Mónica Martín, Madrid.- El Real Decreto, aprobado a mediados de junio por el que se modifican determinados aspectos del artículo 100 de la Ley del Medicamento para combatir el comercio paralelo, ha dejado al margen de la ley a la mayoría de los almacenes de distribución mayorista, por lo que Fedifar pedirá la suspensión cautelar de la aplicación de esta norma, según ha explicado Jordi de Dalmases, presidente de la Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar).

De Dalmases hizo estas declaraciones en la IV Jornada sobre "Nuevos criterios de financiación pública de medicamentos, modificación y desarrollo de la Ley del Medicamento", organizada por la Fundación OTIME, que se ha celebrado en Madrid.

"No descartamos la posibilidad de tener que recurrir a las vías jurídicas contra la Administración si se nos exige su cumplimiento inmediato porque es imposible que, de un día para otro, todos los almacenes realicen los cambios brutales que exige la ley", subrayó. En este contexto, el presidente de Fedifar explicó a EL MEDICO INTERACTIVO que en Cataluña ya han llegado a un acuerdo para que no se sancione a los distribuidores durante un tiempo razonable que les dé la oportunidad de realizar esas modificaciones exigidas.

En este sentido, Alfonso Rodríguez, subdirector general de Asistencia y Prestación Farmacéutica del Ministerio, apuntó que antes de que se aplique el decreto, Sanidad quiere mantener conversaciones con las Administraciones autonómicas para "poner en marcha algún tipo de desarrollo reglamentario con el objetivo de que la aplicación del Real Decreto se haga de una manera más realista", dijo.

La principal pega con la que se encuentran los almacenes es que la nueva normativa les obliga, entre otras cosas, a identificar todos los lotes de los productos que manejan y que hacen llegar a las farmacias, lo que denominan la trazabilidad por lotes. Además, tendrán que comunicar, desde su sede social, a las Comunidades Autónomas en las que operan y al Ministerio, los productos suministrados a las farmacias. Sanidad, por su parte, emitirá certificados de las unidades que se hayan comprado a los laboratorios y en qué precios.

Según la patronal de los distribuidores no se entiende el fin de estas medidas "tan duras", ya que consideran que no existe una razón sanitaria que lo justifique. "Tienen que entender que por cada producto manejamos una media de dos lotes, los laboratorios nos envían pedidos de un mismo fármaco con diferentes lotes y las devoluciones de las farmacias que se reincorporan al almacén tienen otro lote. La automatización de todo esto supondrá una gran inversión económica y en recursos humanos que no se puede exigir de la noche a la mañana como ha hecho Sanidad", objetó el presidente de Fedifar.

Para De Dalmases, las aclaraciones que se hacen en el Real Decreto 725/2003 de 13 de junio sobre la dispensación de fármacos en el territorio nacional obedece a intentar terminar con el comercio intracomunitario de productos, mal denominado comercio paralelo que, a su juicio, no va a terminarse ya que las diferencias de precio entre los diferentes países europeos en materia de medicinas van a seguir existiendo, "incluso en el hipotético caso de que existiera libertad total de precios", aseguró.

Una manera de abordar el comercio paralelo, a juicio del presidente de Fedifar, pasaría por dejar libertad de precios en las ventas de los laboratorios y que la intervención estatal se produjera sólo en los precios de los fármacos a ser financiados por la Seguridad Social. "Lo que no se puede es diseñar un mercado único cuando el precio de los medicamentos en los 15 países está directamente intervenido. Eso origina un agujero que permite actuaciones legales que pueden desabastecer el mercado", argumentó.

Problemas de abastecimiento

Por su parte, la secretaria general del Consejo General de Farmacéuticos, Carmen Peña, que también participó en las IV Jornadas de OTIME, explicó que la modificación del artículo 100 establece un nuevo mecanismo de información del destino de los medicamentos con precio intervenido. No obstante, echó en falta que esta norma no trate la receta electrónica, o la dispensación individualizada en la que ya trabajan las oficinas de farmacia.

A este respecto, en la inauguración de la Jornada, el subsecretario de Sanidad y Consumo, Pablo Vázquez, expuso que el decreto que desarrolla el artículo 100 se ha realizado, precisamente, para garantizar el abastecimiento de las farmacias. "Además, -añadió- pretendemos la eliminación del segundo copago que había en los productos por encima del precio de referencia, un sistema para que entre farmacia e industria se establezca el precio".

"A los farmacéuticos, más que el comercio paralelo, lo que nos importa es que se garantice de algún modo el abastecimiento del mercado, y entendemos que las modificaciones técnicas que tienen que realizar los almacenes no se pueden hacer con carácter inmediato", dijo Peña, quien señaló que desde hace años el Consejo tiene preparado un proyecto de trazabilidad por radiofrecuencia que presentó a Sanidad pero no se tuvo en cuenta. "Ahora, ese proyecto ha sido retomado y modernizado por la vocalía de distribución del Consejo y de nuevo se ha enviado al Ministerio", advirtió.

"Desde el Consejo, -agregó- queremos que se dé un paso más y se haga realidad el derecho a una prestación farmacéutica para consagrar lo que nos imponen las leyes autonómicas y nacionales sobre la atención farmacéutica".