela que les está encomendada por el ordenamiento vigente en materia de salud y prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud”. En ese trabajo conjunto de Administración y profesionales para hacer frente a estos retos, la FAISS, en su condición de representante corporativo de los profesionales de la Inspección Sanitaria, es un interlocutor preferente a la hora de diseñar e implementar las estrategias de coordinación y modernización de la Inspección sanitaria en nuestro país en las que estamos comprometidos.