El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros el real decreto ley que sentará las medidas que regirán en la nueva normalidad. Entre las mismas destacan las medidas de prevención e higiene. Así, durante la nueva normalidad, continuará la obligatoriedad de utilizar mascarillas siempre que no se garantice la distancia interpersonal.

El uso obligatorio de mascarillas, que se aplicará también en transporte público, no se aplicará a aquellas personas con problemas respiratorios. Además, se mantiene la obligación de llevar mascarilla en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús o por ferrocarril, así como en los transportes públicos.

También en transportes privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio.

El incumplimiento de estas medidas que regirán la nueva normalidad será sancionado con multas de hasta 100 euros y serán las comunidades autónomas y las entidades locales a las que les corresponderá las funciones de vigilancia, inspección y control.

Detección precoz y vigilancia epidemiológica

Por otra parte, entre estas medidas también se recoge que los servicios de salud garantizarán que, en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial en la Atención Primaria, se le realizará a todo caso sospechoso una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular. Todo ello tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas, y que toda la información se transmita en tiempo y forma.

En este sentido, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que el tiempo medio entre que se detecta un sospechoso de COVID-19 y se realiza la prueba diagnóstica es “máximo” de dos días, y que incluso algunas comunidades autónomas completan este proceso en apenas 24 horas.

Así, ha apuntado que se está realizando el diagnóstico por PCR a más del 80 por ciento de los casos sospechosos en estos momentos, con un grado de positividad “muy bajo”, tal y como ha recordado en alguna ocasión el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

En otro orden de cosas, estas medidas también recogen que las Comunidades Autónomas deberán velar por garantizar un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica, así como crear planes de contingencia para asegurar una respuesta rápida y coordinada.

Asimismo, los centros de Atención Primaria y los hospitales tendrán que contar con planes internos para hacer frente a la gestión de situaciones de emergencia relacionadas con COVID-19. Dichos planes deberán garantizar la capacidad para responder ante incrementos importantes y rápidos de la transmisión y el consiguiente aumento en el número de casos.