El Consejo de Ministros ha dado este lunes su visto bueno al Anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, que tiene como objetivo, entre otros asuntos, impedir el establecimiento de nuevos copagos sanitarios y que la gestión directa pública sea la "fórmula preferente" en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Lo ha anunciado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha calificado esta norma de "muy importante" porque "mejora y amplía los derechos" de los ciudadanos.

Tal y como ha contado Darias, la norma incluye la derogación de manera "explícita, expresa y nada tácita" de la Ley 15/1997 del Gobierno ‘popular’ de José María Aznar, que permitía recurrir a fórmulas para la privatización de la Sanidad pública.

Sin embargo, a través de la modificación de la Ley General de Sanidad, la nueva norma sigue permitiendo otras fórmulas de privatización, siempre que sea de "carácter excepcional", presentando una memoria que "garantice la necesidad de acudir a ellas por motivos sanitarios y económicos", ha explicado la ministra.

Restringe nuevos copagos

Con este Anteproyecto, además de priorizar la gestión directa pública en el SNS, se restringe la posibilidad de establecer nuevos copagos. El Gobierno ya había eliminado el copago farmacéutico para preceptores del ingreso mínimo vital, pensionistas con rentas bajas, menores con discapacidad y personas con renta por hijo a cargo. Ahora, la nueva norma amplía también las exenciones del copago ortoprotésico para todos estos colectivos.

La nueva norma también modifica la Ley 16/2012, impulsada por la ‘popular’ Ana Mato, que introdujo los copagos y también dividió en tres la Cartera de Servicios Comunes, estableciendo qué servicios se copagaban y cuáles no.

"Ahora las unificamos para que no puedan introducirse nuevos copagos sanitarios. Con esta Ley, se garantiza que de manera homogénea en todo el territorio nacional se recupere la Cartera común", ha explicado Darias.

Cobertura sanitaria para españoles residentes en el exterior

Por otra parte, se recoge que las personas nacidas en España y residentes en el exterior tengan cobertura sanitaria pública cuando vuelvan a nuestro país de manera temporal, así como la aplicación "homogénea" en todo el territorio nacional de la recuperación de la universalidad aprobada en 2018.

Igualmente, la norma incorpora formalmente a los pacientes en el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud para "hacer efectiva la participación social" y que estas entidades puedan ejercer una "participación institucional". "Nos parece muy importante la escucha activa y dar entrada a las organizaciones de pacientes", ha destacado.

Atención a pacientes con déficit funcional

También se amplía la atención especializada en pacientes con déficit funcional, ya que hasta ahora solo se financiaban los tratamientos que "mejoraban la vida de la gente". Esta situación provocaba dejar fuera a algunos colectivos, como los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ya que su rehabilitación no les permitía avanzar en su enfermedad sino "mantener una calidad de vida mínima".

Por último, se incluye el desarrollo reglamentario del Fondo de Garantía Salarial y la posibilidad de que la red de evaluación de tecnologías sanitarias pueda organizarse en un consorcio para poder participar en proyectos europeos.